A contar de la revolución industrial, los movimientos obreros siempre reivindicaron sus derechos. Uno de los más recordados fueron la reducción de la jornada laboral estableciendo las ocho horas de trabajo diarias o cuarenta y ocho horas semanales. A este movimiento se lo conoció por la lucha de la jornada reducida, que tuvo su origen en las difíciles condiciones de trabajo producto de la revolución industrial en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII.
Dentro de esta línea se encuentra hoy la dirigente política argentina Vilma Ana Ripoll, integrante de la conducción nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que solicita que se baje aún más la jornada laboral, a tan sólo seis horas, para solucionar el desempleo en la Argentina.
Desde el siglo XVIII al actual siglo XXI, hemos visto muchas luchas y conquistas obreras pero también hoy percibimos cambios muy importantes ya que las economías de los países pueden crecer sin empleo, facilitado por la velocidad geométrica de los cambios tecnológicos y la robotización en estos últimos cien años.
En el siglo XIX, el mundo contaba con aproximadamente mil millones de habitantes, que en solo cien años se sextuplico, por otro lado, como advertimos también se fueron perdiendo los puestos de trabajo a mano de la tecnología. Frente a esta realidad, no se puede desconocer que la mejor defensa de un trabajador ya no sería una legislación laboral inflexible y protectora de las fuentes de trabajo, sino por el contrario por su permanente formación y actualización profesional, su capacidad de adaptación a los cambios y las normas que inciten a su contratación.
Solo a los efectos de tener una referencia demográfica en el mundo, la argentina con solo 39.921.833 millones de habitantes se encuentra en el puesto 33, siendo el 1° China con 1.313.973.713, 2° India con 1.095.351.995, 4° toda la Unión Europea con 456.953.258, 5° Estados Unidos de América con 298.444.215, 6° Indonesia con 245.452.739, 7° Brasil con 188.078.227, 13° México con 107.449.525 de habitantes.
Hoy, en la Argentina se habla de una reforma laboral que ya se había iniciado en el mes de enero del 2017, cuando el ministro Jorge Triaca en vísperas de las paritarias confirmara que el gobierno nacional impulsaría ese ambicioso plan.
El mismo se pensaba concretar por medio de un conjunto de Decretos Convencionales, de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de Resoluciones dado que el gobierno se encontraba en minoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en un año con influencia electoral.
El hecho de utilizar los decretos se encontraba fundado con el frustrado proyecto de “Primer Empleo” que el presidente, Mauricio Macri, envió, en abril del 2016, al congreso, pero los diputados de origen sindical que integraban la Comisión de Legislación Laboral lo rechazaron totalmente y congelaron su tratamiento. Ni siquiera obtuvieron dictamen de la Comisión de Legislación Laboral, que presidia Alberto Roberti (bloque Justicialista), diputado y sindicalista petrolero.
Aquella iniciativa proponía exenciones e incentivos para los empleadores que incorporen trabajadores de 18 a 24 años, con no más de tres años de experiencia laboral. Legisladores opositores y sindicalistas denunciaron que el Gobierno trataba de imponer condiciones de flexibilización laboral en detrimento de los trabajadores.
Ante ese rechazo de la Cámara de Diputados, el Gobierno trato de impulsar esta iniciativa por decreto. En cambio, las que contenían modificaciones impositivas las trataría vía proyecto de ley de acuerdo a lo que dispone la Constitución Nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se enfrentó con el gobierno nacional y Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT y diputado del Frente Renovador, les advirtió en ese momento que si recurrían a los decretos para realizar las reformar laborales les harían un paro de 24 horas.
La central obrera no solo cuestionó la forma sino el fondo expresando que: “El problema es la situación económica. Mientras no se resuelva eso, ninguna de estas cosas tiene sentido. Además, vamos a defender a rajatabla los derechos de los trabajadores que este paquete flexibilizador amenaza” otro alto sindicalista del sector industrial expresó "¿De qué nuevos empleos me hablan si están despidiendo gente? No vamos a apoyar de ninguna manera. Menos, en medio de un plan de lucha", ese plan de lucha era contra los despidos, sobre todo en la industria.
Los tres jefes de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, habían leído con anterioridad un borrador de las reformas que impulsaba el Gobierno en una reunión con el Ministro de Trabajo Triaca y con el Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a fines del mes de enero del 2017.
Las cuatro plataformas en que se fundaba esa reforma eran el blanqueo de empleados, que buscaba combatir el trabajo en negro, que superaba el 35%. El proyecto oficial contemplaba la condonación de multas a empresarios que no hubiesen hecho los aportes correspondientes a su personal. Sobre este punto, la CGT reclamó que los trabajadores alcanzados por la regularización mantuvieran su antigüedad y otros derechos adquiridos. La CGT tendría facultades para fiscalizar el proceso del blanqueo, algo que hasta ese momento sólo podían hacerlo la Nación y las provincias.
La segunda reforma proyectada era reponer las pasantías, que se llamarían "prácticas formativas". El cambio en su nombre tenía como objetivo expulsar el fantasma de la asociación con las políticas neoliberales de los años 90. La CGT exigió que la contratación por esa vía se rigiera por el convenio colectivo de trabajo correspondiente a cada actividad.
El tercer tema contemplaba la posibilidad de que los beneficiarios de los planes sociales ingresaran al mercado laboral. Según los cálculos oficiales podrían incorporarse unas 320.000 personas. El Gobierno se comprometía a seguir pagando los 4.000 pesos que cobraban y que los mismos se incorporarían al salario a cargo del empleador, durante un máximo de 18 meses.
La última innovación preveía incentivos para la contratación de nuevos trabajadores. Una compensación estaba a cargo del Estado por una suma de hasta 2.000 pesos por cada nuevo trabajador contratado, siempre que el empresario incrementara en un 10% la cantidad de sus empleados. El aporte estatal se destinaría a cubrir cargas sociales.
Ya en el mes de julio del presente año, y en un escenario preelectoral, se postergó la reforma laboral hasta luego de las elecciones de medio tiempo, más considerando lo ocurrido con PepsiCo y la gran oposición de gremios y partidos de izquierda aumentando su presión no solo en las calles sino en la comisión del congreso en el tema de la expulsión del Diputado y ex ministro Julio De Vido.
La posible reforma se encuentra apoyada por todos los sectores de los empresarios que necesitan bajar sus costos solicitando al gobierno que dichos cambios se encuentren consensuados. Si bien, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, les informó que ya se había iniciado un diálogo con los sindicalistas y con la oposición en el Congreso de la Nación, les advirtió que en este momento la CGT se encontraba en una lucha interna. Asimismo podemos agregar que en la misma aparecería de alguna manera hasta el Papa Francisco con Héctor Daer.
También en este contexto existen determinada cantidad de despidos y precarización laboral que genera pocas esperanzas para negociar el cambio.
El gobierno tiene resuelto estimular su reforma con consenso y en principio en forma gradual con la intención de mejorar la competitividad de las compañías. Es indudable que las reformas laborales en la legislación del socio mayoritario del MERCOSUR, Brasil se adelantó a las nuestras e influyen ya que el vecino país al reformarla tiene la intención de lograr mayor competitividad y atraer capitales que inviertan en su país.
En un contexto internacional cada vez más competitivo, donde los países luchan por la seducción de inversiones extranjeras, para producir y vender mucho más, el movimiento dado por Brasil sólo puede interpretarse como una firme voluntad para sacar a su país de la crisis en la que se hallaba sumergido y como un claro mensaje al mundo y por ende a la Argentina la cual debe de algún modo reubicarse.
Esa señal dada por Brasil, esperan los empresarios argentinos e inversores extranjeros que la lleven a cabo en la Argentina, ya que fue el presidente quien más de una vez se ha referido a los elevados costos laborales no salariales, a ciertos privilegios sindicales que encarecen las contrataciones de trabajadores y a intereses que vienen operando sobre la justicia laboral y alimentando la industria del juicio.
Los empleadores y especialmente las Pymes advierten en general que no toman trabajadores porque temen que su esfuerzo se vaya en esos juicios. Existirían miles en trámite cada año, solo en el año 2016 se llego a 185.000 en la ciudad de Buenos Aires (CABA). La cifra se elevó a un 20% más que en el 2015 y más del doble que en los últimos diez años. Siguiendo con este tema Brasil tiene tres pleitos por cada diez trabajadores, Argentina tiene dos por cada diez y México uno por cada diez. El resto de la región aparece muy por debajo y Chile solo tiene 0,25 juicios cada diez empleados.
La flexibilidad laboral no está bien vista en la Argentina porque atacaría los cimientos de un sistema que todo el mundo piensa que es un ejemplo. La ley laboral original es el convenio colectivo aprobado, en el año 1974, durante un gobierno peronista. Dos años después, fue recortada en una tercera parte por el gobierno militar, luego en los años 90 el presidente Carlos Menem la limitó otra vez, cuando se encontraban en auge las teorías que exigían reducir los costos laborales. Pero a contar del año 2003, el kirchnerismo comenzó su reconstrucción.
La Argentina no debería ni necesitaría ir tan lejos como la reforma implementada en Brasil. En un mercado tan integrado e interdependiente, cualquier decisión de nuestro socio mayor del MERCOSUR nos impacta. Los que si quieren un cambio necesario es para que las empresas contraten más trabajadores y que sus productos logren más competitividad en el mercado. Al mismo tiempo el empleo privado no ha crecido o a crecido muy poco en los últimos cinco años por lo que habría que ingeniarse y buscar mecanismos óptimos para incentivarlo.
Es evidente que pasado el escrutinio de estas elecciones de medio tiempo, el gobierno nacional encarará nuevamente las negociaciones para lograr un consenso en un cambio de régimen laboral que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, integrando a la juventud y acompañándola con una reforma impositiva nacional e invitando a las provincias y municipios con sus correspondientes tasas a que contribuyan al objetivo de lograr mayor empleo y competencia de los productos elaborados por las empresas en un mercado extremadamente competitivo tanto a nivel nacional como internacional, tan necesario para el crecimiento económico del país.
