En las últimas semanas, de la mano de índices de inflación cada vez más alarmantes, se ha vuelto a colocar en el centro de la escena la dinámica, en apariencia incontrolable, de los precios en Argentina.
Políticos, economistas y periodistas vuelcan ríos de tinta tratando de explicar las causas y errores que llevan a semejante desmadre, aunque curiosamente casi todos vacilan o son imprecisos a la hora de proponer soluciones contundentes. También muchos parecen no tener en cuenta que las verdaderas respuestas no están en lo inmediato, sino en el largo plazo. Es por estas razones que parece imprescindible avanzar en un enfoque claro sobre el tema que permita al menos señalar el camino correcto para lograr resultados.
Lo primero que habría que destacar es que la inflación no es un problema en sí misma, sino el reflejo de cuestiones mucho más profundas que hacen a la economía y a la sociedad en general. Al igual que la fiebre en los individuos, es un síntoma y no la enfermedad, debiendo ser objeto de acciones específicas solo cuando su nivel es tan alto y su duración tan prolongada que su sola presencia descompone el cuerpo social. En los países desarrollados, los niveles de inflación por encima o por debajo de lo considerado económicamente adecuado se regulan a través de las llamadas políticas monetarias, y a veces a través de la política fiscal. Es importante darse cuenta, por lo tanto, que la inflación en nuestro país responde a cuestiones estructurales de larga data, y el problema debería encararse de manera radicalmente diferente. Veamos
Existe consenso generalizado de que la inflación es un fenómeno de orden claramente monetario. Esto simplemente significa que cuando en una economía existe más dinero del necesario para representar el valor de los bienes y servicios que produce, entonces las variables tienden a acomodarse y el valor de los bienes crece en términos de ese dinero. Como el valor de los bienes es intrínsecamente inamovible, lo que disminuye es la capacidad de representación de valor del dinero, necesitándose más cantidad para reflejar el valor original.
Por otra parte, es necesario tomar clara conciencia de que el dinero no tiene prima facie valor en si mismo, sino que se deriva de la capacidad de señoreaje de los Estados, siendo por lo tanto tan bueno como lo sea el Estado emisor.
Podemos concluir entonces, que salvo casos de abrupta valorización de algunos bienes y servicios no compensada simultáneamente con disminución en otros- caso materias primas- el promedio de variaciones en los precios debería tender a cero. ¿Cómo deviene, por lo tanto, el proceso inflacionario? Es justamente en estas 2 variables, bienes y servicios producidos y cantidad de dinero circulante, que se centra la respuesta
La totalidad de bienes y servicios que una economía produce es conocido como el producto bruto interno (PBI), y su evolución depende -en los países de corte liberal capitalista- sobre todo de las decisiones de los Privados. En cuanto a la cantidad de dinero circulante, tiende a ser una decisión regida mayormente por entidades estatales, como los Bancos Centrales u otros organismos gubernamentales a cargo de la planificación económica. Por lo tanto, cuando una Nación pretende equilibrar su macroeconomía en el largo plazo buscando la estabilidad de precios, debe operar sobre ambos aspectos de la ecuación económica. ¿Cuáles son las acciones que un Estado puede acometer en busca de ese objetivo y cómo funcionan en la Argentina?
La producción de bienes y servicios depende en el largo plazo de los niveles de inversión, ya sea en nuevas tecnologías- mayor productividad- o en bienes de capital – más producto. A su vez, la mayor inversión depende, entre otros, de cuestiones tan elementales como la seguridad jurídica, decisiones gubernamentales acertadas, el mantenimiento en el largo plazo de las políticas de Estado y el desarrollo de nuevos mercados. Es fácil darse cuenta de que en la República Argentina estas condiciones están lejos de cumplirse, ocurriendo más bien todo lo contrario. En las últimas décadas, el PBI per cápita ha ido disminuyendo en forma consistente, llevando a gran parte de la población a niveles de vida por debajo de la línea de pobreza, incluso por debajo de la línea de indigencia. Este deterioro es aún más dramático si se lo compara con los niveles de ingreso en nuestro país a principios del siglo XX, que lo ubicaban entre las Naciones más ricas y promisorias del planeta. Dicho proceso de deterioro pretendió suplirse a través de la redistribución forzosa de la riqueza remanente, llevando al colapso de la segunda variable bajo análisis.
La emisión de moneda y la regulación de la oferta monetaria y el circulante han sido los instrumentos preferidos de los gobiernos a la hora de lidiar con los desfasajes inflacionarios y dar impulso a las economías en fase recesiva, pero también cuando se trata de satisfacer demandas sociales y ganar sustento político. Si bien esto ha dado lugar a infinidad de discusiones académicas y análisis políticos, los hechos parecen indicar que en economías con niveles de desarrollo y productividad elevados funcionan relativamente bien. No puede decirse lo mismo, sin embargo, en países como la Argentina, donde el uso y abuso del instrumento le ha quitado toda efectividad. ¿Cuáles serían entonces las opciones que permitirían revertir la situación y alcanzar el deseado equilibrio macroeconómico?
Como hemos visto anteriormente, la raíz del problema inflacionario en nuestro país radica más en causas profundas que en desfasajes transitorios entre la oferta de moneda local y la producción de bienes y servicios. Cambios en la tasa de interés, restricciones bancarias a la cantidad de dinero circulante y retiros transitorios de dinero en poder del público a través de la colocación de títulos de deuda pública, tienen el efecto de un antifebril cuando existe infección severa en el organismo. Si Argentina pretendiera solucionar definitivamente el flagelo inflacionario, urge tomar medidas de orden político más que buscar la respuesta en el herramental proporcionado por las teorías económicas. Condiciones necesarias, sin pretender asignarles el carácter de suficiente serían:
– Definir áreas de desarrollo donde, a través de acuerdos parlamentarios, se fijen políticas de largo plazo y condiciones para la inversión respaldadas por legislación nacional que demande mayorías especiales, ofreciendo además tribunales internacionales y posibilidad de embargos sobre activos internacionales específicos de la República Argentina.
– Libertad absoluta para la entrada y salida de capitales y mercado libre de cambios.
– Libertad de contratación para la mano de obra, en especial la de alta calificación.
– Apertura de fronteras para la libre entrada de bienes y servicios del exterior, con bajos o nulos aranceles, equiparando de esta forma productos nacionales e importados en cuanto a carga impositiva se refiere.
– Reducción a niveles mínimos del déficit fiscal.
– Reducción del gasto público a niveles tolerables para la economía.
– Disminución de la carga impositiva de manera tal que no impida el desarrollo de la actividad empresarial privada y permita a los individuos destinar más recursos al consumo.
– Abandono definitivo de la emisión como forma de financiar las erogaciones del Estado.
– Defensa a ultranza del valor del peso y la posibilidad de ahorro en moneda nacional.
– Severas restricciones en la emisión de títulos de deuda pública tanto a nivel nacional como provincial, siendo en el caso de títulos públicos nacionales atribución exclusiva del Tesoro Nacional.
– Posibilidad de dolarización de la economía en caso de considerarse necesario para implementar los puntos anteriores.
Todo lo mencionado precedentemente implica un costo político demoledor para quien tome la responsabilidad de llevar adelante las medidas necesarias. Algunos, inclusive, podrán argumentar que se pone en peligro la democracia misma en nuestro país. Es indudable, entonces, que veremos alzarse las voces de:
– Sindicatos
– Empresarios
– Organizaciones sociales
– Organizaciones de consumidores
– Empleados públicos
– Economistas de corte keynesiano y dirigista
– Jubilados
Y veamos en el corto plazo consecuencias no deseadas tales como:
– Desocupación
– Pérdida de poder adquisitivo
– Disminución del empleo público y la inversión pública
– Perdida de beneficios jubilatorios a todos aquellos que lo han obtenido en forma irregular – o sea sin los aportes correspondientes
– Severa reducción en los planes sociales y subsidios
– Sustancial reducción de beneficios a extranjeros sin actividad formal
Todo esto, sin embargo, se presenta como la única posibilidad para lograr hacer viable una Nación cuyo destino, en el mejor de los casos, es extinguirse lentamente. No podemos esperar ayuda desinteresada de nadie para encarar este proceso, y en caso de existir sería, a criterio del que suscribe, una forma de prolongar la agonía. Las soluciones para la Argentina existen, pero no van a llegar de la mano de individuos con ideas equivocadas, dudosas intenciones y faltos de valor para enfrentar los sin duda difíciles momentos que las mismas conllevan.
Por el Mag. Norberto Mourad
