La difusión de un informe de Amnistía Internacional referido a las tácticas militares empleadas por las fuerzas armadas de Ucrania en la defensa de su país desata una crisis de credibilidad sobre la independencia de la ONG Amnistía Internacional.
Frecuentemente asistimos a intentos de instrumentar la legítima defensa de los derechos humanos para el logro de determinados objetivos políticos por parte de algunos gobiernos y especialmente, por ciertas oscuras ONG globalistas.
Organizaciones globalistas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch tratan de difundir estándares en materia de derechos humanos y otros temas sociopolíticos construidos sobre parámetros vigentes en ciertos Estados de alto desarrollo económico y científico tecnológico o situaciones políticas muy diversas y complejas que se presentan en geografías y sociedades del mundo en desarrollo.
Las denuncias e informes de estas organizaciones en la mayoría de los casos presentan un marcado sesgo ideológico y un carácter condenatorio que estas ONG no tienen ningún derecho o autoridad para adjudicarse, especialmente por la opacidad de sus patrocinadores y financistas.
Amnistía Internacional se presenta como una ONG defensora de los derechos humanos que afirma en su página web que “desarrolla su trabajo con independencia económica y política. Somos una organización que no percibe subvenciones de gobierno ni donaciones de partidos políticos para nuestro trabajo de investigación y compañías. Nuestro objetivo es preservar la imparcialidad y libertad de acción.” Esta afirmación constituye una absoluta falacia.
Amnistía proclama bien fuerte que no recibe fondos de ningún gobierno, sin embargo la ONG israelí “Non Governmental Organization Monitor”, creada en 2002 y basada en Jerusalén, que se encarga de supervisar las actividades de las organizaciones activistas mundiales, ha publicado un informe en el que se denuncia que: “Aunque Amnistía afirma que no acepta donaciones de gobiernos o partidos políticos”, en 2008, los activistas recibieron una subvención por cuatro años del Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno británico por más de tres millones de libras, incluyendo más de ochocientos cuarenta mil libras solo en 2011.
Amnistía también habría recibido fondos de la Comisión Europea, así como del gobierno de los Países Bajos, Estados Unidos y Noruega. En 2009, Amnistía habría recibido 2,5 millones de euros de diversas entidades gubernamentales.
Uno de sus principales sostenes económicos es la cuestionada ONG Open Society Foundation, del polémico magnate húngaro George Soros. La Open Society financió a Amnistía Internacional para que llevara a cabo una campaña de apoyo a la legalización del aborto en Irlanda. Bajo el lema “Mi cuerpo, mis derechos”, Amnistía impulsó el aborto en Irlanda, que era uno de los pocos países europeos con políticas restrictivas en cuanto a esa práctica violatoria de los derechos humanos de los niños por nacer.
Debido a esta financiación ilegal, la Standarsin Publice Office Commission de Irlanda ordenó, en 2017, a Amnistía devolver ciento sesenta mil dólares recibidos de la Open Society.
Algo similar ocurrió en Argentina, durante el proceso legislativo para legalizar el aborto. El 16 de noviembre de 2020, mientras se trataba esta legislación en el Congreso, Amnistía Internacional iluminó de verde los edificios del Cabildo porteño y del ministerio de Salud para “visibilizar el reclamo urgente de dar luz al aborto legal”. Todo en sintonía con los propósitos de la Open Sociaty, quien suministró los fondos para llevar a cabo la campaña.
Promover el aborto y financiar a las clínicas que lo realizan es una forma sutil pero efectiva de controlar la natalidad, al más puro estilo de las políticas neomalthusianas promovidas por ONG globalistas como el Club de Roma, en la década de los setenta.
Es decir, que Amnistía Internacional no es una ONG independiente, sino que está financiada por ciertos intereses que promueven una determinada agenda y concretos objetivos económicos a nivel global.
Amnistía Internacional se preocupa por proteger los derechos humanos de los terroristas mientras guarda silencio ante el asesinato de agentes de la ley y el dolor de las víctimas de esos asesinos, apoyan a los movimientos separatistas en Catalunya y el Sáhara marroquí, como una forma de debilitar a los Estados nacionales soberanos, además de promover la legalización del aborto, entre otros temas.
No resulta extraño que tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch demonicen a gobernantes y países que no se someten a sus puntos de vista sesgados ideológicamente. Para lo cual, la ONG se dedica a la captación y el financiamiento de influyentes periodistas e intelectuales que replican las afirmaciones y conclusiones de sus informes.
También reclutan a políticos y funcionarios relevantes para promocionar sus causas. Según una denuncia de la ONG Centro Europeo de Derecho y Justicia, 16 de los 100 jueces que integraron el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre 2009 y 2019, son antiguos funcionarios o colaboradores de ONG globalistas: doce estuvieron vinculados a la Open Society Foundation, tres a Amnistía Internacional y uno a Human Right Watch.
El último escándalo, que involucra a Amnistía Internacional con la manipulación de la información para servir a oscuros intereses en la difusión, los primeros días de agosto de 2022, de un informe donde sostiene que Ucrania viola las leyes de guerra y pone en peligro a los civiles al desplegar equipos militares y armas en escuelas, hospitales y áreas residenciales.
La difusión del informe provocó una crisis interna que culminó con la renuncia de la directora de la oficina de Amnistía Internacional en Kiev, Oksana Pokltschuk, anunciada el sábado 6 de agosto. La renunciante directora consideró a ese documento como “propaganda rusa” y no estuvo de acuerdo con las apreciaciones vertidas en él.
La reacción del gobierno ucraniano ante el informe de Amnistía no se hizo esperar. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, acusó a la ONG de “distorsionar la imagen real” y de no comprender la situación sobre el terreno. La funcionaria dijo que los soldados fueron desplegados en ciudades y áreas pobladas para defenderlos del ataque ruso.
Mientras que, Oleksii Reznikov, ministro de defensa de Ucrania, dijo que: “cualquier intento de cuestionar el derecho de los ucranianos a resistir el genocidio, a proteger a sus familias y hogares… es una perversión”.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por su parte, acusó a la ONG de excusar al “Estado terrorista” de Rusia y de poner a un mismo nivel a la “victima y el agresor”.
No obstante, las protestas del gobierno ucraniano, Amnistía Internacional ha ratificado que mantiene sus afirmaciones y no tiene intenciones de retractarse de las conclusiones de su informe. “Las conclusiones de nuestro comunicado de prensa, que documentan las violaciones del derecho internacional humanitario por parte del Ejército ucraniano, se basan en las pruebas recogidas durante diversas investigaciones sobre el terreno”, afirmaron los voceros de la ONG globalista.
Resulta evidente que al menos en este caso los compromisos de Amnistía Internacional con sus patrocinadores son más importantes que la verdad y que los heroicos esfuerzos del pueblo ucraniano por defender su soberanía
Para estas ONG que patrocinan espurios intereses globales, el mundo parece dividirse en dos categorías, quienes se ajustan a sus singulares parámetros en materia de derechos humanos y quienes no, sin atender a las diversidades políticas y sociales imperantes en cada país o en cada conflicto.
Todos estos antecedentes hacen evidente que para Amnistía Internacional y quienes financian sus actividades los derechos humanos son un gran negocio para promocionar sus intereses, maximizar sus fabulosas ganancias especulativas y atacar a quienes estiman los puedan obstruir.
Dr. Adalberto C. Agozino
