Luego de una semana turbulenta, la cual sumó renuncias, rumores de default y devaluación, mercados descontrolados y hasta dudas sobre la continuidad del presidente Fernández, la economista y ex ministra de economía de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, acepto hacerse cargo de la cartera económica a nivel nacional.
Mas allá de la valentía (¿producto de la solvencia profesional o simplemente desconocimiento e irresponsabilidad?) que tal decisión implica – varios economistas de notable reputación rechazaron de plano esa posibilidad – la misma se materializó en medio de acaloradas discusiones políticas, y fue sucedida por febriles reuniones y un armado de urgencia del equipo que deberá acompañarla en la gestión. La conclusión de todo esto fue la presentación que la ministra desarrolló el lunes 11 de julio por la mañana para explicitar las primeras medidas destinadas a reencauzar la situación
Un primer análisis de este nuevo “paquete” – precedido por incontables armados similares en nuestra historia económica – nos permite visualizar un error conceptual y un esfuerzo por presentar una propuesta acorde con la visión de los grupos económicos relevantes, tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto podríamos decir que las medidas, más allá de su consistencia, hacen hincapié en cuestiones técnicas y de carácter ejecutivo, cuando las soluciones a la dramática situación actual son de orden netamente político. Cualquier observador avezado de la realidad argentina, además, sabe que más allá del esfuerzo por presentar una serie de medidas racionales y enfocadas en la dirección correcta, la gran incógnita está en su ejecución. Aquí es donde la grieta conceptual tiene su mayor relevancia
Yendo ya a las medidas propiamente dichas, las mismas podrían resumirse en 10 puntos principales, los cuales, como hemos dicho, tienen un carácter eminentemente ejecutivo y practico, no faltando una gran dosis de voluntarismo muy propio de las construcciones heterodoxas. Las medidas anunciadas son las siguientes
· Déficit de caja 0 en la ejecución presupuestaria, lo que de por si implica una subejecución de partidas en la medida de los ingresos disponibles
· Caja única para manejar todos los Gastos e Ingresos de la administración pública
· Congelamiento del ingreso de personal al Estado, incluyendo organismos descentralizados
· Migración al Ministerio de Economía del organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, apuntando a homogeneizar criterios
· Reducción en los subsidios a las tarifas públicas a través del régimen de segmentación propuesto para todo el país.
· Tasas reales positivas para las deudas del Tesoro Nacional
· Emisión monetaria dentro de los límites establecidos
· Control de precios a través de la implementación de un Tribunal de Defensa de la Competencia
· Sin devaluaciones previstas por considerar el tipo de cambio multilateral en equilibrio
· Ratificación y cumplimiento de las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional
Podríamos clasificar las 4 primeras como medidas de índole predominantemente administrativa, teniendo las 4 siguientes cierto carácter doctrinario, aunque no exento de contradicciones. Finalmente, las 2 últimas parecen ser metas trazadas que pretenden dar indicios de la dirección a seguir, aunque de ninguna manera aseguran su cumplimiento.
A los efectos de evaluar los alcances y las posibilidades de las medidas en cuestión, avanzaremos con un breve análisis de las mismas.
Medidas de corte administrativo
Estas medidas apuntan claramente a preservar el equilibrio fiscal, pero ante la falta de decisión política subyacente, lo hacen a través de procedimientos ejecutivos de dudoso cumplimiento.
La más significativa, quizás también la más contundente de todo el paquete, es la subejecución presupuestaria en orden a no generar desfasajes entre ingresos y gastos. Esta medida reconoce algunos antecedentes a nivel nacional e internacional, como lo fue en Argentina la ley 25.453 llamada de “déficit cero”, aprobada en julio de 2001 y en los Estados Unidos The Gramm–Rudman–Hollings Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985 and the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Reaffirmation Act of 1987, conocidas como las leyes Gramm Rudman. Ambos intentos de lograr el equilibrio fiscal en forma rápida terminaron en estruendosos fracasos, llevando en la Argentina a la penosa experiencia de las cuasi monedas para suplir la falta de recursos.
Medidas de semejante contundencia, necesitan imperiosamente de una voluntad política homogénea y un aceitado control del previsible malestar social que las mismas generan. Tanto esta pauta ejecutiva como las otras de carácter similar requieren, además, la sanción de leyes y la promulgación de directivas cuya aprobación está lejos de ser asegurada, debiendo lograr, por otra parte, el acuerdo de aquellos sobre los cuales recaerán las consecuencias de las mismas. Detrás de la pauta administrativa, aparecen entonces compromisos de fondo de baja certeza a la fecha.
Medidas de orden doctrinario
Este conjunto de medidas presenta contradicciones. Por una parte algunas parecen reconocer la necesidad de cierta ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas, como acotar la emisión monetaria no más allá de los límites legales y reducción de los subsidios a las tarifas públicas, pero otras son al menos confusas o directamente inoperantes, como embarcar al Estado en tasas de interés positivas en un desesperado intento de mantener las únicas fuentes de financiación, o recurrir a ignotos tribunales u organismos para controlar los precios de la economía. Es también llamativo cómo se pretende llevar adelante algunas políticas.
La reducción de subsidios se hace a través de un mecanismo de segmentación que luce bastante discrecional, lo cual lleva a preguntarse cuál será en definitiva la reducción efectiva de dichos subsidios.
Las tasas de interés positivas se acompañarán, de acuerdo con resoluciones adoptadas posteriormente, con algún mecanismo de sostenimiento de precios y /o garantías sobre los instrumentos del tesoro emitidos – en apariencia operaciones de recompra de dichos títulos y la emisión por parte del BCRA de ciertos derivados, como PUTS para permitir la salida ordenada y a precios adecuados en caso de pretender desarmar posiciones.
Lo paradójico de esta última situación, es que de alguna manera el Estado se está garantizando a sí mismo – se pretende que el BCRA sea considerado un tercero en relación al tesoro, cuando la autonomía del Banco Central ha sido literalmente demolida en los gobiernos kirchneristas – y que las políticas de sostenimiento de las fuentes de financiación van a llevar a un crecimiento de la deuda pública insostenible en el mediano plazo
Finalmente, apenas merece comentarios la idea de controlar el nivel de precios a través de ciertos organismos, o para el caso tribunales que en teoría se ocupan de la defensa de la competencia. Detrás de estas políticas, subyace las ideologías anti-mercado y la impotencia para inducir a los fatores de la producción a acordar niveles de retribución en línea con las expectativas del gobierno
Metas planteadas
Como corolario al paquete de medidas, la nueva conducción económica planteó dos objetivos, los cuales serían a su vez consecuencia de todos los puntos anteriores: no devaluar y no caer en incumplimientos con relación al plan acordado con el FMI
Más allá de que estas metas puedan ser consideradas deseables, parecerían una mera expresión de deseos a la luz de ciertas realidades. Sin ir más allá en relación al tipo de cambio multilateral y su supuesto equilibrio, la inflación en los últimos 12 meses fue de alrededor del 64%, en tanto que el tipo de cambio oficial se depreció un 33%. Este desfasaje, aunque más no sea con relación a la perspectiva de los operadores económicos, lleva a dudar seriamente sobre la posibilidad de continuar con un crawling peg que no conforma las expectativas. Las últimas medidas encareciendo el dólar “turista” parecen marchar en ese sentido. El acuerdo con el Fondo, por otra parte, parece depender más y más de artilugios contables y financieros que intentan demostrar el cumplimiento de pautas acordadas, como lo fuera el insólito incremento del ítem Rentas de la Propiedad, producto de la diferencia entre el valor efectivo de colocación de ciertos títulos públicos derivado de sus cláusulas específicas y el valor nominal
Como hemos podido observar, “el decálogo Batakis” plantea una serie de cuestiones que parecen sugerir una construcción racional, pero a poco de profundizar en ella aparece el mentado voluntarismo y el escaso convencimiento sobre la efectividad de este tipo de medidas. Los esquemas heterodoxos en línea con la corriente de pensamiento que ha manifestado adherir la ministra, siempre involucran un futuro receptivo a ciertas medidas de corte intervencionista, lo cual en la práctica muchas veces jamás ocurre.
Muchas teorías en el campo de la física buscan cimentar sus conclusiones a través de la existencia de nuevas dimensiones, las cuales logran cerrar conjeturas y desarrollos de gran complejidad. El desconocimiento de gran parte de la mecánica universal permite y hasta fomenta dichos análisis, pero esto no se hace extensivo a otros campos del saber humano. Los planes y construcciones de carácter económico social no pueden depender de actitudes y conductas inciertas, pues de esa forma se logra cerrar el mensaje político, pero conllevan un alto grado de incertidumbre con relación a sus resultados.
