Por el Dr. Adalberto C. Agozino
Al comienzo del año electoral los votantes deben exigir a los candidatos que definan claramente que harán con el abrumador gasto social y con las agrupaciones piqueteras si resultan electos.
Un interesante artículo publicado por el matutino Clarín consigna que el gobierno gastó durante los 31 días del mes de enero de 2023, la suma de $ 2.700 millones de pesos por día en subsidiar planes sociales. Se trata de algo más de siete millones de dólares diarios tan solo para financiar los programas “Potenciar Trabajo” y la “Tarjeta Alimentar”.
Ese dinero se distribuye entre los 1,3 millones de beneficiarios de estos programas a razón de $2.086 por persona y por día.
No obstante, como el ministerio de Desarrollo Social, desde 2019, se encuentra loteado entre los principales referentes y agrupaciones piqueteras: Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Laura Valeria Alonso y Fernanda Raverta de La Cámpora, Daniel Menéndez de Somos Barios de Pie; Ramona Fernanda Miño que responde a Juan Grabois referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otros.
Los piqueteros terminan pagándole los subsidios a sus propias agrupaciones Tal como señala el artículo de Clarín, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social para el Programa Potenciar Trabajo abona la partida correspondiente al Movimiento Evita que lo tiene por principal referente, es decir jefe.
Además, las agrupaciones piqueteras perciben un porcentaje de dinero en función de los planes sociales que distribuyen; además de decidir que personas carenciadas cobran el subsidio y cuales no son merecedoras de ese beneficio.
De esta forma el otorgamiento de un plan social no esta sujeto a las reales necesidades del beneficiario sino a su militancia política o a los vínculos familiares o de amistad con los referentes piqueteros y sus principales militantes, además de las prestaciones que el beneficiario debe realizar para la agrupación: concurrir a marchas y acampes, asistir a cursos de adoctrinamiento, trabajar en los comedores barriales, etc.
Claro que si el beneficiario está muy ocupado (por ejemplo trabajando en alguna labor eventual (“changa”) siempre puede enviar un reemplazo, un familiar o un “piquetero par time” contratado para suplirlo. Todo ello en ese marco de marginalidad y necesidades extremas.
A principios de enero, la consultora Julio Aurelio – Aresco, dio a conocer una curiosa encuesta que señalaba que 8 de cada 10 argentinos cree que existe un alto nivel de irregularidades en la administración de los planes sociales y el 56,1% de los encuestados afirmó estar de acuerdo en disminuir los planes sociales “para bajar el gasto público”.
¿Por qué entonces los políticos no toman medidas para terminar con estas prácticas corruptas?
¿Por qué los gobiernos incrementan continuamente el gasto en planes sociales?
Desde su aparición en 1997, en la localidad de Cutral-co, durante el gobierno de Carlos S. Menem, los planes sociales no han hecho más que aumentar, cambiaron continuamente de nombre, pero el número de beneficiarios se incrementó continuamente.
Durante los gobiernos de: Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el número de planes sociales se incrementó y paralelamente creció la capacidad de movilización, los recursos económicos y las exigencias de las organizaciones piqueteras.
Las organizaciones piqueteras someten a todos los gobiernos, sin importar la orientación ideológica que tengan, al chantaje continuado de sus movilizaciones y “acampes” en el centro porteño.
Según Clarín, tan sólo entre 2021 y 2022, las organizaciones piqueteras recibieron del ministerio de Desarrollo Social $ 10.000 millones de pesos (unos U$S 26 millones de dólares al dólar blue de hoy) en fondos discrecionales de los cuales no deben realizar ninguna rendición sobre cómo se han empleado.
A estos fondos hay que sumarle la “contribución voluntaria” que esas organizaciones retienen a los beneficiarios que cobran sus planes a través de ellas.
En algún momento el kirchnerismo para controlar la calle y contar con un poder independiente de movilización y así escapar a la dependencia de los aparatos de movilización del sindicalismo peronista y de los intendentes bonaerenses, alimento financiera y políticamente a las organizaciones piqueteras que le eran más afines ideológicamente e incluso a ciertos grupos de izquierda y a las organizaciones que se decían defensoras de los derechos humanos.
Los kirchneristas, como buenos aprendices de brujos, crearon así fuerzas políticas que nunca fueron capaces de controlar totalmente.
Durante, el gobierno de Alberto Fernández el kirchnerismo ha incorporado a la administración pública a numerosos militantes de La Cámpora y de las organizaciones piqueteros.
Los principales referentes se convirtieron en funcionarios jerárquicos y el resto ocuparon diversas posiciones en ministerios y dependencias centralizadas como el PAMI, el ANSES o la AFIP, donde se desempeñan más como militantes políticos (que es lo que son) que como funcionarios públicos.
Estas incorporaciones de militantes permitieron a las organizaciones piqueteras poner un pie dentro de la administración pública.
Después del 10 de diciembre próximo, los funcionarios jerárquicos deberán renunciar, pero los militantes en posiciones de menor relevancia perdurarán y harán aún más difícil la gestión de las autoridades que asuman a partir de esa fecha.
El próximo gobierno deberá tomar medias para desmontar esta estructura si espera completar su mandato y solucionar al menos una parte de los problemas del país.
La industria de administrar la pobreza debe ser gradual pero rápidamente desmontada.
El Estado debe asumir en forma directa la adjudicación y administración de los programas sociales, terminando con una tercerización corrupta que solo sirve para hacer más poderosa a esas organizaciones políticas que tienen una agenda que propone terminar con el régimen republicano que consagra la constitución.
Los planes sociales son paliativos transitorios y no fines en sí mismo. La Argentina no se encuentra en condiciones económicas de implementar una “renta universal” a toda persona que nace en nuestro país y además a aquellos nacionales de los países vecinos que ingresan libremente a nuestro territorio.
La gran parte de estos inmigrantes irregulares se convierten en trabajadores rurales, obreros en la industria de la construcción o trabajadores en la confección de prendas. Pero, otros se instalan en los asentamientos suburbanos donde demandan inmediatamente ayuda social, agravan el problema habitacional, al tiempo que saturan los servicios sanitarios y educativos del país.
Una pequeña minoría de estos extranjeros también alimentan la criminalidad y el tráfico de sustancias ilícitas en los barrios marginales.
Es necesario encontrar una alternativa justa, realista y humanitaria a la práctica de los países vecinos que mejoras sus indicadores económicos exportando a sus ciudadanos pobres y desocupados a la Argentina. Al mismo tiempo que se benefician con los U$S 1.000 millones que los inmigrantes en Argentina remesan a sus países de origen anualmente.
En algunos casos, esos mismos países ofrecen regímenes fiscales muy laxos para atraer capitales y empresas argentinas que se quieran instalar en su territorio.
Los países limítrofes deben compensar financieramente al Estado argentino por los planes sociales y los servicios médicos y educativos que usufructúan sus nacionales en Argentina.
Por lo tanto, es necesario de que los votantes exijan, a quienes pretenden gobernar a partir de diciembre, antes de darles su voto, que expliciten claramente como piensan resolver el problema del gasto social desmedido y el chantaje de las organizaciones piqueteras.
Ningún país puede crecer y resolver sus problemas bajo el chantaje permanente de protestas, marchas y acampes bloqueando sus calles.
Si no somos capaces de resolver este problema no tendremos futuro como país.
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