Si mal no recuerdo las clases de táctica, cuando estudiaba en el Liceo Militar General San Martín hace cincuenta años, un ejército tras sufrir una derrota importante en el campo de batalla enfrentaba dos alternativas.
Sus mandos y cuadros de oficiales pueden dejarse ganar por el pánico, entonces sus soldados huirán en desordenada desbandada. En esta situación los heridos y equipos son abandonados y la mayor parte de las tropas derrotadas resulta muerta, herida o es hecha prisionera.
Si por el contrario, los mandos de la fuerza derrotada mantienen la calma y los oficiales controlan a sus soldados, los derrotados podrán replegarse ordenadamente hasta una nueva posición defensiva donde intentaran reorganizar sus fuerzas. En este caso los heridos salvan su vida, los equipos militares son evacuados y reutilizados y la mayoría de las tropas podrán seguir luchando.
Para que esta segunda situación tenga lugar es necesario que al menos una parte de las tropas derrotadas retrocedan en orden, combatiendo y efectuando contraataques para detener el avance del enemigo.
Y esto último parece ser precisamente lo que está haciendo el Frente de Todos después de la importante derrota sufrida en las elecciones legislativas del pasado domingo 14.
En ese marco parecen inscribirse algunos hechos violentos ocurridos después de la votación como el ataque al diario Clarín, el acto del Día del Militante, la movilización del Polo Obrero y los incidentes violentos protagonizados por separatistas mapuches en Río Negro o por narcotraficantes en la ciudad de Rosario.
Alguien podrá pensar que son hechos independientes y que no hay que dejarse ganar por las interpretaciones conspiranóicas. Sin embargo, recordemos que las brujas no existen, pero que las hay, las hay…
EL CONTRATAQUE A LA OPOSICIÓN
Poco importa quienes fueron los autores materiales del ataque con “cocteles Molotov” al diario Clarín. Podrá ser mano de obra violenta proveniente de grupúsculos anarquistas, barras bravas o incluso “soldados” del narcotráfico.
Siempre hay con quien pactar una operación mercenaria de intimidación a cambio de dinero u otra compensación política.
De lo que no cabe duda es que los autores intelectuales del atentado terrorista son los dirigentes kirchneristas que desde hace dieciocho años acusan a la prensa de toda clase de villanías.
El relato kirchnerista consiste en proclamar que su gobierno toma todas las medidas correctas, que la Argentina es un país rico y próspero donde hay menos pobres que en Alemania, tampoco existen aquí los funcionarios corruptos sino víctimas del lawfare, donde no hay inseguridad sino que las víctimas de la delincuencia -incluso los muertos- solo tienen una “sensación de inseguridad” generada por los medios de comunicación.
El kirchnerismo cree que como la prensa solo difunde un “discurso de odio”, que divide y entristece a los argentinos con fake news y mala onda, es legítimo que “el pueblo” -o sea, ellos- silencie su maledicencia con algún acto violento.
En ese contexto se inscribe el “robo” (ataque) sufrido por el periodista Alfredo Leuco, el 7 de noviembre de 2013, en el microcentro porteño -Av. De Mayo al 800, frente al bar Tortoni-. El periodista opositor sufrió contusiones y el robo de su computadora.
El 18 de noviembre de 2017, un grupo de manifestantes kirchneristas agredieron al periodista Julio Bazán, de Todo Noticias, mientras cubría los violentos incidentes en la zona del Congreso Nacional al tratarse la reforma previsional.
Estos actos violentos contra la prensa se producen en todo el país. El 23 de marzo de este año manifestantes de la CTA atacaron el edificio del diario Río Negro, golpearon a un fotógrafo y un recepcionista, vandalizaron el mobiliario y realizaron pintadas en las paredes.
En octubre pasado, en este mismo contexto se inscriben las veladas amenazas por WhatsApp del ministro de Seguridad Aníbal Fernández a las hijas del humorista Cristian Dzwonik (Nik).
El Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) en su “Informe del Monitoreo de Libertad de Expresión 2020” registró 82 ataques a periodistas, un incremento del 41% con respecto al 2019.
Entonces, el ataque al edificio del multimedio Clarín debe leerse como un mensaje mafioso contra periodistas muy críticos del gobierno de Alberto Fernández, como: Carlos Pagni, Sebastián Borensztein, Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco, Joni Viale, Pablo Rossi, Joaquín Morales Sola, Luis Majul, Jorge Fernández Díaz, Ricardo Kirschbaum, para nombrar tan solo a algunos de los más conocidos, a efectos de que moderen su discurso.
Recordemos que todas las dictaduras comienzan por acallar a la prensa.
En la misma línea se inscriben los intentos de subir las retenciones a la soja, al trigo y al maíz y extender el cepo a la carne una semana después de que el kirchnerismo perdiera duramente en todos los distritos con fuerte producción agropecuaria.
LA DISPUTA POR EL CONTROL DE LA CALLE
El acto kirchnerista del miércoles 17 de noviembre conmemorando el “Día del militante peronista” e incluso la movilización del Polo Obrero de ayer martes 23 contienen otro tipo de mensaje mafioso.
Un mensaje destinado a intimidar a los sectores moderados de clase media, especialmente a los que Carlos Pagni ha denominado “la derecha bolsonarista”. En referencia a una derecha liberal en lo económico y conservadora en lo social. Un nuevo sector político e ideológico en crecimiento que propicia la formación de un movimiento populista de derecha alternativa y que busca un líder al estilo de Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro o incluso el candidato pinochetista a la presidencia de Chile José Antonio Kast.
La idea es impactar con el poder de movilización de la izquierda y dejar en claro que “la calle” -especialmente la Plaza de Mayo- le pertenece y que no están dispuestos a permitir que surja un espacio político de derecha sin confrontar.
EL FANTASMA DEL TERRORISMO
Desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández han estado produciéndose crecientes hechos de violencia política y criminal en dos escenarios bien diferenciados, ante la total indiferencia -o hasta complicidad en algunos casos- de las autoridades.
Por un lado, la violencia terrorista protagonizada por grupúsculos separatistas que se reivindican como mapuches y que pretenden separar las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén para crear un Estado mapuche junto con otros territorios de Chile.
Estos grupos cuentan con el apoyo financiero de ONG europeas, la asistencia organizativa y jurídica de exterroristas montoneros como Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía.
Si fuera necesario justificar los vínculos del kirchnerismo con los delincuentes mapuches, es suficiente con recordar el papel del embajador argentino ante el gobierno de Chile, Rafael Bielsa en la defensa del terrorista Facundo Jones Huala, líder del grupo autodenominado Resistencia Ancestral Mapuche, actualmente preso en el país transandino, señalar los vínculos de la abogada Magdalena Odarda, hoy directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el mencionado Jones Huala y su participación en la ocupación de propiedades privadas por seudo mapuches en Río Negro, o las resistencia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández a mandar fuerzas federales a dicha provincia cuando se lo requirió formalmente la gobernadora Arabela Carreras.
En pocas palabras, a nadie le pueden caber dudas que desde el kirchnerismo se apoya la usurpación de propiedades privadas y tierras de los parques nacionales en la Patagonia por parte de los falsos mapuches.
El otro foco donde está en juego la seguridad nacional es en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Omar Perotti, por desidia o incapacidad parece haber permitido que los narcotraficantes de la Banda de los Monos, después de una sangrienta lucha por territorios con otros grupos criminales, extendiera su accionar en toda la ciudad de Rosario y el Gran Rosario. Incrementando su accionar del narcotráfico a la extorsión a los hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y concesionarias de automóviles.
Aquí también la reticencia del ministerio de Seguridad a enviar fuerzas federales agravó la situación. Finalmente, cuando llegaron lo hicieron en un número insuficiente para retomar el control de la ciudad y poner a los narco crimínales a la defensiva.
Hoy la provincia, donde perdió las elecciones el gobierno, constituye una suerte de espacio sin ley en manos de los narcos.
Con estas acciones el kirchnerismo parece estar generando una herencia de inestabilidad y conflicto que estallará en las manos del próximo gobierno.
EL REPLIEGUE
El peronismo sabe que le restan dos años de mandato, los cuales transcurrirán en medio de una crisis económica con hiperinflación (el estimado de la inflación para 2022 ronda el 62%) y la mitad de los argentinos en la pobreza.
La gravedad de la situación demandará adoptar medidas impopulares. No habrá mucha “platita” para poner en el bolsillo de los argentinos. Por lo tanto, es difícil que en 2023 se reviertan los números del 2021.
Intuyendo un futuro no muy venturoso para lo que le resta de mandato, el gobierno kirchnerista refuerza la lealtad de su núcleo duro de militantes y votantes. También protege sus relaciones con los pocos aliados internacionales con que cuenta: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, como así también los activistas del Grupo de Puebla y del Foro de San Pablo.
Sabiendo que en el futuro dependerá de ellos, cuando algunos de sus dirigentes deban responder ante la justicia por los errores de su gestión, y para sobrevivir como espacio político opositor. Especialmente porque en 2023, Cristina Fernández de Kirchner tendrá setenta años, su salud no es para nada buena y aún arrastrará las secuelas de sus problemas judiciales. En tanto que a su heredero Máximo Kirchner le queda mucho por aprender en política.
La principal duda es saber si el kirchnerismo se replegará ordenadamente o en algún momento se dejará ganar por el pánico y se iniciará la desbandada.
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