Durante décadas en Frente Polisario ha cometido toda clase de violaciones a los derechos humanos contra la población marroquí de origen saharaui retenida ilegalmente en los campamentos de Tindouf al sur de Argelia.
Esas violaciones comprenden diversos tipos de delitos de lesa humanidad que van desde la desaparición forzada de los pobladores disidentes, encarcelamiento sin juicio previo y aplicación de tormentos a los detenidos, persecución y aplicación de censura previa a los opositores y hasta el robo sistemático de la ayuda humanitaria que envían las organizaciones internacionales para cubrir las necesidades alimenticias y sanitarias de esa población.
Además, a lo largo de más de cuarenta años los separatistas polisarios se negaron a realizar un censo de los habitantes de los campamentos y a entregarles documentos de identidad, al solo efecto de tenerlos controlados.
Estamos hablando de gente que sufre una suerte de moderna esclavitud ideológica que los obliga a vivir recluidos en una suerte de campos de concentración, con simples jaimas -tiendas de campaña-sobre el suelo contaminado de la tórrida hamada -terreno pedregoso-, sin agua potable ni cloacas y siempre controlados y vigilados tanto por las milicias del Polisario como por los organismos de seguridad y militares argelinos que supervisan todo lo que sucede en estos campamentos.
Las violaciones a los derechos humanos de la población de los campamentos no finaliza con su reclusión forzada en el sur de Argelia sino que se incrementa con la “militarización” forzada de los niños desde la más temprana edad y la presión que se ejerce todos los años contra las familias para que envíen a las niñas pequeñas a participar del Programa Vacaciones en Paz en España, aún sabiendo que existe el riesgo de que sean retenidas bajo cualquier pretexto por las familias de acogida en la Península.
Se trata de una parte de un pueblo al que se le ha impedido año tras año vivir dignamente, en libertad y con autonomía en su territorio ancestral de Marruecos, tal como le ha ofrecido generosamente el Rey Mohammed VI, desde 2007, con su Iniciativa para la Negociación de un Régimen de Autonomía para la Región del Sáhara.
Frente a esta tragedia humanitaria, durante mucho tiempo los organismo internacionales fueron indiferentes a todas las tropelías que cometía el Frente Polisario. Preferían creer la versión de que eran los representantes de un pueblo que luchaba por su independencia con la ayuda de Argelia. Cuando en realidad, el Frente Polisario era una organización armada autoproclamada como representante de un grupo de población que nunca pudo decidir sobre su destino y que debía su existencia a los intereses geopolíticos de Argelia y a sus ambiciones desmedidas de hegemonía en el Magreb.
Así que durante estos años, el Frente Polisario gozó de impunidad para violar los derechos humanos en Tindouf. Todo ello pese a que Naciones Unidas había establecido claramente, en 2001, que “un Estado es responsable por la falta de debida diligencia sino ha tomado medidas para prevenir o castigar las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos cometidos por particulares o grupos cuya conducta reconoce y asume como propia.”
Pero las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Frente Polisario y Argelia son tantas y tan frecuentes que Naciones Unidas no ha podido seguir tolerándolas en silencio.
Un claro ejemplo de este cambio de actitud es el caso del dirigente disidente El Fadel Breica, un miembro del Movimiento Saharaui para el Cambio, a quien tuve el gusto de entrevistar en marzo pasado en Ginebra.
Mientras tomábamos un café y la pandemia de coronavirus comenzaba a dejar vacía la sede de Naciones Unidas, Fadel, un hombre sencillo y cortes, pero firme y claro en sus convicciones, que tras años de forzado exilio madrileño se expresa correctamente en español, me relato sus padecimientos a manos del Frente Polisario.
Fadel retornó a los campamentos de Tindouf, como en otras ocasiones, para visitar a su familia. El 18 de junio de 2019 fue detenido fuera de todo marco legal por agentes del aparato de seguridad del Frente Polisario, empleando fuerza extrema para meterlo en un vehículo. Algo similar ocurrió simultáneamente con dos miembros del grupo disidente Iniciativa Saharaui para el Cambio, Mulay Abba Buzeid y Mahmud Zeidan.
En el caso de Fadel permaneció incomunicado durante diez días, sin ningún acceso al mundo exterior o que sus familiares supieran que había sido de él, fue privado de la protección de la ley y con su integridad física y psicológica en serio riesgo.
Según él pudo entender durante los interrogatorios, la causa principal de su detención ilegal y de las torturas que le fueron aplicadas era su lucha por los derechos de los disidentes que eran victimas de violaciones a los derechos humanos a manos del Frente Polisario. En especial su participación en una sentada de protesta frente a la embajada de Argelia en Madrid. La misma era una forma de reclamo para saber cual había sido la suerte sufrida por un miembro de su tribu, el exsecretario general del Polisario, Ahmed Khalil Braih, su primo, que fue raptado en enero de 2009 en la ciudad de Argel. Ahmed Khalili Braih había expresado públicamente sus diferencias por los actos de corrupción en el seno de la dirección del Polisario, en particular el robo de la ayuda humanitaria para su posterior comercialización ilegal en mercados informales del Sahel.
Fadel permaneció como prisionero, sin nombre en una celda sin número, del “gulag” polisario durante cuatro meses hasta que fue liberado y expulsado de Tindouf debido a la presión internacional y al hecho de que contaba con nacionalidad española. Su relato es conmovedor y sincero. También es un claro ejemplo de lo poco que valen los derechos humanos y la libertad de expresión para los separatistas del Polisario.
Afortunadamente, el martirio al que fue sometido El Fadel Breica no ha permanecido oculto. Ahora el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 87° Sesión (27 de abril al 1° de mayo de 2020), emitió el dictamen N°7/2020 respecto al caso de El Fadel Breica instando al Gobierno de Argelia a garantizar que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre las circunstancias de los hechos citados y a tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos.
Que se proceda a la indemnización por los daños sufridos, en particular y en la forma de conformidad con el derecho internacional. Que el Gobierno utilice todos los medios a su alcance para difundir este dictamen lo más ampliamente posible. Y que comunique las informaciones requeridas dentro de los seis meses que siguen a la transmisión de este dictamen. Se reserva, sin embargo, el derecho de tomar medidas de seguimiento si nuevas informaciones preocupantes sobre el asunto atraen su atención.
Eso le permitirá informar al Consejo de los Derechos Humanos acerca de los progresos logrados en el marco de la aplicación de sus recomendaciones o, si por el contrario, no se hizo nada en este sentido. Con el dictamen de este organismo, se ha abierto el camino para que cientos de víctimas y sus sometidos exijan cuentas de sus verdugos y reparación material y moral de los daños sufridos.
Al mismo tiempo ha comenzado a caer el telón que permitía al opaco régimen dictatorial de Argelia, que se ha presentado ante el mundo como una democracia más cuando, en realidad, es un régimen policial controlado por los militares que ha frenado sistemáticamente la integración de los países del Magreb con sus ambiciones geopolíticas de hegemonía.
