La empresa PepsiCo Inc., es una multinacional de origen americano que fabrica bebidas, comidas y aperitivos.
Tiene su sede central en Purchase que es una aldea de Harrison, villa al sur del condado de Westchester en el Estado de Nueva York, donde fabrica, comercializa y distribuye snacks, bebidas y otros productos. PepsiCo se formó en el año 1965 a partir de la fusión de las empresas Pepsi-Cola Company y la Frito-Lay.
A las aguas gaseosas producidas tradicionalmente por Pepsi-Cola, la nueva empresa agregó marcas como los jugos de frutas producidos por Tropicana, en el año 1998, y las marcas de la famosa Quaker Oats, en el 2001, entre ellas las bebidas Gatorade.
Los ingresos netos de PepsiCo la convierten en la segunda empresa de alimentos y bebidas en el mundo, presente en más de 200 países con diferentes marcas, incorporando algunas de origen regional. En base a sus ingresos netos, en Estados Unidos, es la mayor empresa de alimentos y bebidas.
El día 20 de junio del año 2017, PepsiCo Argentina anunció el cierre de su planta ubicada, en la localidad de Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La fábrica producía snacks salados. Sus, alrededor de, 691 trabajadores enfrentaron el cierre y despido sin previo aviso.
Los despidos produjeron inmediatamente un conflicto laboral que se inicio con un “acampe” en estado de asamblea permanente frente a las puertas de la fábrica. El 26 de junio, la asamblea de trabajadores decidió comenzar una toma pacífica de las instalaciones de la planta, para preservar sus capacidades productivas.
Los trabajadores reclamaron por el mantenimiento de la fuente de trabajo. Adujeron que algunos de los despedidos son mujeres embarazadas y otros son operarios que por su edad y experiencia laboral no encontrarían otro puesto de trabajo.
La empresa PepsiCo por su parte comunicó que no reabriría la planta. Adujo para justificar su decisión cuestiones logísticas y operacionales. En especial, sostuvo que el cierre se debió a que la planta se encontraba localizada en un barrio residencial lo que le impedía su ampliación y modernización.
Esto tornaba a la planta inviable económicamente y provocaba una alta estructura de costos y dificultades logísticas de acceso y traslados.
La empresa aclaró que no estaba dentro de sus planes la sustitución de la producción nacional por importadas. Por el contrario, explicó que los cambios realizados persiguen el objetivo de asegurar el crecimiento y desarrollo sustentable de PepsiCo en Argentina a largo plazo.
Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SETIA), Rodolfo Daer, informó que se logró alcanzar la mejor negociación posible con la empresa llegando aproximadamente a un 85% del personal (unos 410 operarios), los cuales se acogieron a una indemnización que oscilaría entre los $ 600.000 y los $ 4.000.000 pesos, según su antigüedad. Lo que constituiría una doble indemnización.
Al mismo tiempo, otros 155 empleados administrativos serían reubicados en las sedes que la empresa posee en las localidades de Munro, en la provincia de Buenos Aires y Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta forma el conflicto se redujo en principio a unos 63 empleados que se resistían a cualquier acuerdo. Estos no respondían a la lista Verde de Daer, sino a la Agrupación Bordó, formada por militantes de partidos de izquierda y que es mayoritaria en la comisión interna en PepsiCo, que no apoyó esa negociación y decidió tomar la planta.
En ese punto, la Justicia comenzó a actuar. La empresa presentó una denuncia penal por invasión a la propiedad privada y por "riesgo ambiental". El fiscal Gastón Larramendi ordenó el desalojo de la planta de PepsiCo, por invasión a la propiedad privada y por el riesgo que implicaba "la existencia de tanques de combustible, de aceite y alimentos" sin "el cuidado especializado de la firma" en el edificio. Aclarando que no cuestionaba el reclamo gremial de los trabajadores, que eran lícitos, pero como todos los derechos no son absolutos y donde termina uno principia otro así justificaba que el derecho de reclamar no puede avasallar a los demás.
El desalojo fue ejecutado por Gendarmería Nacional e Infantería de la policía de la Provincia de Buenos Aires las que rodearon la planta de PepsiCo, mientras algunos trabajadores resistieron su avance.
La Gendarmería empleó gas pimienta, gas lacrimógeno y balas de goma. Larramendi detalló que "hubo violencia" y que tres hombres "que estaban generando disturbios" fueron llevados a una comisaría para "identificarlos y realizar un reconocimiento médico para acreditar si estaban lesionados o no". El funcionario también dijo que 16 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos y que no pudo "acreditar" que hubiera trabajadores heridos.
Daer expresó que “la represión duele y lastima”, pero aclaró que “esto tiene que ver con la política económica” del Gobierno, al que llamó a derrotar en las urnas. Agregando que “Si pierde el oficialismo, vamos a tener la posibilidad de poner freno a todas estas políticas de ajuste neoliberal que solamente benefician al sector financiero”.
Daer, también confirmó un paro general y movilización organizado por la CGT, para el 22 de agosto. "Para que no nos tiren de un partido político o de otro, y para que no nos vinculen al proceso electoral. Estos problemas son muchos más profundos que las elecciones de medio término", aseveró el dirigente sindical.
El gobierno nacional por intermedio del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defendió la importación de productos de PepsiCo que serían de Chile, luego del cierre de la planta. Aclarando que “Las decisiones de las compañías tienen que ver con sus procesos productivos”. Agregando que "Seguramente hasta que pongan en funcionamiento en Mar del Plata lo que va a suplementar las tareas que hacían en Vicente López, les llevará algún tiempo".
Asimismo, agrego que "Eso no significa que no atendamos todas las demandas de los trabajadores y que se cumpla la ley". "Tenemos que saber que dentro del marco de la ley se consiguió este acuerdo, donde se duplicó la indemnización”, explicó sobre la oferta que recibieron los empleados de la compañía, en lugar de continuar con sus puestos de trabajo. PepsiCo no tiene pérdidas, sino grandes ganancias, pese a lo cual resolvió cerrar una de sus plantas.
El ministro se preguntó: “¿Ha habido un accionar de algún sector ideológico dentro de esas empresas? Sí, lo ha habido. Y ha habido denuncias porque esas acciones complicaban el proceso productivo”. “Si por eso cierran o no cierran, nosotros tenemos igualmente que observar lo que dice la ley para establecer las negociaciones adecuadas”, razonó.
El Gobierno Nacional planeaba lanzar una "reforma laboral", antes de las elecciones de medio tiempo del mes de octubre del año 2017, pero tras el conflicto originado por el cierre de la planta de PepsiCo y el anuncio de la protesta de la CGT, decidió postergarla.
El gobierno nacional pretende justificar la reforma laboral con el argumento de que la crisis económica obliga a bajar costos, y ante la necesidad de “blanquear”, o sea legalizar, a 4.500.000 trabajadores que actualmente desempeñan sus tareas en la informalidad.
Pero, el verdadero objetivo es aumentar la productividad del obrero argentino para hacerlo más competitivo frente a otros trabajadores latinoamericanos e incluso asiáticos que tienen menos ventajas laborales (jornadas de trabajo más prolongadas, menos días feriados, menos días de vacaciones, menos licencias por enfermedad, no cobran aguinaldo, etc.).
Ya Brasil, el principal socio del MERCOSUR, se adelanto, y su Senado aprobó una legislación laboral que genera fuerte resistencia social. Se encontraba impulsada por el presidente Michel Temer dentro de su programa de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión. La nueva normativa da preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas sobre la legislación vigente; prevé igualmente la posibilidad de dividir las vacaciones hasta en tres periodos y autoriza la "jornada intermitente", con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. También determina el fin de la cotización sindical obligatoria.
La ley, respaldada por los mercados apuntarían a "generar empleos", en un país confrontado a la peor recesión de su historia, con 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa). La nueva Legislación del Trabajo forma parte de un arsenal de reformas macroeconómicas, junto a la congelación del gasto público durante veinte años (promulgada el año pasado) y a la reforma del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabada por la crisis política.
Es evidente que el cierre de la planta de PepsiCo, para el gobierno fue inoportuna ya que en medio de una contienda electoral les dio pie a los partidos de la oposición pero principalmente a los de izquierda para tener varios motivos de protesta y fundamentalmente ante la implementación de su política económica- laboral.
