La diputada nacional Elisa Carrió de la Coalición Cívica anunció que hay una orden escrita de “omertá” para proteger al ex ministro del Frente para la Victoria, el arquitecto Julio De Vido que involucra a jueces, empresarios y sectores del actual Gobierno.
La expresión “omertá” emitida por Carrió, se refiere a la ley del silencio utilizada por los italianos al referirse al código de honor de la mafia siciliana que prohíbe a sus miembros hablar sobre cualquier tema referido a sus actividades que pueda implicarlos.
Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos relacionados con la mafia donde una de las personas incriminadas prefiere permanecer en silencio por temor a represalias o para proteger a otros implicados. Aclaremos que en la práctica mafiosa romper el juramento de silencio es punible con la muerte.
Asimismo, Elisa Carrió advirtió que "existe un lobby" para preservar al arquitecto De Vido, al afirmar que, si el ex ministro de Planificación kirchnerista habla sobre la "contribución a las campañas políticas" y las "coimas", entre otros temas, podría comprometer a: empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos, etc., incluyendo algunos integrantes del actual gobierno del Ingeniero Mauricio Macri.
Aseverando que algunos integrantes de este gobierno, no el presidente Mauricio Macri, pueden querer proteger a De Vido porque este hacía muchos favores, a los gobernadores, a los intendentes, etc. Afirmando que hay una orden secreta para proteger a los ex ministros De Vido y Aníbal Fernández, para que la Justicia no los alcance, recordando qué al primero, en el año 2004, ya lo había calificado como el cajero del presidente Néstor Kirchner.
Elisa Carrió realizó estas afirmaciones luego de que ella misma fue imputada por “enriquecimiento ilícito”. Luego se comprobaría que el denunciante había recibido la suma de mil quinientos pesos en pago por formular la denuncia. Aunque nunca se aclaró quién había pagado por la denuncia.
Carrió aclaró que hacía seis meses que había denunciado dicha operación contra ella y que es el Gobierno Nacional el que debe investigar quiénes son los que le hacen las operaciones falsas y si hay personas directas o indirectamente relacionadas con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la inteligencia de la provincia de Buenos Aires, con Alfredo (Freddy) Lijo, lobista de De Vido y hermano del Juez Federal, Ariel Lijo, al diputado Sergio Massa y al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, advirtió.
También el abogado constitucionalista Dr. Daniel Sabsay se expresó en relación con la existencia de operadores en el poder judicial como “Freddy” Lijo.
Por otro lado, el periodista Carlos Pagni, escribió que Alfredo Lijo es el "gestor judicial" del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. "Trece días después de la masacre de Once, De Vido envió a su gestor judicial Freddy a conversar con el juez. El Juez Lijo es colega del Juez Federal Claudio Bonadio. De Vido comparte con los Lijo el amor por los pájaros y la amistad con José María Olasagasti, su secretario privado. La mañana del 7 de marzo de 2012, "Freddy" y Bonadio se reunieron con un representante de la Procuración. Como consecuencia de esas gestiones, el fiscal Federico Delgado fue retirado de la causa, y De Vido no fue ni siquiera citado a declarar". El acuerdo de De Vido con Bonadio fue desbaratado por la Cámara Federal.
El juez había recibido la orden de incluir al ex ministro en sus investigaciones. Cuando Bonadio recibió la indicación ya era otra persona. El kirchnerismo lo había amenazado con armar una causa contra un hijo suyo e intentó destituirlo en el Consejo de la Magistratura. Desde el abismo, Bonadio pidió a "Freddy" Lijo reciprocidad. Este habría comunicado en nombre de De Vido que no podía hacer nada.
De todo lo expuesto, resulta evidente la existencia de un grupo de personas y de un conjunto de complicidades dedicadas a influir sobre la justicia y los poderes públicos para proporcionar impunidad a Julio De Vido.
La justicia argentina debería investigar no sólo los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, violación de deberes de funcionario público, asociación ilícita y tanto otros de que es sospechado el ex ministro de Planeamiento De Vido, sino también la trama criminal y de complicidades que lo protege.
Mientras esto no ocurra, la sociedad argentina seguirá convencida de que los corruptos en Argentina siempre triunfan y que Cambiemos no ha cumplido con sus votantes.