ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LAS PASO
El análisis económico del derecho (en adelante AED) a lo largo de los años ha trabajado sobre ciertas herramientas que permiten entender y medir el impacto de las leyes en la sociedad en términos económicos (utilizando el concepto de externalidades positivas y negativas).
En este sentido se vuelve en una herramienta atractiva para desglosar la ley 23.398 –más conocida como LEY DE DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL- y dar cuenta de si la técnica legislativa pensada en el año 2009 fue lo suficientemente precisa para no generar costos sociales.
En primer lugar, es necesario definir que es una externalidad. Una externalidad para el AED es aquella que logra alterar la convivencia armónica de oferta y demanda logrando que alguien cargue con los costos de las acciones. Es por ello que aquí me pregunto por si la ley 23.398 –tal como fue pensada- rompe con el equilibrio de la oferta (cuyos actores principales son los legisladores quienes ofrecen al mercado político las leyes) y la demanda político-legislativa (constituida por la ciudadanía y los partidos políticos), y finalmente dilucidar quién carga con estos costos, a los efectos de llegar a esta conclusión es necesario bifurcar el concepto de “externalidad” en positivas y negativas. En las externalidades positivas quien ejecuta la acción carga con los costos, pero no así con los beneficios de ella. En las externalidades negativas quién esgrime el acto carga con los beneficios, pero no así con los costos porque ellos son distribuidos entre terceros.
Ahora bien, la ya citada tiene por objeto citar a los ciudadanos a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Lo que implica que son los ciudadanos quienes terminan de definir las listas de los partidos políticos, es decir, que en la agenda electoral el pueblo asiste a los comicios dos veces. Cabe señalar que una elección implica costos altos de planificación y logística que involucran a todas las ramas administrativas del Estado –desde imprentas hasta las Fuerzas Armadas- por lo cual realizar dos actos anuales de esta envergadura y dado el presupuesto y las finanzas del Estado resulta ser por demás costosa.
Paralelamente, a los partidos políticos fragmentados internamente la ley se convierte en una suerte de carta de triunfo, es decir, si hay dos candidatos uno no muy conocido, pero con una plataforma política buena y otro candidato con una postura carismática, pero sin plataforma política, posiblemente sea este último quien termine encabezando la lista del partido político porque las urnas de las PASO han hablado. Es otras palabras, la ley no hace otra cosa que cargar a la sociedad con los costos de las problemáticas internas de los partidos políticos, las cuales pueden incidir notoriamente en el largo plazo. Entonces, la ley tal como fue pensada incurre en externalidades negativas porque los partidos políticos distribuyen los costos de ponerse de acuerdo entre los ciudadanos mediante las PASO.
IMPACTO SOCIOLÓGICO DE LA LEY
El domingo pasado cerraron las listas participantes en la próximas PASO, y una vez más la venidera “fiesta de la democracia” irrumpe en nuestra realidad cotidiana. Pasaron dos años de que los argentinos acudimos a uno de los actos comiciales más reñidos y discutidos de la historia. Allí se pusieron en evidencia conceptos como: personalismo, grieta y fragmentación ideológica. La mitad de un país apoyó “el proyecto nac & pop”, y la otra tal vez quería poner punto final a lo que había considerado un atropello a las instituciones y a la democracia. El resultado fue un ballotage donde la frase “a todo o nada” resultaba ser imperante, y donde la campaña política, el show mediático y el taque constante no tardaron en asomar.
En los próximos meses se renueva la mitad de la cámara, una nueva elección se aproxima. Sin embargo, los políticos argentinos parecen confirmar lo que postula aquella teoría jurídico-económica (llamada Teoría de la Elección Pública) postula. En otras palabras, quienes pretenden obtener la mayor cantidad de votos tienen una sola estrategia: perseguir y maximizar su propio beneficio. La conclusión de esta teoría no es menor, ella se puede evidenciar en cómo se armaron y se estructuraron las listas (carentes de plataformas políticas, pero muy ricas tipografías exageradas y colores llamativos).
Las PASO vuelven a mostrar que es lo que cada uno de los políticos está dispuesto a hacer: desembarcar en el territorio la imagen salvadora y mesiánica, pero lo que en verdad se esconde es un mensaje de búsqueda constante del poder. Cada candidato esta interiorizado en la idea de que quien resulte vencedor logrará torcer a su favor la conformación de las mayorías y las minorías en la arena políticas, incluso algunos sostienen que el partido político triunfador será quien logre hacerse camino para las presidenciales del 2019.
Uno de los puntos más alarmantes resulta ser que candidatos sospechados de corrupción sean quienes tengan la posibilidad –en función de los votos que obtengan- de tomar decisiones por el pueblo, y que aún no hayan rendido cuentas a la justicia. Aquí no se trata de dar nombres o de juzgar porque ese –en todo caso- es el papel de la tan decaída y devastada justicia argentina, pero a lo que sí creo encontrarme habilitada es emitir un análisis crítico. La sed de política y de poder, el fanatismo, la desconfianza en el gobierno actual por parte de algunos sectores y la militancia política han encolumnado a viejos funcionarios políticos en la diáspora electoral, donde el principal problema resulta ser la agresión infundada y sin argumentos hacia otros candidatos porque lo único que interesa es defender un proyecto, una idea y un programa –trillado- pero que muchos lo consideran como el remedio contra las políticas del gobierno. Y es aquí donde se detecta un punto neurálgico. En otros términos, muchos argentinos votaran olvidando el pasado, y olvidando que nuestro presente es fruto de ese pasado escandaloso y repleto de impunidad.
La Convención Americana de Derechos Humanos solo prohíbe que sea candidato aquellos que cuenten con una condena en sede penal, ningún candidato se encuentra en esas condiciones, pero si algunos se encuentran con un gran número de causas en su haber, donde las principales radican en denuncias que ponen en duda el proceder legítimo en la función pública. Es por eso que debemos traer a colación las siguientes preguntas ¿estaríamos dispuestos a elegir a aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia? ¿estaríamos dispuestos a elegir a aquellos que no ha aclarado el origen de sus fortunas inconmensurables’ ¿estaríamos dispuestos a que aquellos que desfilan por Comodoro Py ocupen bancas en el Senado y así queden protegidos por los fueros? Interrogantes sin respuesta, interrogantes que depende pura y exclusivamente de la voluntad de cada individuo que acudirá a las urnas en cada una de las escuelas de los pueblos y ciudades de Argentina.
Sin embargo, pareciera que la ciudadanía no importa, sino que lo primordial es colmar al país de escándalos mediáticos entre los candidatos, luchas entre periodistas en programas amarillistas, mezclar política con farándula y programas de chimentos. Claro está que, aquel que logre utilizar estratégicamente estas herramientas probablemente sea quien gane, sea quien logre persuadir al electorado. Reduciendo el derecho más importante que el pueblo tiene ante los funcionarios en una cuestión cirquera y vulgar. Olvidando principios constitucionales e institucionales.
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