NOTA DE LA REDACCIÓN
Por razones de extensión la anterior publicación salió incompleta. Por lo tanto hemos fraccionado el mismo artículo en dos partes publicadas consecutivamente. Mil disculpas a nuestros lectores.
MECANICA DE UN GOLPE BLANDO
En el curso de la crisis, fuerzas policiales y en algunos casos civiles armados, reprimieron la protesta popular causando en todo el país la muerte de 39 personas, entre ellas siete adolescentes entre trece y dieciocho años y siete mujeres.? Once muertes sucedieron en la provincia de Buenos Aires (Diego Ávila, Víctor Enríquez, Julio Flores, Roberto Gramajo, Pablo Guías, Cristian Legembre, Damián Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Salas, José Vega y Carlos Spinelli), diez en Santa Fe -ocho de ellos en Rosario- (Graciela Acosta, Ricardo Rodolfo Villalba, Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio “Pocho” Lepratti, Miguel Pacini, Rubén Pereyra y Sandra Ríos) siete en la Capital Federal (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes y Jorge Cárdenas), tres en Entre Ríos (Romina Iturain, Rosa Paniagua y José Rodríguez), tres en Córdoba (Sergio Ferreira, David Moreno y Sergio Pedernera), dos en Corrientes (Ramón Arapi y Juan Alberto Torres), una en Tucumán (Luis Fernández) y una en Río Negro (Elvira Avaca). Los más chicos, Rosa Eloísa Paniagua y David Moreno, apenas tenían 13 años. ?
La mayor represión se produjo en pleno centro de Buenos Aires donde resultaron muertas cinco personas (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Marcelo Riva), estuvieron a punto de morir otras cuatro (Marcelo Dorado, Martín Galli, Sergio Rubén Sánchez y Paula Simonetti) y sufrieron lesiones 227 más. ? Estos crímenes fueron investigados de manera unificada, dando origen a dos juicios. En el primero se enjuició a Jorge Varando por abuso de arma de fuego en el asesinato de Gustavo Benedetto, siendo absuelto por prescripción de la acción penal. ? En el segundo fueron acusadas 17 personas por homicidio, intento de homicidio y lesiones, entre ellas el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov y el entonces jefe de la Policía Federal Argentina Comisario General Rubén Santos.? El expresidente Fernando de la Rúa había sido procesado en primera instancia, pero fue desprocesado con decisión final de la Corte Suprema, lo que llevó al Centro de Estudios Legales y Sociales a denunciar por impunidad al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde solicitó el juzgamiento de De la Rúa.?
Sin embargo, no se trató de violencia política espontánea y descontrolada. El descontento de la población fue incrementado y encauzado en una maniobra de desestabilización perfectamente orquestada. Así lo demuestra entre otras pruebas, la investigación realizada por un equipo periodístico especial del diario Clarín integrado por Alberto Amato y Lucas Guagnini[i]. Seguidamente reproducimos algunas de las conclusiones a que arribaron los periodistas:
Ø Los saqueos tuvieron una llamativa coordinación. En algunos barrios se avisó desde el día antes cuáles supermercados serían atacados y a qué hora. Tal como denunció ante el Departamento Judicial de San Isidro, el empresario de supermercados Alfredo Coto. El empresario informó que en el villa de La Cava se habrían repartido volantes convocando a concurrir ante el local del supermercado Coto de Las Lomas, luego afectado por los saqueos.
Ø Además se anunciaron falsos repartos de comida en determinados supermercados. Una vez reunida la gente, actuaban los agitadores y grupos operativos encargados de forzar el acceso a los negocios. El falso reparto se transformaba en saqueo.
Ø Esa “avanzada saqueadora” estaba integrada por individuos marginales –lumpen social y político- a quienes habitualmente se contrata para hacer el “trabajo sucio” de la política por dinero.
Ø Los miembros de esos grupos cobraron por su tarea. Según la misión y el riesgo que pudiera tener, las tarifas variaron entre 30 y 100 pesos por persona y por día. Los saqueadores profesionales se movilizaron en camionetas y micros puestos a su disposición para que su accionar comprendiera un radio más amplio.
Ø Cada “grupo operativo” respetó los límites geográficos de su distrito. Este hecho revela la existencia de una organización y planificación compleja que vinculaba a los grupos de saqueadores.
Ø Pese a la característica de auténtico estallido social que tuvieron los saqueos, hubo zonas del gran Buenos Aires donde, pese a la existencia de graves “bolsones de pobreza”, se produjeron pocos o ninguno de estos hechos.
Ø Vecinos de Merlo, San Martín, Tigre y La Matanza manifestaron a los periodistas que habían visto a “punteros”[ii] del peronismo que instaban a los saqueos.
Ø Se avisó al menos a dos canales de televisión cuáles comercios serían saqueados. En muchos casos, las cámaras llegaron junto a los saqueadores, en otros incluso antes.
Ø Se vio a particulares con equipos de comunicaciones coordinando el accionar de los saqueadores y señalando objetivos a ser asaltados.
Ø En la mañana del 19 de diciembre, algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabezaba el doctor Carlos Ruckauf, reconocieron que los saqueos “parecen organizados”.
Ø En algunas zonas del conurbano la actitud pasiva del personal policial frente a los hechos de violencia y robo favoreció la multiplicación y descontrol de los saqueos.
Ø El concejal del partido de La Matanza y dirigente piquetero Luis D´Elía declaro ante el juez federal Norberto Oyarbide, que investigaba el presunto complot para derrocar al presidente Fernando De la Rúa, lo siguiente: “Uno podía ver la inacción de la policía o por ejemplo, cómo mientras había inacción respecto de los comercios minoristas, los supermercados eran fuertemente protegidos. O los coches particulares llevando informaciones falsas, creando situaciones de enfrentamiento de pobres contra pobres”.
“(…) yo creo que efectivamente existió el accionar de muchos punteros que operaron en esta línea, es decir sembrar el pánico”.
“Creo que a alguno de los punteros lo podríamos identificar. Uno de ellos es el puntero del Partido Justicialista cuyo apodo es Tucho, me paró cuando yo entraba a mi barrio y me cruzó con su coche, que creo que era un Taunus viejo, y me dijo que del barrio Don Juan nos venían a saquear. Él siguió a paso de hombre, pero era mentira. Él formaba parte de esta cadena que creó el estado de pánico”.
“Había helicópteros que eran de la provincia de Buenos Aires, la policía dejó hacer frente a los comercios minoristas pero no frente a los supermercados”.[iii]
Ø Cuando los saqueos parecían estar fuera de control, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, muchas veces con personal de uniforme y en patrulleros, desarrolló una operación de acción psicológica. En la mayoría de los partidos del conurbano se hizo circular el rumor de que los barrios iban a ser tomados por asalto por vecinos de otros barrios. Era falso, pero lograron que los vecinos permanecieran en sus hogares para defender sus pertenencias.
Ø La mayoría de los testimonios señalan a dirigentes barriales del peronismo en el Gran Buenos Aires. Pero, la inminencia de los estallidos sociales seguidos de saqueos era un fuerte rumor en todo el ambiente político. Tanto que los intendentes de la Alianza UCR – FREPASO tomaron previsiones para evitar incidentes en sus distritos.
Ø Al contrario de lo que ocurrió en los saqueos de 1989, en esta ocasión pudo observarse que muchos saqueadores portaban armas de fuego.
Ø El presidente de una cámara de comercio del conurbano proporcionó a los periodistas el siguiente relato, que ilustra sobre el mecanismo empleado para efectuar los saqueos: [a los saqueadores] “Los llevaban en camiones, en camionetas y hasta en micros. Tenían una tarifa fija: pagaron cien pesos a primera línea. Eran los que rompían las persianas con tenazas y barretas. Esa gente entraba y corría directo a las cajas registradoras y a las computadoras. Pagaban setenta pesos a la segunda línea, los que entraban a saquear las góndolas. El pago incluía todo lo que se pudieran llevar. Incluso le pagaron menos, unos cincuenta pesos, a quienes reclamaban comida frente a los negocios. Por esta zona operó una Trafic blanca, les daban ropa para que se cambiaran: pantalón, remera y gorrita con visera. Los iban a buscar, los dejaban cerca del negocio a saquear y los volvían a levantar para sacarlos de la zona. También hubo mucha gente con handys en las esquinas, que hacían un trabajo de inteligencia: avisaban donde no había policía, o cuando la policía se había retirado a custodiar otro negocio. Vos veías a los tipos del handy y, quince minutos después, llegaban a la zona los saqueadores. No digo que en todas partes haya sido así. Pero por aquí, sí”.[iv]
Estos datos prueban que los saqueos son un instrumento idóneo para crear un clima de descontrol y violencia política suficiente para provocar la caída de un gobierno. También prueban que los saqueos no constituyen estallido inorgánicos de violencia social sino que son acciones perfectamente planificadas y coordinadas por estructuras políticas –en especial partidos políticos legales y reconocidos- destinados a desestabilizar un gobierno y tomar el poder.
Fernando De la Rúa terminó siendo derrocado por una alianza entre el sector más socialdemócrata de su partido la UCR encabezado por Raúl Alfonsín y un sector del peronismo encabezado por el exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde.
EL EPÍLOGO
Lamentablemente, el alejamiento de De la Rúa no trajo estabilidad al país. Su sucesor, el gobernador peronista de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, apoyado por una liga de gobernadores peronistas de las provincias pequeñas del interior del país, quién asumió el cargo con el compromiso ante la totalidad de los gobernadores peronistas de llamar a elecciones en sesenta días.
Pero, no llegó gobernar tanto tiempo, se mantuvo en el cargo tan sólo una semana. Cuando el presidente provisional dejó entender que no se descalificaba como candidato electoral en comicios a realizarse a la brevedad y además dio muestras de afrontar la calamitosa situación económica apelado al populismo y con escaso sentido de la realidad, perdió el apoyo de los principales caudillos peronistas.
Víctima de una intriga palaciega, por el momento poco clara, renunció a la presidencia el 26 de diciembre, pero no antes de declarar el default de la deuda externa. Inmediatamente fue reemplazado por ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Este había sido el candidato presidencial peronista derrotado por Fernando De la Rúa tan sólo dos años antes.
Sin embargo, el desplazamiento de Fernando De la Rúa no trajo calma al país. El presidente Duhalde decretó una fuerte devaluación. El peso argentino redujo su valor considerablemente. De una relación uno a uno con el dólar, después de unos meses se estabilizó en una paridad de tres a uno. Las protestas sociales siguieron produciéndose a diario y el descontento de la población era tan intenso que muchos observadores estimaban que el menor incidente podía derivar en un estallido revolucionario de consecuencias imprevisibles.
Es así como seis meses más tarde, le llegó el turno de acortar su mandato a un primer mandatario peronista. El 27 de julio de 2002, Eduardo Duhalde designado por el Congreso para completar el mandato de Fernando De la Rúa –que concluía el 10 de diciembre de 2003- resolvió llamar a elecciones y renunciar en enero de 2003 –finalmente el traspaso de mando se efectuó el 25 de mayo de 2003-. La decisión del presidente provisional fue tomada después de una protesta piquetera efectuada en el puente Pueyrredón –uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires-. La protesta, llevada a cabo el día anterior, derivó en un duro enfrentamiento entre policías y manifestantes que dejó el saldo de dos piqueteros muertos por las balas policiales.
El presidente ofreció elecciones anticipadas y sancionó a los policías involucrados en los hechos para detener las protestas piqueteras. Sin embargo, las agrupaciones vinculadas con la protesta social prosiguieron sus actividades –sin mayores incidentes con las autoridades- durante toda la gestión de Duhalde e incluso radicalizaron su accionar durante el primer año de gestión de su sucesor el peronista Néstor Kirchner.
El nuevo presidente, hasta el momento de su elección era gobernador de una rica pero escasamente poblada provincia –Santa Cruz- patagónica situada en el extremo sur del país.
En realidad el triunfador en los comicios fue el expresidente Carlos S. Menem quien se impuso en la primera ronda de votación por casi el 25% de los votos emitidos. Pensando que en la segunda ronda electoral los restantes candidatos se unirían en su contra el anciano exmandatario desistió de intentar una tercer reelección.
En esta forma Néstor C. Kirchner con solo el 22,25% de los votos válidos emitidos se convirtió en el nuevo presidente de Argentina. Aunque en ese momento pocos lo percibieran estaba comenzando una nueva era.
[i] AMATO, Alberto y Lucas GUAGNINI: “La trama política de los saqueos de diciembre”. Artículo publicado en el diario Clarín del 19 de mayo de 2002. Pág. 16 y 17.
[ii] PUNTEROS: Denominación que en Argentina se asigna coloquialmente a los dirigentes políticos barriales de menor nivel.
[iii] AMATO, Alberto y Lucas GUAGNINI: “La trama política de los saqueos de diciembre”. Artículo publicado en el diario Clarín del 19 de mayo de 2002. Pág. 16 y 17.
[iv] AMATO, Alberto y Lucas GUAGNINI: “La trama política de los saqueos de diciembre”. Artículo publicado en el diario Clarín del 19 de mayo de 2002. Pág. 16 y 17.
