El gobierno del presidente Alberto Fernández ha decidido autorizar gradualmente la realización de ciertas actividades económicas y permitir mayores desplazamientos de la población después de 57 días ininterrumpidos de cuarentena domiciliaria e interrupción de la economía.
El momento elegido no es sin duda el mejor. Día a día se incrementa en forma paulatina el número de personas infectadas, de las cuales fallece una cada veinticuatro horas. Todos los días se registra un récord de infectados y muertos. Aunque esas cifras son de dudoso valor para saber sobre la marcha de la pandemia porque el gobierno no realiza el número necesario de testeos como para determinar con certeza cuál es la evolución real de la misma.
Por otra parte, la gran cantidad de víctimas fatales estaría indicando que muchos de los infectados no son detectados hasta que la enfermedad ingresa en su etapa de máxima peligrosidad.
El gobierno argentino ha debido aflojar los controles acorralado por una sumatoria de factores. Por una parte, debido al cansancio de la población, especialmente en las grandes ciudades, por tantos días de encierro domiciliario. En muchos casos cuatro o más personas deben convivir las veinticuatro horas en una vivienda de reducidas dimensiones que, hace aflorar los conflictos latentes desde hacia largo tiempo. Incluso las parejas que vivían solas debieron afrontar el desafío de una convivencia total, después de muchos años de verse parcialmente durante la semana y alternando los fines de semana con salidas y amigos.
La situación se tornó especialmente insoportable para los profesionales y trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos están condicionados por su actividad diaria (desde abogados, contadores, psicólogos, etc. a vendedores ambulantes, peluqueros, masajistas, entrenadores físicos, comerciantes, etc.).
La prolongación de la cuarentena agotó sus reservas financieras e incrementó su endeudamiento (acumulando impagos de expensas a los consorcios de propietarios de viviendas, la renta, pago de servicios: agua, electricidad, gas, internet, telefonía, medicina prepaga, educación privada, impuestos, etc.).
Todos estos factores llevaron a gran parte de la población a desafiar el aislamiento social y salir pese a la prohibición e incluso iniciar algún tipo de actividad laboral no permitida por las autoridades.
Antes del inicio de la pandemia del Covid 19, la Argentina venia de nueve semestres seguidos de estanflación (recesión con inflación) la imposición de la cuarentena no hizo sino agravar la crisis económica. Muchas pequeñas y medianas empresas bajaron sus persianas y ya no las abrirán más. La cadena de pagos está absolutamente rota. Las entidades bancarias acumulan cheques sin fondos que actualmente llegan a casi 300.000 cheques rechazados y créditos en mora. Algo similar ocurre con las carteras de clientes de las tarjetas de crédito.
El auxilio oficial no llegó a todos aquellos que perdieron sus ingresos por la cuarentena. Los trabajadores cuyos ingresos familiares dependen totalmente de actividades encuadradas en el denominado “monotributo” (el pago de un único impuesto por parte de trabajadores independientes de bajos ingresos) recibieron mensualmente diez mil pesos (unos U$S 60,00). Además, si no tenían ningún otro préstamo pendiente podían tramitar un préstamo personal de hasta ciento cincuenta mil pesos (unos U$S 1.100,00) a devolver con seis meses de gracia y una muy baja tasa de interés. Pero, el otorgamiento del crédito queda a criterio de las entidades bancarias privadas que evaluaban la capacidad del solicitante para cumplir con los pagos.
Quienes no estaban inscriptos como “monotributistas”, es decir, el grueso de los trabajadores informales quedó al margen de este tipo de ayuda oficial.
La pandemia ha obligado al gobierno nacional a incrementar considerablemente el gasto fiscal mientras descendió la recaudación impositiva como producto de la menor actividad económica. El gobierno no tuvo otra alternativa que emitir más moneda. Incluso debió apelar a crear un nuevo billete de mayor denominación equivalente a cinco veces el máximo billete existente. De un billete de mil se paso al de cinco mil pesos.
La fuerte emisión monetaria y el virtual default técnico de la deuda externa argentina disparó el valor del dólar frente al peso. El dólar paralelo o “blue” que cotiza clandestinamente (y que es el único al que puede acceder el grueso de la población para preservar sus ahorros) pasó de los cuarenta pesos por dólar hace seis meses cuando asumió Alberto Fernández a los 138 pesos en que cotiza hoy 15 de mayo.
La crisis económica, potenciada por la pandemia, golpea especialmente a la población que reside en los asentamientos informales que suelen denominarse oficialmente como “barrios vulnerables” (y que la gente denomina “villas miseria” o simplemente “villas”). Estamos hablando de áreas cubiertas de viviendas precarias instaladas sobre la tierra, muchas sin piso, que se apiñan en un terreno sin ningún tipo de urbanización, sin calles solo pasadizos que serpentean entre una casilla y otra. Estas viviendas carecen de agua corriente o cloacas, y su abastecimiento de energía eléctrica depende de instalaciones precarias e ilegales.
Estos superpoblados complejos de viviendas constituyen una verdadera tierra de nadie donde el Estado y todas sus instituciones (policiales, sanitarias o asistenciales) están absolutamente ausentes.
En esos asentamientos en la mayoría de los barrios vulnerables la cuarentena nunca se cumplió y la población no emplea barbijos o tapabocas, guantes, ni alcohol o cloro líquido. Sencillamente carecen del dinero para alimentarse mucho menos para destinar a estas protecciones.
El gobierno, que no cuenta con estos insumos para abastecer al personal sanitario y los cuerpos policiales, tampoco abastece de estos elementos a la población carenciada.
En la mayoría de los casos la población de las llamadas “villas miseria” e incluso los pobres que viven en barrios obreros no tan carenciados, actualmente sobreviven alimentándose en comedores comunitarios y los niños comiendo en las escuelas que, aunque están cerradas por la cuarentena, abren para brindar alimentos.
Desde que comenzó la pandemia el Ejército Argentino comenzó a emplear sus “cocinas de campaña” para elaborar y distribuir alimentos. Otro tanto hacen las iglesias (católicas y evangélicas) y los clubes barriales de futbol que, cerrados al público, brindan cenas gratuitas a la población que se lleva la comida a sus viviendas. Estas son iniciativas privadas que no dependen del aporte del Estado para abastecerse de los alimentos que brindan a la población.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra veinte de estos asentamientos (algunos parcialmente urbanizados con calles, plazas y luminarias) donde reside el 6% de sus casi tres millones de habitantes.
El más organizado y con mejor calidad de viviendas de estos asentamientos es el denominado Barrio 31 (Villa 31 o Villa Padre Mujica), ubicada en proximidades de la terminal ferroviaria y de buses de larga distancia de Retiro. Allí residen ochenta mil personas en condiciones muy precarias y de hacinamiento. Es también el barrio de la ciudad de Buenos Aires donde se registró el mayor número de personas infectadas.
Lo grave es que los residentes en este asentamiento trabajan en diversos lugares distribuidos a lo largo de toda la ciudad, incluso en labores vinculados con la elaboración y venta de comidas, sanitarias y de seguridad. Recientemente, un agente de policía que vivía en el Barrio 31 dio positivo de coronavirus. Pero para cuando se detectó que estaba infectado había contagiado a cinco compañeros en la Comisaría donde prestaba servicios y posiblemente a la gente con quién tuvo contacto.
El segundo foco de contagios y de mortandad son los seiscientos geriátricos donde se concentra la población más vulnerable. En algunas de estas residencias para ancianos las instalaciones son inadecuadas y el personal sin suficientes medios ni idoneidad profesional para prevenir los contagios o detectar tempranamente los síntomas de la enfermedad.
Por último, está la población en situación de calle, que ha aumentado debido a la crisis económica y que se torna más vulnerable por estar mal alimentada y aseada, padecen diversas patologías y está muy expuesta a las bajas temperaturas. En los últimos días, se registraron 90 contagios en un albergue del gobierno de la ciudad para este tipo de población.
Este es el grave panorama en la ciudad capital de Argentina, donde el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta ha sido proactivo -a veces en exceso- para contener la pandemia. En la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof se desentendió del problema delegando el manejo de la lucha contra la epidemia en los 139 intendentes del distrito, la situación es aún más grave.
La ciudad de Buenos Aires posee veinte asentamientos vulnerables, pero la provincia del mismo nombre tiene mil ochocientas de estas áreas poblacionales donde se hacinan dos millones de personas que sobreviven principalmente gracias a la ayuda económica que les brinda el Estado Nacional (Asignación Universal por Hijo, jubilaciones, pensiones y otros planes sociales, etc.), la distribución de bolsones con alimentos y trabajos informales eventuales (en la construcción, como empleados domésticos, tareas de limpieza y comercio ambulante). Sin descartar, algunas actividades ilícitas, tales como robos o narcomenudeo.
La provincia además cuenta con más de mil geriátricos y residencias habilitadas y “supervisadas” por el Estado y una cantidad similar de residencias para ancianos informales o no habilitadas que operan en forma semiclandestina y donde la atención de los abuelos es aún más precaria.
Recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene un territorio similar al de Italia o Polonia (305.571 km²) y una población igual a la de los Países Bajos (16.660.000 millones de personas) o sea el doble de los habitantes que tiene Austria.
Reiteremos que el gobierno bonaerense no actúa en la pandemia con sus propios medios sino que distribuye sus recursos a las intendencias y estas son las que organizan la prevención, preparan las instalaciones sanitarias, contratan servicios fúnebres, etc. y llevan a cabo el tratamiento de los casos detectados.
Por lo cual, el único registro de la evolución de la pandemia en la provincia de Buenos Aires proviene de las informaciones que los intendentes suministran al gobierno provincial y este al gobierno nacional. Es decir, que todo el proceso es poco confiable.
Este panorama se repite en la mayoría de las provincias con grandes cinturones suburbanos. Algunos gobiernos provinciales han extremado las medidas de prevención, en tanto otros han sido más negligentes o carecen de los recursos económicos necesarios. Incluso en algunas provincias no se produjeron contagios.
En estas condiciones, Argentina, por un lado se aproxima al pico de la crisis en la pandemia cuando se avecina el invierno y bajan las temperaturas y por el otro el gobierno nacional disminuye las medidas de prevención iniciando lo que denomina como una “cuarentena administrada”.
Si estas nueva medidas provocan un incremento sustancial en el número de infectados y muertos, es necesario recordar que el presidente Alberto Fernández ha debido aceptar este relajamiento de la cuarentena por el alto grado de desobediencia de la población y la previsión de los empresarios y comerciantes que debían pagar salarios, alquileres e impuestos mientras mantenían las puertas de sus establecimiento cerradas.
