Pasó el G 20 y volvimos a la realidad, nuestro país continúa su vida y como parte de ella, los hechos de inseguridad están en la agenda del ciudadano común. Muchos añoran aquella semana en la se sintieron seguros. Lamentablemente la realidad es otra y es…y probablemente seguirá siendo nuestra realidad.
Diariamente los asesinatos, los robos callejeros, las entraderas fatales, los ataques de motochorros dan argumentos y colman los noticieros, a la vez instalan en el imaginario colectivo que la inseguridad viene creciendo. Al parecer es así, tanto que hasta la Embajada de Suecia alertó a sus viajeros connacionales sobre los altos riesgos de visitar nuestra ciudad capital.
El G 20 fue un operativo puntual, inédito e imposible de repetir y trasladar para garantizar la seguridad ciudadana.
El gobierno es consciente de esto, pero quiere explotar el éxito del resultado percibido en esa semana. Así viene intentando impulsar medias para demostrar que está presente en la atención de la problemática. Proyectos que frente a la inseguridad tienen poco impacto y menos en lo inmediato que es la necesidad acuciante de la población. Luego del G 20 apareció un Protocolo de Uso de Armas de Fuego para las Fuerzas Federales y ahora el anuncio de la compra de pistolas Taser (de impulso eléctrico) para uso en aeropuertos y trenes. Y otras en vías de tratamiento como la baja en la edad de imputabilidad y la expulsión de extranjeros.
Pero, considerando específicamente el protocolo de uso de armas, difundido por Resolución 956/2018 de la cartera de Seguridad, hace referencias y se fundamenta en la Resolución 34/169 de la Organización de las Naciones Unidas de 1979. En el interior del articulado de las recomendaciones para los países partes, la ONU menciona expresamente el uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego; aclarando la necesidad del empleo de alternativas NO LETALES. Por lo tanto, es claro, que el Estado debe proveer de estos instrumentos a los funcionarios públicos policiales como elementos esenciales para el cumplimiento de las funciones rutinarias.
Hoy vemos en las calles a policías, gendarmes y personal de prefectura solo con armas de fuego de dotación individual. Es decir una sola opción de respuesta.
No amerita mucho análisis, que antes del protocolo – uso de armas de fuego, debió adquirirse estas alternativas – armas discapacitantes, instruirse a los usuarios agentes policiales y regularse el uso mediante normativa ajustadas en la legislación positiva. Quedando expuesto que son medidas reactivas, descoordinadas y por lo tanto sin el marco de una planificación estratégica específica del área.
Habrá que abandonar los laureles adquiridos durante el operativo del G 20, porque no fue un éxito propio, sino compartido por muchos y responder con actividades preventivas a corto y mediano plazo, integrales y proactivas.
Tampoco debería usarse esta necesidad de la población para encarar medidas con otras finalidades, como las electoralistas o para escalar en imagen y perfil. Porque la seguridad es una responsabilidad del Estado y de su gobierno de turno.
El estado de seguridad debe garantizar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, un justo equilibrio entre libertad y obligaciones, tutelado por los instrumentos del Estado que deben generar este ambiente que es coincidente con desarrollo del bien común.
Pero para empezar, hay que planificar. El gobierno cuenta con un enorme cumulo de información que podrían sintetizarse en un diagnóstico. A partir de este estado de situación, podrían proyectarse objetivos y metas mensurales. Para estas etapas visibles, deben elaborarse las acciones para obtener los resultados previstos. Sin lugar a duda para esto son necesarias las competencias en seguridad, producto no solo del texto, sino del conocimiento práctico del contexto (praxis profesional en seguridad).
Los pasos aislados, por más buena intención que tengan, no tendrán impacto y por lo tanto, poco factibles de modificar nuestra realidad y la seguridad será siendo una deuda en crecimiento.
