Desde que asumió la presidencia de la Argentina, en diciembre de 2015, el ingeniero Mauricio Macri ha tratado de dotar al país de una economía seria y previsible, liberando la compra de divisas, sincerando las tarifas de los servicios públicos, permitiendo la repatriación de ganancias de las empresas extranjeras y combatiendo la inflación.
No obstante, las condiciones sociales del país y la propia correlación de fuerzas políticas han impuesto que el gobierno deba aplicar las reformas en forma gradual para evitar un estallido social.
Una parte de este programa implica combatir la economía informal que sirve de refugio a los sectores menos favorecidos de la sociedad, pero que también facilita las grandes ganancias de las organizaciones criminales y alienta la corrupción de los funcionarios públicos.
Primero combatió a los manteros y puestos ilegales de ventas que se habían adueñado de importantes arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora se vuelve contra las ferias informales, como La Salada, que alimentan a la economía en negro.
Según un estudio elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sobre una muestra de 465 ciudades de Argentina, la economía informal operó, tan solo en mayo de 2017, por valor de 5.958.- millones de pesos (unos U$S 350 millones).
Esta economía paralela opera a través de 662 ferias informales, que reciben el nombre de “saladitas”, establecidas en 110 localidades del país. A ellas se suman los 86.728 vendedores informales que comercializan sus productos dentro de las saladitas o en la vía pública.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobierna el oficialista Rodríguez Larreta, los manteros fueron erradicados de lugares emblemáticos como la calle Florida, en el microcentro, en la Avenida Avellaneda y sus colaterales en el barrio de Flores y diversas arterias del barrio de Once.
Muchos de los manteros que se desplazaron de allí, fueron reubicados en predios espacialmente preparados para ellos por el gobierno porteño. Aunque el comercio ilícito sigue alto por los vendedores callejeros que persisten en barrios como Liniers o San Telmo entre otros.
En los últimos nueve meses se produjeron desplazamientos de vendedores informales desde la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la instalación de seis nuevas ferias en ciudades del interior del país.
En el día de ayer, la acción de la justicia contra el comercio ilícito se volcó sobre el complejo Feria Punta Mogotes – La Salada, sito en Ingeniero Budge, Partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, con la detención del empresario Jorge Castillo y otras veinte personas, en 55 allanamientos simultáneos en los cuales se incautaron $ 11.000.000.
Castillo, quien había acompañado en una misión comercial a Angola a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, está imputado de asociación ilícita, evasión impositiva, lavado de dinero, tenencia de armas de guerra e intento de asesinato.
La Salada, que ganó gran popularidad con la crisis económica de 2001, es considerada por la Unión Europea como la feria ilegal más grande del mundo. Sea esto cierto o no, La Salada es, sin lugar a dudas el mayor mercado mayorista de productos textiles de la Argentina, que recibe compradores de todas las provincias. Allí se abastece todo el comercio minorista del país, el de los comercios legales, los locales de las “saladitas” y la venta callejera en las provincias.
La Salada opera por la noche, desde las 19.00 horas hasta la madrugada, tres días a la semana. En el lugar trabajan en forma permanente unas 15.000 personas, que atienden unos 30.000 puestos, y se realizan operaciones comerciales estimadas en unos 71.500 millones de pesos al año (unos U$S 4.200 al cambio actual).
Una buena cantidad de los productos comercializados en La Salada vulnera los derechos sobre marcas y patentes de empresas multinacionales, por lo cual la Oficina del Representantes de Comercio de los Estados Unidos incluyó a la Argentina en la llamada “Lista de Vigilancia Prioritaria” de países que violan esas normas. Algo que molesta al gobierno de Macri que pretende captar inversiones estadounidenses para reforzar la economía argentina.
La lucha del gobierno contra la economía informal parece estar dando sus primeros frutos. En las ciudades que cuentan con “saladitas”, donde solía registrarse el mayor número de “manteros”, la presencia de estos vendedores ambulantes se redujo en 35,1%. De 20.920 vendedores, censados en agosto de 2016, se pasó a 13.576, en mayo de 2017, es decir, 7.344 menos. El 22% de esta reducción se produjo en la ciudad de Buenos Aires.
En cambio, en las localidades sin saladitas, el número de manteros creció de 6.150 puestos, en agosto de 2016, a 10.840 en mayo pasado.
A las personas que trabajan en ferias o venden en puestos callejeros hay que agregar a quienes lo hacen en los innumerables talleres textiles clandestinos donde se fabrican las mercancías que se comercializan a través de canales informales.
La economía informal es un fenómeno que en América Latina se alimenta de la existencia de grandes sectores de población sin estudios, ni capacitación laboral suficiente para incorporarse a la actividad laboral formal.
Muchos de estos trabajadores marginados, al menos en Argentina, son inmigrantes provenientes de Bolivia, Paraguay o Perú, que carecen de documentación y permisos de residencia y trabajo en el país.
Seguramente, La Salada seguirá operando, aunque con menos puestos ilegales instalados en la periferia del complejo y todas sus actividades serán más controladas para evitar la evasión fiscal, la adulteración de marcas y otros ilícitos hasta hoy frecuentes en el lugar.
De todas formas, avanzar contra La Salada significa atacar al núcleo duro de la economía informal y de las mafias que se alimentan de ella en la Argentina, un paso muy audaz para un gobierno que necesita ganar las elecciones legislativas de medio término en octubre próximo.
