América Latina es, lamentablemente, una región caracterizada por altos niveles de violencia, elevadas tasas de homicidios, proliferación de organizaciones del narcotráfico. Por consiguiente, es un mercado floreciente para la comercialización de armamento ilícito.
La demanda de armas, bien sea para fines criminales o exclusivamente para defensa personal, ha creado zonas como la Triple Frontera, que constituyen una suerte de " supermercado" de armamento ilícito. De hecho, videos tomados por periodistas empleando cámaras subrepticias muestran lo sencillo que resulta comprar un arma a lo largo de la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
La gran concentración de armas de fuego en Latinoamérica guarda correlación con los elevados índices de violencia con armas, en particular en los países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. En este último, las armas de fuego se usan en más del ochenta por ciento de los homicidios, una dinámica instigada por el fácil acceso a armas de bajo precio en el mercado negro. Incluso, en la región se ha desarrollado una curiosa modalidad donde los delincuentes alquilan el armamento a un proveedor, realizan una operación con ellas (un robo o asesinato) y luego se la reintegran. El propietario, generalmente un armero, modifica las armas para tornarlas irreconocible es una pericia y luego las renta a otro criminal necesitado de armamento. El arma siempre retorna al armero propietario.
Muchas armas en la región, especialmente en México y Centroamérica, han sido producidas en los Estados Unidos. Recordemos que este país es el mayor productor de armas del mundo, que fabrica una de cada dos armas. De hecho, en repetidas ocasiones el gobierno estadounidense ha sido objeto de críticas por no lograr contener las grandes cantidades de armas que salen de ese país. En agosto de 2016, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, realizó una crítica condenando la política interna de armas en Estados Unidos, alegando que las autoridades mexicanas han rastreado hasta Estados Unidos el origen del setenta por ciento de las armas confiscadas en el país.
Este mes, la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro decomisó en una terminal del aeropuerto de El Galeao un embarque de armas constituido por 45 fusiles de asalto AK-47, 14 fusiles AR-10 y un fusil alemán Heckler & Koch G3. Todo este armamento había sido fabricado en los Estados Unidos (algunos bajo licencia) y arribaron a Brasil en un contenedor catalogados como “calentadores para piscinas”.
Las autoridades estimaron que cada una de estas armas pueden adquirir un valor de U$S 5.000 en las favelas cariocas. También creen que el cargamento decomisado puede constituir tan sólo uno de treinta embarques introducidos por la red de tráfico de armas desarticulada en esa operación. Dicha red habría introducido hasta 1.800 fusiles de alto poder al Brasil.
Sin embargo, no todas las armas en la región vienen de los Estados Unidos. Brasil es el segundo productor de armas del continente, solo superado por Estados Unidos, y Argentina también fabrica armas de muy buena calidad. No obstante, la producción de armas de Argentina y Brasil se centra especialmente en armas de puño: pistolas y revólveres. A la región también llegan gran cantidad de armas de fabricación china y turca.
Los criminales, en muchos casos suelen acceder a armamentos de muy buena calidad cuando roban en domicilios particulares debido a que cada vez más, personas comunes, ante la ola de inseguridad que se ha tornado endémica en los países latinoamericanos, adquieren legalmente armas que luego terminan en manos de criminales.
Otra fuente de suministro de armas al mundo criminal latinoamericano son las propias fuerzas de aplicación de la ley. Algunos agentes corruptos de la policía y el ejército, así como empresas privadas de seguridad, participan en el tráfico de armas, en ocasiones robando armas de las reservas del gobierno o importando armas por vías legales para venderlas a grupos criminales para beneficio personal. Indicios de estas conductas se han denunciado en toda la región, desde la República Dominicana y hacia el sur hasta Uruguay.
El gobierno de Colombia, por ejemplo, ha denunciado que militares venezolanos, afectados por la grave crisis económica que sacude a su país, roban armas de sus depósitos y luego las venden a elementos del Ejército Popular de liberación (EPL) en territorio colombiano.
Por otra parte, la política de la administración de Maduro en proveer armas a grupos civiles no reglamentados y afines al gobierno, conocidos como “colectivos”, ha aumentado aún más el número de armamentos venezolanos que transitan por este circuito. Algunas estimaciones calculan que hay 3.500.000 armas de fuego en manos de civiles venezolanos de las cuales el 70% son ilegales.
Este flujo de armas sofisticadas y de gran poder de fuego explican como la organización de narcotraficantes brasileños conocidos como Primer Comando de la Capital (PCC) puedo exhibir tal capacidad de fuego y de manejo de explosivos de diverso tipo en el ataque a las instalaciones de la empresa PROSEGUR, en ciudad del Este, Paraguay, en abril último.
Por lo tanto, para reducir los niveles de violencia en América Latina hay que primero terminar con el tráfico ilegal de armas.
