El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador nos mueve a pasar revista a las innumerables veces que un candidato es eliminado para frenar algún tipo de cambio político.
En el continente americano convertirse en candidato presidencial puede ser una actividad de alto riesgo, especialmente en países como México y Colombia, pero también lo es en Ecuador e incluso en Brasil.
Pasemos revista muy brevemente a algunos casos que demuestran con que frecuencia los aspirantes a presidentes pagan con su vida sus ambiciones políticas.
Comencemos por mencionar que, en Colombia, a comienzos del siglo XX, el candidato presidencial general Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe (1859 – 1914) fue asesinado, el 15 de octubre de 1914, cuando caminaba por la Plaza de Bolívar hacia el Capitolio Nacional (sede del Congreso colombiano).
Los asesinos fueron dos humildes campesinos: Leovigildo Galarza y Diego Carvajal, quienes alcoholizados ultimaron al general y senador Uribe a golpes de hachuela. Los asesinos, que habrían actuado bajo los efectos del alcohol, fueron condenados a veinte años de cárcel.
En 1948, en Bogotá, fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán Ayala, un político y jurista colombiano conocido como “El caudillo del pueblo” o “El caudillo liberal”, candidato oficial del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1950.
El 8 de abril de 1948, Juan Roa Sierra disparó sobre Gaitán varias veces con su revolver causándole la muerte.
El asesinato de Gaitán desató violentas protestas en la ciudad de Bogotá, conocidas como “El Bogotazo” en que se destruyeron 142 edificios del centro de la capital colombiana.
La muerte de Gaitán abrió paso a décadas de cruentos enfrentamientos entre conservadores y liberales que en Colombia se denomina como “La Violencia”. Un período que dejó como saldo 300.000 muertos y la migración forzada de más de dos millones de personas.
Durante los años de La Violencia se incrementó en ese país el bandolerismo y surgieron los grupos guerrilleros, algunos de los cuales luego se transformaron en carteles del narcotráfico.
No solo en las turbulentas repúblicas latinoamericanas se registraron hechos de violencia electoral. También la democracia estadounidense registra antecedentes de este tipo de magnicidio.
El 5 de junio de 1968, el candidato presidencial del Partido Demócrata, el senador Robert Francis Kennedy, fue asesinado por el palestino – jordano Sirham Bishara Sirham, de 24 años, quien le disparó a quemarropa con un pequeño revolver Johnson Cadet, calibre 22, en el salón principal del Hotel Ambassador de la ciudad de Los Ángeles.
Robert Kennedy, hermano del asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy (1963), aspiraba a suceder en la presidencia al también demócrata presidente Lyndon Johnson.
Finalmente, el 17 de mayo de 1972, el racista gobernador demócrata del Estado de Alabama, George Wallace, de 52 años, recibió cinco disparos calibre 38, efectuados por Arthur Bremer, un joven blanco de 24 años.
Las secuelas del ataque dejaron a Wallace recluido en una silla de ruedas, lo que no le impidió ser reelecto dos veces más. Como gobernador de Alabama (1974 y 1983) Wallace fue un firme defensor de la segregación racial que incluso impidió, en 1963, el ingreso de estudiantes negros a la Universidad de Alabama. Su lema racista era: “Segregación ahora, segregación mañana y segregación siempre”.
El domingo del 11 de octubre de 1987, el abogado colombiano líder del partido Unión Patriótica, Jaime Hernando Pardo Leal, que había sido candidato presidencial en las elecciones de 1986, regresaba con su familia de su finca en la localidad de La Mesa, cuando un automóvil Renault 18 se puso a la par de su vehículo y disparó contra él. Pardo Leal falleció por las heridas recibidas.
Su muerte originó fuertes protestas populares que dejaron un saldo de un policía y ocho manifestantes muertos. El asesinato fue realizado por miembros del Cartel de Medellín cumpliendo órdenes emanadas de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.
El sucesor de Pardo Leal como presidente del partido Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa también resultó asesinado.
El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial del Partido Liberal Colombiano, fue asesinado por Jaime Eduardo Rueda Rocha, Henry de Jesús Pérez, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, mientras pronunciaba un discurso.
El asesinato fue ordenado por los capos del narcotráfico colombiano: Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio Botero.
El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo, junto a su pareja Mariela Barragán y 16 custodios pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), concurrieron a la Terminal Puente Aéreo de Bogotá para tomar un vuelo. En ese lugar, un asesino de tan solo dieciséis años, Andrés Arturo Gutiérrez Maya le disparó con una pistola ametralladora Mini Ingram. Jaramillo resultó herido en el cuello, el tórax y el abdomen. Trasladado a una clínica de la Policía Nacional, el candidato falleció antes de que los médicos pudieran asistirlo. Gutiérrez Maya, el asesino de Jaramillo, a su vez, fue ultimado en la cárcel más tarde.
Durante esos años, la Unión Popular sufrió el asesinato de dos de sus candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y más de seis mil de sus militantes a manos de grupos parapoliciales.
El sucesor de Jaramillo en la conducción de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas fue asesinado, en 1994, su reemplazante, Aida Avella, debió partir al exilio, en 1996, después de sufrir un atentado contra su vida.
El 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro Leongómez, máximo comandante del grupo guerrillero “Movimiento 19 de abril” (M-19), entre 1986 y 1990, tras dejar las armas, firmar la paz con el gobierno y reintegrarse a la vida civil, fue asesinado cuando era candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19.
El día de su muerte, Pizarro, como parte de su campaña presidencial, abordó un vuelo a Barranquilla acompañado de sus custodios del DAS. El asesino, un veinteañero llamado Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry” ingresó como pasajero al avión y una vez en vuelo, sacó del baño una pistola ametralladora con la cual disparó contra el candidato provocándole heridas mortales. El killer Jerry resultó ultimado por los mismos hombres del DAS que debían haber protegido al candidato.
En la década de los años noventa, también México fue escenario de cruentos hechos de violencia electoral.
El 24 de marzo de 1994, el senador Luis Donaldo Colosio Murrieta, de 44 años, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que aspiraba suceder en el Palacio Nacional al presidente Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado por Mario Aburto Martínez de veintitrés años.
Durante un evento en el asentamiento irregular denominado Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, el asesino se acercó al candidato y con un revolver brasileño, marca Taurus, de calibre 38 disparó cerca del oído derecho de Colosio y cuando este cayo herido al piso lo remató con un disparo al abdomen.
El 14 de abril de 2002, el candidato presidencial colombiano Álvaro Uribe Vélez, del movimiento Primero Colombia, salió ileso de un atentado con coche bomba, que provocó cuatro víctimas fatales.
Más tarde, el día de asunción del cargo de presidente, el 7 de agosto de 2002, Uribe sufrió otro atentado por parte del grupo terrorista FARC-EP, del que también resultó ileso pero que dejó diecisiete muertos y veinte heridos.
Los terroristas de las FARC detonaron un cilindro bomba y dispararon cuatro proyectiles de mortero contra el Palacio de Nariño, el cuartel del batallón Guardia Presidencial y el sector de “El Cartucho” a cuatro cuadras del palacio presidencial.
En Brasil, el 6 de septiembre de 2018, el candidato presidencial del Partido Social Liberal, el diputado Jair Bolsonaro fue apuñalado por Adelio Bispo de Oliveira, de cuarenta años, durante un acto en Juiz de Fora, Estado de Mina Geráis.
Bolsonaro sufrió una herida que le atravesó una vena del abdomen originándole una grave hemorragia, tres perforaciones en el intestino delgado y otra en el colón transverso. Estas heridas hicieron temer por su vida en un primer momento, pero, finalmente, el político brasileño se repuso después de tres intervenciones quirúrgicas reparadoras.
Más recientemente, la violencia electoral llegó al Ecuador. El candidato presidencial del Movimiento Construye, el periodista y exdiputado Fernando Villavicencio, de 59 años, resultó asesinado el 9 de agosto de 2023.
Villavicencio había realizado aproximadamente doscientas sesenta investigaciones y denuncias por hechos de corrupción contra el expresidente del socialismo del siglo XXI, Rafael Correa, algunas de las cuales derivaron en la condena a ocho años de prisión para el exmandatario. Correa debió refugiarse en Bélgica (su esposa Anne Malherbe Gosseline es de nacionalidad belga) para escapar a la justicia de su país.
Un grupo de asesinos colombianos ultimó a Villavicencio, cuando al salir de un acto proselitista en un colegio del norte de Quito, se encontraba solo en un automóvil que carecía de blindaje.
Al momento de su muerte, Villavicencio se encontraba segundo en las encuestas. Durante la campaña, el candidato del Movimiento Construye había prometido terminar con la corrupción estatal y empresarial y combatir el narcotráfico y el crimen.
La muerte de Villavicencio fue seguida por el asesinato de Pedro Briones, dirigente de la Revolución Ciudadana, el movimiento que responde a Rafael Correa, abatido por varios disparos efectuados por dos hombres en una motocicleta cuando se hallaba en la puerta de su casa, ubicada en la localidad de San Matero, en la provincia norteña de Esmeraldas. El atentado, con un claro perfil de venganza, se efectuó tan solo cinco días después del asesinato del candidato anticorrupción.
Tal como puede apreciarse, en el continente americano, los magnicidios contra candidatos presidenciales son más frecuentes que los atentados contra presidentes en ejercicio de sus cargos. Posiblemente, debido a que los candidatos suelen contar con menor protección y están obligados por las actividades propias de una campaña electoral a mantener mayores contactos con la gente, los cual los deja más expuestos.
Por otra parte, los candidatos suelen efectuar promesas de cambiar la situación existente y de luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada que los convierten en una amenaza para quienes se benefician de esas actividades. Los posibles afectados por las promesas de algunos candidatos disruptivos pueden pensar aplicar el refrán que dice: “muerto el perro, se acabó la rabia”.
No puede sorprender entonces que, un candidato que promete efectuar grandes cambios y terminar con la “casta política” y el empresariado prebendario, como el economista liberal Javier Milei, el ganador de las elecciones PASO en Argentina, el pasado 13 de agosto, se “cure en salud” usando permanentemente un chaleco antibala y se rodee en los actos de un gran equipo de seguridad personal.
