Muchos lectores pensaran que este artículo no les informa sobre ninguna novedad porque del presidente Alberto Fernández hacia abajo todos los funcionarios han reconocido claramente que carecen de planes, objetivos ha concretar en su gestión y de estrategias elaboradas para cumplirlos.
Incluso la prensa en todas sus expresiones visuales, orales y escritas ha comentado negativamente este hecho.
Pero lo cierto es que los tanteos, marchas y contramarchas, improvisaciones y contrasentidos del gobierno son tan continuos que no pueden ser pasados por alto a riesgo de convertirse el periodista en cómplice del relato oficialista.
Primero la pandemia nunca iba a llegar al país, después nos alegramos de que el Covid 19 llegara en ese momento y no bajo el gobierno de Mauricio Macri, porque con el ingeniero en la Casa Rosada habríamos estado todos muertos. Ahora, como estamos entre los diez países del mundo más afectados del mundo con un millón ochocientos mil afectados y 45.000 fallecidos, después de haber mantenido el “aislamiento social” más prolongado del planeta que destruyó la economía, el gobierno responsabiliza a la población por el incremento de los contagios.
Cuando en realidad han sido las autoridades nacionales quienes abandonaron sus responsabilidades sanitarias trasladando la responsabilidad de combatir la pandemia a los gobernadores e intendentes para no asumir más costos políticos.
Y esta si es una constante de la Administración Fernández el temor a afrontar algún tipo de costo político.
Un día decreta como un acto de “soberanía alimentaria” (sic.) la expropiación de la firma Vicentín. Pero, cuando la reacción popular es una movilización en rechazo de la medida, recurre a una elaborada maniobra judicial para dar marcha atrás sin quedar en evidencia. Y a partir de entonces no se habla más del tema.
Luego propicia -incluso con la participación de funcionarios públicos- la ocupación de terrenos y hasta de explotaciones agropecuarias (Guernica, Bariloche, Lago Mascardi, Pinamar, estancia “La Nueva” de la familia Etchevehere, etc.). Nueva reacción popular seguida de otro retroceso del gobierno iniciando el desalojo de los intrusos.
Así podríamos seguir reseñando muchos otros casos de avances y retrocesos gubernamentales. Por ejemplo, hace unos días diversas voces del oficialismo comenzaron a reclamar un indulto o amnistía presidencial para los “presos políticos”. Eufemismo que en el kirchnerismo se emplea para denominar a los exfuncionarios con causas en la justicia por diversos hechos de corrupción, especialmente la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando se hace manifiesto el mal humor social ante la posibilidad de la implementación de una medida de esas características, el presidente Fernández convoca a los principales columnistas y periodistas del país para aclararles en charlas privadas individuales (nadie sabe por qué no realizó una conferencia de prensa como suele hacerse en la mayoría de los país) que en su gobierno no hay presos políticos y que nunca firmaría un indulto y que la amnistía dependía del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo.
El presidente también aprovecho la ocasión para denunciar ante la prensa que dentro del gobernante Frente de Todos había dirigentes que pretendían llevar adelante “una revolución”.
Lamentablemente a ninguno de sus interlocutores periodistas se les ocurrió preguntarle al presidente si esa “revolución” implicaba romper el orden constitucional y por tanto era un delito, quienes eran los revolucionarios que llevaban a cabo dicha conspiración delictiva y que pensaba hacer al respecto.
Al parecer, la falta de ideas (o el miedo a expresarlas) parece ser un mal nacional y el gobierno no tiene el monopolio en este tema.
Es así como un grave tema institucional y delictivo paso como otras cosas más sin mayores repercusiones. Ni siquiera se convirtió en nota de tapa de los principales diarios.
Pronto se produjeron otras declaraciones y contramarchas que ocultaron los errores y desmesuras precedentes.
La Subsecretaria de Salud de la Nación, la médica Carla Bisotti alarmó a todo el mundo anunciando la vacunación contra Covid con la mitad de la dosis prescripta para la vacuna rusa Sputnick V. Nueva rectificación presidencial y retroceso gubernamental.
El debate sobre la vacuna no había aún terminado que el Gobierno decidió poner cepo a las exportaciones de maíz. Los productores rurales rechazaron medida y sobrevino un paro agropecuario que despertó el temor presidencial de revivir el “Conflicto con el Campo” del 2008. Nueva rectificación y anulación de la medida oficial una semana más tarde.
La última de estas versiones improvisadas que se lanzan a la opinión pública como una suerte de “globos de ensayo” para ver cual es la reacción que provocan en la ciudadanía, es el rumor de la creación de un supuesto “Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias” que asumiría en parte las funciones que la Constitucional Nacional asigna a la Corte Suprema de Justicia.
Resulta evidente para cualquier persona que un tribunal de tales características sería claramente anticonstitucional. Además, sería la propia Corte Suprema la que debería expedirse en última instancia sobre la constitucionalidad y vigencia del nuevo Tribunal.
Es decir, que una medida de tales características sería de difícil o imposible concreción. Por lo tanto, su anuncio, además de distraer a la opinión pública de los temas del Covid, la vacuna y los anuncios sobre la evolución de la inflación, tendría el propósito de medir la reacción de la gente ante procedimientos anticonstitucionales y al mismo tiempo incrementar la presión sobre los magistrados de la Corte Suprema para que encuentren algún artilugio legal para detener los juicios contra la expresidenta.
Porque nadie debe confundirse el único programa de gobierno que tiene el Frente de Todos y que mantiene desde que llegó al gobierno es asegurar la impunidad de Cristina Kirchner, su familia y sus asociados en los juicios por corrupción.
