En una medida propia de “1984” el anticipatorio libro de George Orwell, la ministra Sabina Frederic ha decidido emplear como escusa la pandemia de coronavirus y la necesidad de evitar saqueos para perseguir a los opositores que expresan su descontento en las redes sociales.
Al parecer, en el gobierno kirchnerista existe gran preocupación por el creciente descontento de la población por la forma en que se ha gestionado la crisis del Covid-19 y la paralización de la economía.
Recientemente, han trascendido groseros hechos de corrupción en la compra por parte de gobierno de alimentos e insumos médicos para distribuir gratuitamente los sectores más humildes afectados por la pandemia. El presidente Fernández ha debido solicitar la renuncia a quince funcionarios públicos involucrados en la contratación de esas compras aunque no se tomaron medidas penales contra ellos.
Desde consultoras cercanas al gobierno se insiste en difundir encuestas donde el presidente Alberto Fernández tiene una aprobación superior al 90%. No obstante, las evidencias de malestar social indican que la realidad es otra.
La tensión social también se ha incrementado por la persiste negativa del gobierno a reducir los sueldos de los funcionarios públicos designados políticamente. “Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana y están; y los llamas a la una de la mañana y están, y siempre tiene respuestas para todo” […] “Ninguno de esos funcionarios tienen empresas en el exterior, empresas offshore ni tiene empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante”, justificó el presidente Fernández.
Muchos se preguntan si esa afirmación incluye a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuya hija Florencia esta procesada por guardar U$S 4.660.000 dólares sin declarar en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Algo similar ocurrió con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa que primero anunció una reducción del 40% en las dietas de los diputados y luego debió dejar “a conciencia de los legisladores” la decisión de donar parte de sus salarios. Finalmente, Massa tan solo redujo en 200 millones de pesos (unos tres millones de dólares) en el gasto político (pasajes, sueldo de asesores, etc.) de la Cámara en los siguientes cinco meses (40 millones, algo menos de U$S 600.000 por mes al cambio oficial).
El descontento de la población, debido a la imposición del aislamiento social, se ha manifestado a través de la difusión de vídeos, comentarios y memes en las redes sociales y de cacerolazos por las noches en las grandes ciudades, que cada día se hacen más generalizados.
El gobierno considera que este malestar es incentivado desde sectores políticos opositores empleando los llamados “trolls” que difunden “fake news” o realizan convocatorias a cacerolear.
Desde la oposición por su parte, indican que la medida contradice el Artículo 4° de la Ley de Inteligencia que prohíbe a los organismos oficiales llevar a cabo tareas de espionaje interno y reunir inteligencia sobre los ciudadanos por motivos políticos, ideológicos o religiosos e incluso que viola las garantías individuales establecidas por la Constitución Nacional.
También se señala que el “ciber patrullaje” es una medida adoptada usualmente por gobierno dictatoriales con el régimen chavista de Venezuela, la Cuba de los Castro, el general Al Sissi en Egipto o la China de Xi Jinping.
Algunos expertos en inteligencia estiman que el ministerio de Seguridad podría haber llevado a cabo esta ilegal práctica de espionaje interior desde hace meses y que con este anuncio la ministra Frederic podría estar empleando la excusa del coronavirus para “blanquearla” o legalizar esa actividad.
Otros consideran que este anuncio en realidad es difícil de implementar en forma eficiente con los medios disponibles y que tan solo pretende infundir temor a represalias gubernamentales en quienes expresan su oposición a través de la redes sociales haciendolos sentir controlados.
Por otra parte, el ministerio de Seguridad cuenta con poco personal para llevar a cabo una tarea tan compleja como el monitoreo de las redes sociales. Con este anuncio, Frederic tendría el marco jurídico y la escusa para ordenarle a las estructuras de inteligencia criminal de las Fuerzas de Seguridad que dediquen parte de sus recursos humanos y materiales a controlar a la población opositora.
Ahora, la antropóloga Sabina Frederic se convertirá en una suerte de orwelliana “ministra de la Verdad” que podrá monitorear pensamientos e ideas de los argentinos identificando a quienes dan un “like” o realizan un comentario desfavorable sobre el gobierno populista y adoptar medidas en consecuencia. Desde ahora, en Argentina “el Gran Hermano te vigila”.
