El gobierno del presidente Mauricio Macri no tiene muchos éxitos para mostrar en estos cuatro años de gestión. Pero, sin lugar a duda, puede exhibir el haber llevado una política proactiva en materia de Seguridad. Bajo la conducción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich los hombres de las fuerzas de seguridad dejaron de ser sospechosos de abuso de autoridad, gatillo fácil y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los delincuentes.
También mejoró el equipamiento de las fuerzas de seguridad, intensifico los patrullajes y controles callejeros y los operativos antidrogas exitosos. Ahora, esta política parece a punto de sufrir un giro de 180° grados, los delincuentes serán considerados emergentes sociales que se ven forzados a violar la ley por sus extremas urgencias económicas y por tanto los juzgados volverán a tener una puerta giratoria que permitirá a los delincuentes detenidos se excarcelados incluso antes de que sus víctimas terminen de formalizar sus denuncias.
Primero fueron algunas declaraciones aisladas de algún referente poco relevante de los elencos kirchneristas. Luego las declaraciones se fueron incrementando, indicando que se trata de un política totalmente consensuada dentro de las filas del Frente de Todos. Veamos en su conjunto de que declaraciones estamos hablando.
Todo comenzó el pasado 24 de abril cuando el ex secretario de Comercio Exterior, el inefable Guillermo Moreno, en un acto en la localidad matancera de Laferrere, acompañado de “Fabri” el jefe de la “barra brava” del Club Laferrere, declaró: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno vive, pero con códigos”. Casi justificando la acción delictiva, el exfuncionario y en ese entonces precandidato a presidente agregó: “No me robés una billetera y me dejés a la señora tirada con una fractura de cadera para que… tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso?”
En principio pareció un exabrupto de un personaje un tanto insólito, incluso dentro de las filas kirchneristas. Pero, unos meses más tarde se expresó en el mismo sentido el abogado piquetero Juan Grabois en el programa Involucrados que se proyecto el 20 de junio por el canal América TV.
Grabois es un referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El dirigente piquetero, que presume de su amistad con el papa Francisco, es un integrante del llamado grupo “Los Cayetanos” que integra la CTEP, junto a la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. Los Cayetanos dicen responder a la política social orientada por la Iglesia Católica.
Grabois declaró en esa oportunidad, refiriéndose a la crisis que vivió Argentina en el año 2001 y 2002 luego de la abrupta salida de la presidencia de Fernando De la Rúa, “Si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubieses tocado la situación de salir de juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 17, 18, 19 años.”
Inmediatamente, Grabois fue respaldado por el actor Dady Brieva, conocido por sus posiciones kirchneristas, quién también en el programa Involucrados, del miércoles 27 de junio, afirmó que en el peronismo “le tenemos respeto al oficio de chorro”.
Un tiempo después Grabois decidió subir la apuesta introduciendo en la campaña electoral el polémico tema de una “reforma agraria” basada en la expropiaciones y de la distribución de la riqueza.
Grabois, que integra el Frente de Todos, a través del “Frente Patria Grande” (un sello de goma creado por los piqueteros para integrar alianzas electorales), declaró el 3 de septiembre: “No hay un consenso dentro del Frente de todos” sobre su postura, pero sí la hay “dentro de los movimientos sociales y populares”.
“Hay que avanzar en una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Implica que no puede haber en la Argentina terratenientes, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas.”
“Esas extensiones de tierra son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación de 50.000 parcelas para entregárselas en propiedad a pequeños productores”, declaró.
Inmediatamente más de doscientas propiedades porteñas tapiadas amanecieron, el 4 de septiembre, empapeladas con incierta propuesta: “Ni casas sin gente ni gente sin casas. Expropiación ya”.
El escrache de las viviendas y el pedido de expropiación fue una iniciativa de un conjunto de organizaciones sociales ligadas a Grabois: Consejerías de Vivienda, Amigues por las Calles y Proyecto 7. Estas organizaciones justificaron su accionar argumentando: “Por ello empapelamos casas y terrenos tapiados, demandamos al Estado una propuesta de media urgente ante esta crisis social: que no haya ni casas sin gente, ni gente sin casas. Por la expropiación de la vivienda y tierra ociosa, para apostar a un modelo de alquiler y vivienda social, con control popular sobre la regulación de precios de la renta y sobre el destino de la tierra y la vivienda de la ciudad”.
Luego entró en la polémica el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, el economista Axel Kicillof, quién el 6 de octubre por el canal América, declaró refiriéndose a la problemática del narcotráfico: “El problema no es perseguir al pequeños consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”.
Las declaraciones de Kicillof constituyen una clara apelación a la legalización del llamado “narcomenudeo”, es decir, a la venta callejera de drogas.
A ello se suman las declaraciones del ex director de la Biblioteca Nacional e integrante del grupo de intelectuales kirchneristas que se denominan “Carta Abierta”, el sociólogo Horacio González, quien en el marco de un reportaje concedido a la Agencia Paco Urondo, el lunes 23 de septiembre, consideró “necesario” que la historia argentina “incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los años 70 y escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable”.
Por último, cabe consignar que el periodista, con un pasado como terrorista montonero, Horacio Verbitsky, un hombre cercano a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en su portal “El Cohete en la Luna”, el 6 de octubre, adelantó que de alcanzar la presidencia Alberto Fernández una de las primeras medidas que implementará serán la supresión de la Agencia Federal de Inteligencia (la ex SIDE) y del ministerio de Seguridad, cuyas actuales funciones en materia de inteligencia, lucha contra el delito y seguridad se distribuirán entre diversos ministerios y organismos oficiales.
En el mismo sentido, se expidió al día siguiente (7 de octubre) el experto en seguridad del kirchnerismo Marcelo Saín, hoy jefe del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, donde asiste a fiscales en casos complejos.
En una entrevista concedida al periodista Facundo Borrego, para el portal www.letrap.com.ar, Saín declaró: “Para reformar la justicia y la seguridad hay que detonar la AFI. Como está hoy es inconvertible. Hay que reformarla sentándote arriba. No podés reformar la Justicia, ni purificar la Procuración de la Nación, si no la sacás a la AFI de Comodoro Py. Nunca va a haber depuración judicial a la altura del Estado de Derecho si no la sacás, y siempre habrá extorsión de la justicia sobre la estructura de la justicia sobre la estructural del poder político. Hay que descolonizar a la justicia federal de la AFI y de la DEA”.
Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, nunca se expidió sobre todas estas declaraciones en ningún sentido. Solo dijo que la idea de suprimir a la AFI eran tan “solo especulaciones”.
En el seno de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas todas estas declaraciones y versiones se siguen con preocupación. En algunos casos se piensa que tales declaraciones constituyen apología e incitación a la violencia y que sus autores debían ser procesados por sus afirmaciones.
Mientras que los hombres de la AFI temen por la estabilidad de sus empleos e incluso por sus derechos previsionales. Los más alarmistas incluso piensan que de ganar el kirchnerismo inmediatamente desembarcarán en 25 de Mayo 11, sede de la AFI, un conjunto de “asesores” venezolanos y cubanos en inteligencia.
Mientras que los analistas políticos, como Rosendo Fraga, señalan que en el último mes el discurso del Frente de Todos se ha estado radicalizando, alejándose de la moderación e incluso del electorado de clase media hablando de nuevos impuestos y, especialmente, de incrementar el impuesto a bienes personales que afecta especialmente a los pequeños ahorristas y trabajadores formales cuya “riqueza” consiste en muchos casos tan solo en ser propietarios de una vivienda y un automóvil.
Estas declaraciones evidentemente no contribuyen a diluir la llamada “grieta” que divide a los argentinos y mucho menos a mantener la paz y tranquilidad social.
