La primera década del siglo XXI fue una época de implantación del populismo de izquierda en América Latina con figuras tales como: Hugo Chávez Frías en Venezuela, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, Ollanta Humala en Perú y Daniel Ortega en Nicaragua, además de Fidel y Raúl Castro en Cuba.
Años en que el alto precio de las materias primas (hidrocarburos, minerales y soja) permitían la implementación de desprolijas políticas distributivas y hasta el despilfarro, cuando no el robo, de los por entonces abundantes recursos del Estado.
Pero, el ciclo de prosperidad fue corto. Hacia finales de la década, lo niveles de crecimiento económico comenzaron a desacelerarse, cayó la recaudación tributaria y la inversión pública, se deterioraron las balanzas comerciales y se incrementó notablemente el déficit fiscal que licuó las reservas internacionales de los países latinoamericanos.
Golpeados por la crisis económica y otros factores gradualmente los líderes populistas comenzaron a retirarse del escenario político regional. Algunos debieron hacerlo por imposición de la biología, Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Fidel Castro. Otros por que así lo impuso la realidad política y el marco institucional de su país: Lula da Silva, Ollanta Humala, Cristina Kirchner y Rafael Correa.
Por último, están los que fueron expulsados de sus altas posiciones mediante juicios políticos como Fernando Lugo o Dilma Rousseff.
Los últimos exponentes del “socialismo del siglo XXI” no están pasando por un buen momento. Por un lado enfrentan el repudio, en ocasiones violento, de sus pueblos, por el otro viven en un marcado aislamiento internacional.
Para sobrevivir en sus cargos se ven forzados a reprimir y perseguir toda expresión opositora, en especial a la proveniente de la prensa independiente, al tiempo que cambian las reglas de sistema institucional democrático al sólo efecto de poder perpetuarse en el poder.
Un claro ejemplo de esta situación son los intentos de Evo Morales por aspirar a un cuarto mandato presidencial y así poder gobernar a Bolivia por veinte años consecutivos.
Al asumir la presidencia por primera vez Evo Morales, en 2006, la constitución boliviana prohibía la reelección. En 2009, el líder cocalero modificó el texto constitucional para lograr una segunda presidencial. El nuevo texto marca claramente la posibilidad de una única reelección consecutiva, sin embargo, Evo Morales logró ser reelecto en tres ocasiones. Pero, esto no es suficiente para Morales.
Para burlar la limitación constitucional a la reelección indefinida, Evo Morales apeló a la realización de un referéndum para aspirar a un cuarto mandato consecutivo por medio de una nueva enmienda constitucional.
La consulta popular se implementó el 21 de febrero de 2016 y el pueblo se expidió en contra del presidente. Los escándalos de corrupción dentro del gobierno boliviano, en especial el protagonizado por el ex ejecutiva de una empresa constructora china, Gabriela Zapata, vinculada sentimentalmente a Morales, enjuiciada y sentenciada en 2017 a una pena de cárcel por tráfico de influencias, fue una de las causas del rechazo a la reelección presidencial.
Morales no aceptó la voluntad popular y apeló al Tribunal Constitucional Plurinacional, formado por jueces designados durante su gestión. El máximo tribunal que excedió sus facultades procedió a suprimir los artículos de la constitución que prohibían las dos reelecciones consecutivas argumentando que violaban el Pacto de San José, de 1969, que estableció la Convención Americana de Derechos Humanos. Una argumentación que muchos juristas encuentran cuando menos dudosa.
En diciembre de 2018, fue el Tribunal Supremo Electoral el organismo que legalizó la postulación presidencial de Morales pese al rechazo de intelectuales, políticos, comunidades indígenas y un amplio sector de la población.
El expresidente Carlos Mesa, el precandidato presidencial con mayor expectativa de votos en las encuestas, se expidió categóricamente señalando: “Este es un golpe mortal a nuestra democracia, porque se ha habilitado al hombre que tiene todos los poderes en su mano.”
No sólo los bolivianos expresan su preocupación por las amenazas que se ciernen sobre la democracia y los derechos humanos en Bolivia.
Veinte expresidentes iberoamericanos, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) se han dirigido a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea solicitando que estos organismo internacionales “mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la Presidencia de Evo Morales.”
IDEA es una organización que denuncia abusos de poder y demanda el respeto a los derechos humanos y políticos en la región. La petición contra Evo Morales fue firmada entre otros exmandatarios por José María Aznar (España), Fernando de la Rúa (Argentina), Vicente Fox (México), César Gaviria (Colombia), Felipe González (España) y Jorge Quiroga (Bolivia).
Morales, reaccionó con indiferencia al llamado internacional acusando a los ex presidente de representar al capitalismo y defender al imperio.
La reacción de los gobiernos de la región al claro deterioro de la legalidad democrática en Bolivia ha sido por demás tibia.
América Latina aún no ha cerrado las heridas provocadas por los escándalos de corrupción que estallaron en diversos países (Mensa lao, Lava Jato, Odebrecht, los cuadernos del kirchnerismo, etc.), tampoco la economía de la región se ha recuperado lo suficiente.
Esto hace que los gobiernos latinoamericanos otorguen prioridad a los problemas internos y orienten su política exterior a la captación de inversiones más que a la lucha por la preservación de la democracia en la región.
Es así como logran perpetuarse dictadores como Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Evo Morales.
