El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y la narcoguerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se ha presentado ante el mundo como un gran logro en favor de la paz.
De hecho, le reportó al presidente Santos obtener el premio Nobel a la Paz y a los narcoterroristas pasar a convertirse en políticos legales y “democráticos”. Todo ello sin realizar una mínima autocrítica, expresar arrepentimiento por sus crímenes o entregar el cuantioso botín acumulado en décadas de tráfico de drogas, extorsiones, robos y saqueos.
Pero ha hecho muy poco en favor de la auténtica pacificación de Colombia.
Como ocurrió con la “desmovilización” de los paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y otras denominaciones similares, sus integrantes no abandonaron las actividades ilegales, en especial las acciones guerrilleras y el tráfico de drogas.
Los líderes históricos de las FARC, que controlan los contactos políticos internacionales (especialmente con Cuba y Venezuela), además del dinero ilícito oculto en paraísos fiscales, tienen la posibilidad de alcanzar un “retiro dorado” como políticos. Incluso pueden soñar como Timochenko en convertirse en presidente constitucional de Colombia en mayo de 2018.
Pero, esa alternativa no existe para el grueso de los jóvenes combatientes que no poseen educación, ni un oficio y que, además, no cuentan con la asistencia política y financiera de la organización que los reclutó y los convirtió en terroristas.
Para la mayoría de los combatientes de los grupos de narcoguerrilleros colombianos, como las FARC y el ELN, el único modo de vida que conocen -y en el que son eficientes y se sienten cómodos- es la “lucha armadas” y el tráfico de drogas.
Es por ello por lo que muchos guerrilleros simplemente apelan al “cambio de brazalete”, es decir a pasar de una organización que se desmoviliza a otra que sigue “combatiendo”, o a crear su propia banda criminal (Bacrim) para continuar con sus actividades de narcotráfico.
Es así como, a un año de la firma de los Acuerdos de Paz, entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder de las FARC, se han formado quince nuevas organizaciones narcoterroristas integradas por sus ex miembros. A estas nuevas organizaciones, se las conoce como “disidencias de las FARC” o “Grupos Armados Post Desmovilización” (GAPD).
Las tres más grandes operan en el Guaviare, Tumaco y el Cauca. Los doce GAPD restantes son grupos más pequeños formados en muchos casos por un par de decenas de combatientes. En conjunto, las “disidencias de las FARC” tienen presencia en cuarenta y tres municipios de Colombia.
La presencia de estos grupos explica que continúen los desplazamientos masivos y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes en las áreas rurales. En 2017, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Consejo Noruego para los Refugiados, el número de personas desplazadas fue de 139.359, lo que constituye un 32% más que en 2016.
Antes de la desmovilización las FARC actuaban en 243 municipios de Colombia, hoy las disidencias sólo ocupan 43 de ellos. Por lo tanto, hay numerosos municipios antes afectados por la actividad narcoguerrillera que actualmente constituyen “espacios vacíos”. Una ley de la física indica que todo espacio libre tiende a ser ocupado. Esto mismo ocurre con el narcotráfico. La organización más grande no desaparece totalmente, sino que se comportan en forma similar a una gota de mercurio al caer al piso, primero se fragmenta en múltiples grupos pequeños. Luego, los fragmentos se adhieren a otras organizaciones existentes o terminan por reagruparse formando una nueva entidad más grande. Veamos un ejemplo de este proceso.
EL RESURGIR DEL EPL
Un claro ejemplo de este proceso es el resurgir del Ejército Popular de Liberación. En 1983, el Ejército Popular de Liberación, brazo armado del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), estableció en Catatumbo, al Norte de Santander, el “Frente Libardo Mora”.
El Catatumbo es una extensa región selvática del Departamento Norte de Santander que tradicionalmente ha sido una de las más atrasadas del país y su territorio abarca los municipios de Convención, El Carmen, Hacari, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama.
En 1991, el PCC-ML y su brazo armado el EPL negociaron con el gobierno colombiano dejar la lucha armada. En ese momento, trece estructuras que respondían al fundador del EPL, “Francisco Caraballo” continuaron combatiendo. Entre ellas se encontraba el “Frente Libardo Mora”, inicialmente conducido por un campesino convertido en líder guerrillero, Hugo Carvajal.
Hasta 2005, el Frente Libardo Mora era tan sólo una pequeña organización guerrillera. En ese entonces pasó a involucrarse en el narcotráfico y gradualmente a convertirse en una entidad narcoterrorista que reivindicaba para sí la denominación de PCC-ML.
Actualmente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos insiste en negarle al Frente Libardo Mora la condición de organización política que lleva a cabo la lucha armada. Lo considera tan sólo otra banda criminal a la que denomina “Los Pelusos”.
Los cierto es que el PCC-ML y su brazo armado el EPL, o la bacrim “Los Pelusos”, opera en once municipios del Departamento Norte de Santander, reúne a unos cuatrocientos combatientes y está expandiendo sus actividades en el territorio donde antes actuaban los guerrilleros de las FARC.
Para justificar su condición de “organización político militar”, el EPL edita el antiguo periódico clandestino “Revolución”, ponen pasacalles y distribuyen panfletos de consignas y propuestas políticas.
En el plano militar mantiene fluidos vínculos con el Frente de Guerra Nororiental de la organización narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional y con los restos del Bloque Magdalena Medio de las FARC.
Sus actividades en el narcotráfico se centran en exportar cocaína a los Estados Unidos y Europa, especialmente a través de México en asociación con el Cartel de Sinaloa.
Es por ello, que el gobierno colombiano la considera tan sólo una organización de narcotraficantes más dedicada exclusivamente a esa actividad delictiva.
En respuesta, la dirección del Frente Libardo Mora coloca minas antipersonales y suele atacar con disparos de francotiradores a los policías y militares que combaten el narcotráfico, mientras afirma ser una “guerrilla política militar” con base social.
Al parecer, el reconocimiento de “Los Pelusos” como una entidad política y no simplemente delictiva, abriría a los narcoterroristas la posibilidad de llegar en el futuro a un acuerdo de impunidad a cambio de la desmovilización. En forma similar al acuerdo alcanzado por el liderazgo de las FARC.
Por el momento, al menos parece que la paz es algo muy lejano en Colombia.
