El nominado, un abrogado republicano de 50 años, que se ha especializado en casos que involucran delitos de cuello blanco, con larga experiencia, tanto como litigante como dentro de la burocracia del Departamento de Justicia, de nombre Christopher A. Wray.
El abogado Christopher Asher Wray, nació en la ciudad de Nueva York, el 17 de diciembre de 1966. Su padre Cecil Wray Jr. era también un abogado litigante de la firma Debevoise & Plimpton y su madre, Gilda Gates Wray trabajaba para la Fundación Charles Haydeen.
Wray comenzó sus estudios en un colegio privado, Phillips Academy, en Andover, Massachusetts. En 1989, Wray se graduó cum laude en la Universidad de Yale y como abogado en la Escuela de Derecho de Yale, en 1992, donde fue redactor ejecutivo del Yale Law Journal.
Una vez recibido, trabajó brevemente para el juez J. Michael Lutting, en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito.
Entre 1993 y 1997 trabajó como abogado para la firma legal Kings & Spalding, en la ciudad de Atlanta.
En 1997, ingresó a justicia como asistente de Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia.
En 2001, se trasladó al Departamento de Justicia como subprocurador asociado y principal procurador general adjunto.
En 2003, el presidente George W. Bush propuso a Wray como asistente del fiscal general para dirigir la División Criminal del Departamento de Justicia. Su nominación fue aprobada por unanimidad en el Senado.
Como jefe de la División Criminal combatió la ola de escándalos por fraudes corporativos y trabajó para restaurar la integridad a los mercados financieros. Sirvió también en la “Fuerza de Tareas de Fraude Corporativo” del presidente y supervisó el Grupo de Trabajo para Enron.
Desde esa posición dirigió investigaciones, procesamientos y desarrollo políticas en casi todas las áreas del derecho penal federal, incluyendo fraudes en valores, fraude de salud, ley de prácticas corruptas en el extranjero y violaciones a las sanciones comerciales, corrupción, piratería de marcas y de propiedad intelectual, cibercrimen y ley RICO.
También cumplió un papel clave en la supervisión de la guerra contra el terrorismo.
Al concluir su mandato, en 2005, Wray recibió el Premio Edmund J. Randolph, el mayor premio otorgado al servicio público.
Mientras Christopher A. Wray se desempeñaba como procurador general adjunto, entre 2003 y 2005, el hoy destituido ex director del FBI, James Comey era el procurador general adjunto y el hoy asesor especial del Departamento de Justicia para la investigación del papel de Rusia en las elecciones de 2016, Robert Mueller, era director del FBI, cargo para él está nominado Wray.
Actualmente, los tres altos funcionarios y abogados prestigiosos se vuelven a reunir en el centro del tablero, aunque en posiciones muy distintas.
Después de dejar la función pública, Wray retornó a la firma jurídica Kings & Spalding para llevar adelante casos de delitos de cuellos blanco. Allí dirigió el Grupo Kings & Spaling para Investigar Temas Especiales y Prácticas Gubernamentales, considerado el “grupo legal sobre crímenes de cuello blanco” del año por Law360 y fue denominado “la firma principal en esta área de práctica legal” por US News & Word Report.
Wray tuvo como clientes a muchas de las empresas que figuran entre las 100 mayores de la lista elaborada por la revista Fortune.
Durante su etapa como litigante en Kings & Spalding, Wray actuó como abogado personal del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, durante el escándalo en Bridgegate, provocado por el cierre de carriles en el puerto George Washington, en 2013, como medio de atacar a los opositores políticos.
Si bien Christie fue declarado inocente, dos de sus colaboradores fueron condenados y la actuación de Wray fue cuestionada, después de que dos años más tarde, apareció en su poder un teléfono perteneciente a Christie, buscado durante el juicio.
El principal problema para la candidatura de Wray al FBI es que la firma Kings & Spaldins, que emplea unos 600 abogados, entre ellos Bobby Burchfield quien se desempeña actualmente como asesor de ética del presidente Trump; es que entre sus clientes se cuentan las grandes empresas estatales rusas Rosnefl y Gazprom. Nuevamente, los vínculos con Rusia aparecen en segundo plano.
Si bien Wray presenta buenas credenciales para ocupar el cargo de director del FBI, falta saber si esta opinión es compartida por la mayoría de los senadores o pesarán más las sospechas sobre Kings & Spalding y el affaire Bridgegate.
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