En Brasil existen varios centenares de organizaciones criminales. La mayoría de ellas son muy pequeñas y poco sofisticadas. Se trata de bandas más o menos numerosas y estables, por lo general son organizaciones poco sofisticadas, que controlan los delitos en un barrio o en una favela. Otras son grupos más grandes y complejos que operan en regiones más amplias, ciudades enteras o incluso todo un Estado de Brasil.
Sin embargo, solo dos de estas organizaciones operan a nivel nacional, cuentan con abundantes recursos financieros y humanos y disponen de una compleja logística. Se tratan del Comando Vermelho y del Primer Comando de la Capital. Ambos se gestaron en las cárceles brasileñas y luego expandieron su accionar a todos los rincones del país.
La segunda de estas organizaciones, el PCC, es un grupo criminal más poderoso de Brasil con abundantes contactos internacionales que ahora parece querer expandir sus negocios al resto de los países del MERCOSUR.
ORIGEN DEL PCC
El PCC se constituyó, el 31 de agosto de 1993, en el infame Anexo de la Casa de Custodia de Tubaté, situado a unos 130 kilómetros de la ciudad de Sâo Paulo. Este penal es conocido como el piranhao porque ahí “Las pirañas se comen unas a otras”. Tras una serie de denuncias por torturas y para congraciarse con los presos, el director del presidio autorizó ese día un partido de futbol entre el Comando Caipira, formado por presos del interior del Estado paulista, y el Primer Comando de la Capital, constituido por reclusos provenientes de la ciudad de Sâo Paulo. Lógicamente, había mucha tensión entre los rivales. Un testigo relató que los reclusos se gritaban “me voy a comer tus ojos o me voy a beber tu sangre”. Cuando comenzó el partido, José Márcio Felício, alias “Gelaiâo” -un recluso de 1,90 de estatura y 130 kilos de peso-, se lanzó sobre un rival, lo sujetó de la cabeza y le quebró el cuello. En segundos se le unieron Cesinha, Baianao, Cara Gorda, Esquisito, Bicho Feio y Paixao. “Si nos tocan, el PCC va a responder con todo lo que podamos”, gritaron. Se había constituido la organización criminal más importante del MERCOSUR.
El grupo fundador estuvo formado por Misael Aparecido da Silva, el “Misa”, Wander Eduardo Ferreira, el “Eduardo Cara Gorda”, Antonio Carlos Roberto de la Pasión, lo “Pasión”, Isaías Moreira del Nacimiento, el “Isaías Raro”, Ademar de los Santos, el “Dafe”, Antonio Carlos de los Santos, el “Bicho Feio”, César Augusto Roris da Silva, el “Cecina”, y José Márcio Felício, el “Geleiâo”. De los ocho miembros fundadores, seis murieron violentamente y los dos restantes están apartados de las operaciones del grupo.
El PCC adoptó el mismo lema que el carioca Comando Vermelho: “Paz, Justicia y Libertad” y la sigla 15-3-3 formada por la ubicación de las letras P-C-C en el alfabeto portugués. Como representación gráfica adoptó el símbolo chino del equilibrio “ying-yang”, a negro y blanco, porque pretendía “equilibrar al bien y el mal con sabiduría”.
El objetivo inicial del PCC, que en un comienzo también se denominó Partido del Crimen, pretendía “combatir la opresión dentro del sistema penitenciario paulista” y “para vengar la muerte de los 111 presos”, el 2 de octubre de 1992, en la “masacre del Carandiru”, cuando la Policía Militar mató a reclusos en el pabellón 9 de la extinta Casa de Detención de Sâo Paulo.
El primer líder del PCC, fue Idemir Carlos Ambrosio, lo “Sombra”, quien se hizo célebre en febrero de 2001, al organizar y coordinar por teléfono celular rebeliones simultáneas en 29 presidios paulistas, que dejaron un saldo de 16 muertos. Cinco meses más tarde, Sombra era ultimado a palos por varios miembros del PCC en una disputa por el control de la organización. El PCC comenzó entonces a ser liderado por “Geleiâo” y “Cesinha”, responsables por la alianza del grupo con el carioca Comando Vermelho.
“Geleiâo” y “Cesinha” comenzaron a organizar atentados violentos contra edificios públicos a partir del Complejo Penitenciario de Bangu, donde se encontraban detenidos. Considerados demasiado extremistas por otro grupo de miembros del PCC más moderado fueron expulsados del grupo en noviembre de 2002 cuando el control del grupo pasó a su actual líder Marcola.
Marcola
Marcola en ese entonces tenía treinta y ocho años y había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Creció, como otros delincuentes, en el seno de una familia muy pobre de una favela. Comenzó su carrera delictiva como “carterista” en el centro del Sâo Paulo. Su primera condena le fue aplicada a los dieciocho años. Terminó su escuela primaria en la cárcel donde también parece haber adquirido una gran pasión por la lectura.
A lo largo de su vida criminal, Marcola se fugó en cuatro ocasiones de la prisión. A través del tiempo se fue especializando en el robo de bancos y transportes de caudales. Su golpe más exitoso, en 1995, le reportó nueve millones de reales –más de cuatro millones de dólares- al asaltar un local de “Transbank” una empresa transportadora de caudales. Después de este atraco se refugió en Paraguay durante un año. Las autoridades brasileñas lo detuvieron en 1997, al regresar a Sâo Paulo, y desde entonces permanece detenido en la cárcel donde cumple una condena de 39 años y once meses.
Marcola habría ordenado, entre otros crímenes, el asesinato en 2003, del juez – corregidor Antonio José Machado Días, el “Machandinho”, quien dirigía el Centro de Readaptación Penitenciaria –CRP- sito en la localidad de Presidente Bernardes, a 589 kilómetros de Sâo Paulo. El CRP era una de las prisiones más rigurosas del Brasil y donde los miembros del PCC temían ser transferidos debido a que debían pasar en confinados en sus celdas hasta 23 horas sin periódicos, revistas, radio o televisión.
En diciembre de 2006 fue autorizado a contraer matrimonio con Cynthia Giglioli da Silva, una estudiante de derecho de 29 años. Anteriormente, Marcola estuvo casado con la abogada Ana María Olivatto, asesinada, en el año 2002, de dos disparos en la cabeza por sus enemigos.
SINDICATO CRIMINAL
El PCC está organizado en base a un “Estatuto” de dieciséis artículos, que se distribuyó en los penales para su discusión en 1996 y que un año más tarde apareció publicado en el Diario Oficial de Sâo Paulo. Irónicamente daba como “dirección legal” de la organización el penal de Carandirú, en ese entonces la cárcel más grande de Sudamérica, que fuera dinamitado en 2002.
El capítulo primer propiciaba que “la lealtad, el respeto y la solidaridad estarán por encima de todo”.
El segundo defendía “la lucha por la libertad, la justicia y la paz”, lema que fue pintado en los penales que se rebelaron en el año 2001 y también durante la rebelión de mayo de 2006.
El cuarto destacaba la obligación de “aquellos que estén en libertad a contribuir con los hermanos dentro de la prisión por medio de abogados, dinero, ayuda a los familiares y acciones de rescate.”
El sexto dictaba que “el partido está por encima de los conflictos personales” y el decimoprimero justificaba la existencia de la organización en “la lucha descomunal e incansable contra la opresión”.
El PCC más que una banda de criminales funciona como un “sindicato de delincuentes”. Los miembros presos deben pagar una cuota de protección mensual de unos veinticinco dólares y de hasta doscientos cincuenta dólares si están en libertad. Algunas estimaciones aseguran que a conducción del PCC cuenta con reservas de más de cincuenta millones de dólares.
Para formar parte del PCC, lo que implica convertirse en un “hermano”, un delincuente debe ser “bautizado”. Es decir, presentado por un miembro aceptado de la organización quien pasa a constituirse en garante de la fidelidad del nuevo miembro. El novato suele ser también sometido a pruebas para evaluar su valor y subordinación a las órdenes del PCC.
Los líderes del PCC, desde sus lugares de detención, controlan el tráfico de drogas en las favelas, ordenan la compra de armas y organizan acciones delictivas de gran impacto. Pero también realizan acciones de ayuda social para los reclusos. Fletan autobuses para que los familiares de sus miembros puedan concurrir a los penales. Distribuyen bolsones con alimentos entre los presos, organizan fiestas en las cárceles o compran juguetes para que los internos entreguen a sus hijos los días de visita. Además, organizan la asistencia jurídica a los reclusos, contratan a los mejores abogados dispuestos a ponerse a su servicio, compran equipos de televisión para la cárcel –indispensables para seguir los partidos de futbol-, etc.
El PCC es un real factor de poder en el mundo criminal de Brasil. Muchos directores de penales deben negociar con sus líderes para poder mantener el penal bajo control sin demasiados incidentes. En ocasiones, los guardias no pueden ingresar al interior de los pabellones sin pactar antes con los reclusos que cantidad de guardias van a ingresar y que tipo de actividad van a llevar a cabo dentro del mismo. Cualquier trasgresión a lo pactado puede desembocar en un sangriento motín que inmediatamente se propaga por otros penales y provoca retaliaciones en forma de ataques a oficinas públicas, estaciones de policía y hasta vehículos de transporte público.
Así ocurrió el 12 de mayo de 2006. En esa fecha la violencia criminal desatada desde los penales paulistas azotó por cinco días el estado de Sâo Paulo provocando la muerte de 40 policías, 89 reclusos y 4 transeúntes, el incendio de 82 ómnibus, una estación de metro y 17 instituciones bancarias atacadas. Simultáneamente, se efectuaron motines en 93 de las 140 prisiones del Estado paulista.
La violencia carcelaria se desató luego de que los líderes del PCC se enteraron de una reunión confidencial entre policías y un grupo de legisladores para planificar el traslado de la cúpula de esta organización y otros setecientos sesenta y cinco presos a dos prisiones de máxima seguridad, una situada en la localidad de presidente Venceslao, a 620 kilómetros al oeste de Sâo Paulo y la otra en la zona norte del Estado.
La violencia sólo cesó después de una negociación secreta del gobierno paulista con la cúpula del PCC. Aunque las autoridades niegan haber efectuado cualquier acuerdo con los presos amotinados.
Los ataques de los criminales provocaron el temor de los habitantes de Sâo Paulo, pero la actitud de las autoridades al establecer una negociación con estos llenó de indignación al país. El diario “O Estado de Sâo Paulo” publicó un lapidario editorial donde señaló “La sociedad es rehén del crimen organizado pues ha prevalecido una absurda complacencia con los criminales, que se traduce en indultos y otros beneficios”.
El poder del PCC se basa en las condiciones inhumanas de hacinamiento y violencia que imperan en las cárceles de Brasil y de toda la región, que lejos de aislar a la sociedad de sus presos más peligroso, se han convertido en bases del crimen organizado donde se recluta y entrena a sus miembros y desde donde de planifican y organizan los crímenes más violentos ante la impotencia de las autoridades.
PRESENCIA EN EL MERCOSUR
Las autoridades policiales de los países del MERCOSUR afirman que en la última década se ha detectado una creciente presencia de los grupos criminales brasileños PCC y Comando Vermelho en la región.
PARAGUAY
La mayor presencia, pero no la única, la registran en Paraguay, donde las autoridades reconocen la existencia de al menos unos quinientos criminales brasileños afiliados al PCC en territorio paraguayo y otros cincuenta miembros del grupo presos en cárceles paraguayas.
La presencia de estos delincuentes brasileños se registra especialmente en áreas fronterizas de Ciudad del Este y de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
El líder del PCC en Paraguay sería un criminal conocido como “Gegé do Mangue”, fugitivo de la justicia brasileña.
El 4 de noviembre de 2013, por ejemplo, miembros de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) capturaron, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a cuatro miembros del PCC en posesión de gran armamento y drogas. Los cuatro eran buscados en su país por cargos de narcotráfico por lo cual fueron extraditados al Brasil.
EL ATAQUE A PROSEGUR
El hecho que llevó a las autoridades de seguridad de los países del MERCOSUR a hacer públicas sus preocupaciones por las crecientes actividades criminales del PPC en la región fue el ataque armado perpetrado contra las instalaciones de la empresa PROSEGUR en Ciudad del Este, una importante población paraguaya, situada en el corazón de la sensible “Triple Frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay, ocurrido el 24 de abril de 2017.
En esa ocasión, entre 50 y 60 atacantes armados con fusiles AK-47, explosivos de alto poder, lanzacohetes y sofisticado armamento para tiradores de élite, atacaron las instalaciones locales de la mayor empresa privada de seguridad del mundo.
En el local de PROSEGUR existía una bóveda bancaria blindada rodeada por las más sofisticadas medidas de seguridad donde se guardaban importantes fondos. Nunca se aclaró el monto exacto del dinero guardado en la bóveda y a quien pertenecía. Este hecho generó inmediatamente la sospecha de que en su mayoría se trataba de fondos ilícitos o que se guardaban allí para posibilitar, como mínimo, la evasión fiscal a sus propietarios.
Los atacantes operaron aplicando fuerza extrema y evidenciando un alto grado de instrucción para el combate y muy buena coordinación técnica.
El ataque se prolongó por más de tres horas en que los agresores emplearon bombas incendiarias del tipo denominado “coctel Molotov”, artefactos lanza clavos abrojo (conocidos como “clavos miguelito”), también emplearon artefactos explosivos más sofisticados para detonar a control remoto para detonar 16 vehículos cargados de explosivos, colocados estratégicamente para aislar la zona del atraco y desviar la atención de las autoridades.
También situaron francotiradores para asegurar el control del perímetro que rodeaba el local de PROSEGUR. Los asaltantes detonaron explosivos en la bóveda en seis oportunidades hasta poder abrirla y hacerse con el dinero allí guardado. En un comienzo se habló de que los ladrones habían escapado con un botín de cuarenta millones de dólares, luego esta cifra fue disminuyendo en las informaciones posteriores hasta alcanzar la cifra de tan sólo ocho millones.
Pero, sin duda, la cifra fue muy grande porque los asaltantes abandonaron en la bóveda el dinero depositado en moneda paraguaya y sólo robaron el dinero en dólares estadounidenses.
Los asaltantes, distribuidos en distintos grupos, escaparon del lugar, la mayoría se dirigió a la frontera con Brasil. En dos de los automóviles en que fugaron, los criminales ataron sobre el capó a guardias de PROSEGUR para cubrirse de los disparos de las fuerzas de seguridad.
En su fuga, los asaltantes prófugos se enfrentaron a la policía brasileña en la localidad limítrofe de Foz de Iguazú. Allí murieron tres sospechosos y otros cuatro resultaron heridos y capturados.
En varios operativos posteriores, las autoridades paraguayas y brasileñas capturaron un total de 12 personas sospechosas de haber participado en el ataque y recuperaron U$S 1.172.000.
Posteriormente, el 30 de mayo de 2017, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), del Paraguay, desarticulo una red aérea para el tráfico de drogas organizada por el PCC que operaba por valor de unos 3,5 millones de dólares al mes. En la operación decomisaron 513 kilogramos de cocaína y un avión que los narcotraficantes empleaban en sus operaciones.
TAMBIÉN EN BOLIVIA
Otra evidencia de la expansión de las actividades del PCC en los países del MERCOSUR fueron el ataque tipo comando llevado a cabo contra un vehículo transporte de caudales de la empresa privada de seguridad Brinks, en una ruta a Roboré en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, efectuado el 30 de marzo de 2017.
Los asaltantes, que hablaban con acento brasileño, emplearon explosivos y fusiles AK-47 para robar U$S 1.300.000.
Durante la fuga, los atacantes cubrieron su repliegue con francotiradores y empleando drones para controlar el despliegue y los controles policiales.
EN ARGENTINA
Las actividades del PCC en Argentina también son de larga data. Actualmente, están detenidos en penales argentinos cuatro miembros de este grupo criminal, una mujer y tres hombres, cumpliendo condena.
El 26 de mayo de 2017, se difundió un “parte de inteligencia criminal” proveniente de la Policía de Corrientes que alertaba sobre el ingreso al territorio de esa provincia de un grupo de personas pertenecientes a este grupo criminal brasileño.
La información causó gran inquietud y pronto las autoridades nacionales se apresuraron a negar la información y calmar los ánimos, aunque persistió la idea de que algo había de verdad en esta versión.
CONCLUSIONES
Las evidencias muestran que los grupos criminales brasileños han expandido sus operaciones a los países del MERCOSUR tomando como base la región de la Triple Frontera.
El Primer Comando de la Capital, lleva años instalado en la región y creando una extensa red de contactos y locales para desarrollar las operaciones de mayor envergadura que hoy se aprecian.
El PCC pretende triangular la cocaína boliviana y la marihuana paraguaya para convertirse en la mayor organización de narcotráfico del Cono Sur de América Latina y aprovechar los mercados consumidores de Argentina, Brasil y Uruguay.
