Por el Dr. Adalberto C. Agozino
El Estado plurinacional de Bolivia ha entrado en una crisis económica e institucional, producto del habitual agotamiento del modelo populista latinoamericano, con un final incierto.
El modelo populista boliviano ha cumplido el habitual ciclo de dispendio desenfrenado, malas inversiones y corrupción. Ahora enfrenta las inevitables consecuencias de estás políticas.
El populismo llegó a Bolivia en 2006, cuando el líder cocalero Evo Morales se convirtió en presidente. El país inició una época de prosperidad aprovechando los altísimos precios de las materias primas que exportaba.
Además, la economía del país del Altiplano se veía beneficiada con la exportación de sus pobres y la recepción de las remesas que envían los emigrantes. La población de Bolivia es de algo más de 12 millones de habitantes. Según Naciones Unidas, los bolivianos distribuidos por el mundo son 870.000, pero esta cifra está superada en todas las estimaciones reales que hablan de siete millones de bolivianos residiendo en el extranjero.
La mayor cantidad de emigrantes bolivianos reside en Argentina. Según el censo argentino realizado en 2022 los bolivianos residentes serían 345.000. Pero esta cifra posiblemente refleje tan solo los bolivianos con residencia legal en Argentina, porque la Federación de Asociaciones Bolivianas (FACBOL) estima entre 2 y 3 millones los bolivianos que viven en el país del Plata. Tan sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano residirían 1,5 millones de bolivianos.
Luego siguen, como importantes receptores de migración boliviana: los Estados Unidos y España en ese orden.
La gran mayoría de los miembros de la colectividad boliviana son gente sumamente trabajadora dedicados a la producción y comercialización de productos de huerta en los medios rurales y en las ciudades a trabajar en la industria textil y de la construcción. Sin embargo, también es necesario destacar que muchos son beneficiarios de planes sociales (subsidios del Estado argentino) y una minoría están ligados al narcotráfico.
En Bolivia, la etapa de prosperidad, entre 2006 y 2014, fue desaprovechada con dispendiosos gastos sociales, inversiones caprichosas e improductivas y corrupción, mucha corrupción.
Ejemplo de este despilfarro fueron los U$S 127,7 millones de dólares saqueados del fondo indígena, las construcciones inservibles como un museo para el presidente Morales, la Villa Olímpica de Cochabamba o comprar las conciencias de empresarios, periodistas y “otras yerbas”.
Entre 2014 y 2019, durante el gobierno de Evo Morales, cuando Luis Arce oficiaba de ministro de Economía y Finanzas, se gastaron o invirtieron U$S 8.625 millones de dólares de las reservas del país, que a comienzos de 2014 alcanzaban a U$S 15.500.- millones y constituían casi la mitad del PBI boliviano.
La crisis actual se desató por problemas políticos en Santa Cruz, el motor industrial y agroganadero del país, el creciente déficit fiscal y el enorme presupuesto estatal, donde los bolivianos deben pagar por funcionarios y empresas públicas totalmente deficientes e inútiles, que en lugar de mejorar y simplificar la vida de los ciudadanos la empeoran.
Aunque, por el momento, la economía de Bolivia debería ser estable; porque la inflación interanual de 2022 fue de tan solo 3% la menor de América Latina, la cotización del dólar de 6,89 era estable desde 2011 y alrededor del 90% de los depósitos y créditos están nominados en la moneda nacional.
Sin embargo, las reservas del Banco Central de Bolivia, que el 24 de enero de 2023 se habían reducido a 620 millones, pasaron a ser de tan solo 372 millones el 8 de febrero. Arce espera que Argentina pague una deuda de 600 millones de dólares generada por sus compras de gas natural, algo muy poco probable debido a los problemas de reservas en dólares que también enfrenta el gobierno de Alberto Fernández.
Después de años en que los ingresos provenientes de las exportaciones de gas cimentaron la prosperidad de Bolivia, el hecho que detonó la actual crisis del modelo populista boliviano ha sido el incremento de las importaciones de combustibles, que en 2022 llegaron a ser de U$S 4.200.- millones de dólares, el 32% de las importaciones totales. Al mismo tiempo, las exportaciones de gas solo fueron de U$S 3.400.- millones de dólares, lo que convirtió a Bolivia, después de muchas décadas, en importador de hidrocarburos. Debido en gran medida al agotamiento de yacimientos que redujo la producción de gas a un tercio de lo que generaban en 2014.
Como reflejo de la crisis actual, la calificadora de riesgo estadounidense JP Morgan que en enero situaba el riesgo país de Bolivia en los 564, sesenta días más tarde lo sitúa por encima de los 1.000 puntos. Mientras que Fitch Rating disminuyó las calificaciones de incumplimiento de emisor de largo plazo para moneda extranjera y local de “B” a “B-“, pasó de la calificación de “estable” a “negativa” y reveló que el gobierno había empleado los Derechos Especiales de Giro (DEG).
El Banco Central se vio obligado a vender dólares al cambio oficial porque los bancos privados no los tenían, pero solo en cantidades reducidas e insuficientes (hasta U$S 500.- por persona y por única vez) y solamente en la ciudad de La Paz, lo que provocó que en el resto del país surja una cotización más alta, constituyendo una devaluación de facto, después de once años de cambio fijo.
Al mismo tiempo, se produjo un brusco retiro de fondos de los ahorristas del Banco Fassil (sospechado de estar formado por capitales venezolanos y argentinos) y se formaron colas, desde las 4.00 horas de la mañana, en las puertas de todos los bancos en la ciudad de Santa Cruz.
La falta de dólares es un problema que paraliza las actividades informales, que en Bolivia constituyen el 85% de la actividad económica. Los trabajadores y pequeños comerciantes informales son en esencia contrabandistas que traen productos de los países vecinos.
Los importadores legales de insumos industriales deben formar las mismas colas con los contrabandistas y no pueden pedir montos mayores. Durante el año 2022, las importaciones bolivianas demandaron 13.049 millones de dólares a un promedio de 1.087 millones por mes.
La oposición
Mientras se incrementan los problemas económicos, el presidente Luis Arce enfrenta una enconada disputa por el poder con su antiguo mentor Evo Morales quien lo acusa de corrupto y con la oposición. Arce y Morales han pasado del amor al odio, proporcionando un ejemplo más de que los gobiernos por procuración no acaban bien. Tal como pueden atestiguarlo: Lenin Moreno y Correa en Ecuador o Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina.
Las acusaciones de Morales aluden al hijo de Arce, que estaría haciendo una fortuna con las compras de combustibles que hace al exterior la empresa estatal del petróleo, YPFB, por las que paga a las empresas proveedoras elevadas “comisiones”. YPFB paga actualmente entre U$S 300 y 400 dólares de comisión a las empresas proveedoras por metro cúbico de gasolina o diésel importada, a pesar de que en 2021, esa comisión era solamente de U$S 13 dólares.
Los partidarios de Arce y de Morales, además intercambian frecuentes acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico y negociados en el manejo de la explotación del Litio que involucran a China y al millonario estadounidense Elon Musk.
Arce no ha dudado en aplicar mano dura a los opositores internos. La justicia está procesando a la expresidenta Jeanine Áñez por haber realizado un “golpe de Estado” destituyendo al entonces presidente Evo Morales, luego de que este implementara una elecciones consideradas fraudulentas por la OEA. Arce también ordenó el encarcelamiento bajo la acusación de terrorismo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y de al menos otros 130 presos políticos.
Las dos fuerzas opositoras “Comunidad Ciudadana”, que tiene como referente al expresidente Carlos Mesa y “Creemos”, liderado por Camacho, han hecho denuncias de persecución política tanto a nivel nacional como internacional.
Los problemas internacionales
También la política internacional populista del presidente Luis Arce enfrenta problemas. Arce instruyó a su embajador en Naciones Unidas para que apoye a Rusia en los debates sobre la invasión a Ucrania y se niega a condenar los crímenes de la dictadura de Nicaragua.
Además, Arce se ha recostado en sus vínculos con Cuba, Irán, el Nuevo Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.
En esta forma, la política exterior de Bolivia gira en torno a sus compromisos ideológicos y la margina de muchas naciones prósperas que podrían aportarle capitales, créditos y tecnología para su desarrollo.
Por otra parte, el gobierno de Luis Arce enfrenta tensiones en sus fronteras con Perú y Chile.
Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, cuando rompieron los últimos vínculos debido al reclamo boliviano de una salida al mar.
Bolivia reclama a Chile los 400 kilómetros de costa y 128.800 kilómetros cuadrados de territorio que Chile le arrebató durante la Guerra del Pacífico (1879 – 1884). Los límites internacionales actuales provienen del tratado de 1904, en el cual Bolivia, tras ser derrotada, debió ceder su Departamento del Litoral a Chile convirtiéndose en un país sin salida al mar.
Las actuales tensiones se deben al flujo de migrantes irregulares desde Bolivia a Chile. Un flujo continuo de unas 400 personas indocumentadas de diversos países que llegan a Chile a través de la frontera con Bolivia.
Las autoridades chilenas calculan que unas 21.553 personas ingresaron caminando a Chile el año pasado a través de Colchane, una comuna fronteriza en la norteña región de Tarapacá de 1.680 habitantes, situada a unos dos kilómetros del límite internacional.
Los migrantes indocumentados provienen en su mayoría de Venezuela, pero también de Colombia, Haití y El Salvador (incluso integrantes de organizaciones criminales, como las Maras, que buscan escapar a la persecución del gobierno Nayib Bukele).
El gobierno de Luis Arce expulsa a los caminantes del éxodo venezolano por ser críticos de Nicolás Maduro y de la revolución chavista.
Mientras que el gobierno de Gabriel Boric, que pretende “proteger su frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada”, recurre al procedimiento de deportar a los migrantes irregulares, pero choca con la negativa de los gobiernos de Venezuela y Bolivia de recibirlos.
El gobierno boliviano alega que no existe un acuerdo bilateral para la “reconducción de migrantes”. Por lo que, el vicecanciller boliviano Freddy Mamani ha señalado que “esos temas deben ser abordados con las autoridades de las nacionalidades de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos.”
Por el momento, el gobierno de Gabriel Boric ha enviado seiscientos militares a controlar la frontera con Bolivia y ha instalado cámaras térmicas y mejorado las comunicaciones satelitales para la detección a distancia de personas y para el monitoreo de la zona. Pero el diferendo sigue abierto.
Con Perú el conflicto se inició con el desplazamiento del presidente golpista Pedro Castillo y la instalación del gobierno presidido por Dina Boluarte. El nuevo gobierno peruano ha impedido el ingreso a su territorio de Evo Morales y cerró su frontera con Bolivia desde principios de enero.
El gobierno boliviano por su parte se niega a reconocer a Boluarte y demanda la liberación y restitución en el cargo del expresidente Pedro Castillo.
El cierre de la frontera común perjudica el comercio bilateral, pero, especialmente los flujos ilegales de pasta base de coca y de sulfato de cocaína que llegan de Perú a Bolivia regularmente, junto con oro de la minería ilegal.
Las cargas ilegales recorren el territorio de la provincia de peruana de Puno, desde el río amazónico Madre de Dios hasta las márgenes del lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Incluidos los embarques provenientes del Valle de los Ríos Apurimac, El Ene y Mantaro (VRAEM), donde opera el grupo narcoterrorista PCP- Sendero Luminoso controlando el negocio de la coca, la droga y el oro.
En Puno la mayoría de la población pertenece a la etnia andina aymará, muy extendida también en Bolivia, por lo cual la injerencia de los dirigentes cocaleros del Chapare boliviano que responden a Evo Morales y los llamados “Ponchos Colorados” del Movimiento al Socialismo, así como el tráfico de armas y municiones desde Bolivia han disparado las denuncias del gobierno peruano y de los parlamentarios de ese país que han advertido la presencia de ciudadanos bolivianos en las protestas.
Algunos de esos parlamentarios dijeron que los bolivianos enviados desde Chapare portan banderas llamadas Wiphala, hecha de cuadrados pequeños del color del arco iris, como las que usan las organizaciones LGTB a rayas, con los mismos colores.
Esa bandera fue proclamada como la “segunda bandera de Bolivia” por parte del gobierno de Evo Morales con el argumento de que representaba a los pueblos nativos de este territorio cuando llegaron los conquistadores, algo que los historiadores nacionales, peruanos y españoles han desmentido.
El gobierno y los políticos peruanos consideran la presencia de esa bandera indigenista como la prueba de la intromisión boliviana en las protestas. Se ha visto esa bandera incluso en Lima, entre los manifestantes que incendiaban edificios y atacaban a la policía. Por lo cual, Perú ha movilizado a sus tropas para custodiar la frontera con Bolivia.
En medio de la crisis se multiplican las voces que demandan la renuncia del presidente Luis Arce o su destitución por vía de un proceso revocatorio y el adelantamiento de las elecciones presidenciales que deberían realizarse en 2025. Este es el objetivo principal de Evo Morales y sus partidarios el MAS, el líder cocalero aspira a un cuarto mandato presidencial.
Por el momento la crisis recién parece estar comenzando y su final permanece abierto. Lo cierto es que Bolivia se suma al conjunto de países latinoamericanos donde el gobierno populista ha fracasado estrepitosamente al desquiciar la economía mientras sus dirigentes, sin saber cómo sacar al país de la crisis, se dedican a disputarse descarnadamente el poder.
