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Históricamente el peronismo ha tenido siempre una cierta obsesión con el Poder Judicial y en especial con la Corte Suprema de Justicia. Por tratarse de un movimiento político de carácter autoritario y caudillista siempre ha tenido problemas para adaptarse al sistema republicano y al orden constitucional.
En consecuencia, es la mayoría de los gobiernos peronistas han maniobrado para lograr una Corte Suprema que les fuera dicta y que les permitiera el control sobre los tres poderes del Estado.
Desde el inicio de su primer gobierno, en 1946, el general Perón anunció su intención de hacerse con el control de la Corte Suprema. En su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa que le tomó juramento. Uno de sus párrafos fue bien explícito: “Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público”.
Fue así como un mes más tarde, el 8 de julio de 1946, el diputado Rodolfo A. Decker, titular del bloque oficialista, presentó con su única firma el pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto.
Hecha la presentación, no era tan fácil encuadrar a los magistrados en alguno de los cargos previstos en el artículo 45 de la Constitución Nacional: “Mal desempeño; delitos en el ejercicio de sus funciones; crímenes comunes”.
Al rastrear antecedentes, el argumento más significativo se encontró en las acordadas de la Corte de 1930 y de 1943, de “legitimación de los gobiernos de facto”. Una acusación insólita porque el general Juan D. Perón participó activamente en ambos golpes de Estado y llegó al poder precisamente como heredero del golpe del 4 de junio de 1943. Precisamente en ese gobierno de facto Perón había acumulado nada menos que tres cargos con retención simultánea: la Secretaría de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente.
MAYORÍA AUTOMÁTICA
En 1990, otro presidente peronista, Carlos S. Menem recurrió al artilugio de incrementar el número de miembros de la Corte Suprema para incorporar a jueces con militancia absoluta que le dieron la denominada “mayoría automática”.
Entre los cinco nuevos ministros de la Corte, elegidos por Menem, se encontraba el primer secretario de Justicia de su Gobierno, Julio Oyhanarte. Oyhanarte era el único que no tenía antecedentes de militancia peronista, pero se adhirió a la causa desde que lo eligieron para un cargo en la Administración. Los otros cuatro nuevos miembros fueron Ricardo Livene, un ex juez de la Corte durante la presidencia de María Estela Martínez, viuda de Perón; Rodolfo Barra, que era viceministro del Interior; Mariano Cavagna Martínez, subsecretario de Justicia en el Gobierno peronista de 1974, Julio Nazareno, un abogado riojano próximo a Menem y Ernesto Corbalán Nanclares, un ex candidato peronista a la gobernación de la provincia de Mendoza en 1964.
LA CORTE KIRCHNERISTA
En 2003, otro presidente peronista Néstor Kirchner también arremetió contra la Corte Suprema de la Nación. Fue así que, durante un discurso transmitido la noche del 4 de junio de 2003 por cadena nacional, el presidente Néstor Kirchner pidió enérgicamente al Congreso Nacional que pusiera en marcha la herramienta del juicio político contra algunos miembros del máximo tribunal, integrantes de la “triste y célebre mayoría automática".
“Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias”, aseveró en esa oportunidad el entonces mandatario.
En ese marco, aseveró que no quería “nada fuera de la ley” sino utilizar los “remedios de la Constitución” para “cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la tristemente célebre `mayoría automática`”.
Así fue que el Congreso avanzó con el juicio político contra Julio Nazareno, ex titular del Máximo Tribunal, quien decidió renunciar a su cargo cuando vio la inexorable camino que tomaba el proceso iniciado en su contra frente a la inminente aprobación de su acusación en el recinto de la Cámara de Diputados.
Un mes y medio más tarde, la Cámara baja aprobaba en el recinto la acusación por "mal desempeño de sus funciones" contra otro de los integrantes de la denominada "mayoría automática", Eduardo Moliné O`Connor, quien aseguró que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.
De hecho, el 3 de diciembre de 2003 se convirtió en el primer juez de la Corte Suprema de Justicia en ser destituido por el Senado de la Nación.
Una suerte similar corrió el también ministro Antonio Boggiano, quien fue destituido en el 2005 por el Congreso, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López optaron por seguir el camino de Nazareno y renunciaron a sus cargos cuando vieron que los procesos en su contra tenían un final inevitable.
Más allá del cambio, Kirchner impulsó además un innovador sistema para la selección de nuevos jueces. A través del Decreto 222/03, fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.
Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo Máximo Tribunal.
En tanto, en noviembre del 2006, Diputados convirtió en ley un proyecto que había sido impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990.
La misma norma estableció que, desde su entrada en vigencia, la cantidad de miembros del Alto Tribunal se reducirá transitoriamente a siete y no cubrirá las vacancias que eventualmente se produzcan hasta llegar a los cinco miembros.
A las renuncias de Nazareno, López y Vázquez, y a las destituciones de Moliné O`Connor y Boggiano se sumó luego la jubilación de Augusto Belluscio, con lo cual la Corte paso a tener siete miembros: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni, Argibay, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi.
Ahora es otro gobierno peronista el que pretende manipular la composición de la Corte Suprema de la Nación para asegurar la impunidad de ex funcionarios kirchneristas que tienen causas judiciales donde son investigados por hechos de corrupción.
Carentes de mayorías suficientes en el Congreso para impulsar un juicio político contra los ministros de la Corte, el kirchnerismo ahora apela a una movilización callejera para intimidas y presionar a los magistrados.
La marcha tendrá lugar el 1º de febrero, a las 18.00 horas, en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia.
Insólitamente, son miembros del gobierno nacional (incluso ministros del Gabinete) quienes ignorando el principio de división de poderes quienes convocan a la marcha: la fiscal en uso de licencia e interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el juez Juan Ramos Padilla.
Si bien la vicepresidenta no convocó a la marcha, el jueves pasado desde Honduras hizo una curiosa referencia indirecta de apoyo. Cristina Fernández de Kirchner afirmó que antes había golpes militares en América Latina y “ahora golpes judiciales”.
Pero más llamativamente aún, muchos de los convocantes a la marcha se encuentran procesados o han sido condenados por la justicia: Cristina Caamaño, Hebe de Bonafini, Julio de Vido, Juan Martín Mena, Milagro Sala, Hugo Moyano, Aníbal Fernández, Pablo Moyano, Alejo Ramos Padilla y Luis D’Elia.
Incluso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner arrastra 13 recursos extraordinarios ante la Corte Suprema y aguarda la resolución de los mismos jueces que pretende destituir.
La marcha cuenta con el apoyo de los sectores kirchneristas más radicalizados, movimientos piqueteros, organizaciones defensoras de los derechos humanos, sindicalista de izquierda y la infraestructura de movilización que habitualmente aportan los intendentes kirchneristas del conurbano.
Por lo tanto, la marcha de mañana martes 1º de febrero no es más que otro atentado perpetrado por el kirchnerismo contra las instituciones de la Nación con el solo objeto de proporcionar impunidad a funcionarios corruptos.
