ANTECEDENTES
Esta antigua colonia británica del sudeste asiático tiene una población de cincuenta y cinco millones de personas dividas en 135 étnicas o religiones diferentes, la mayoritaria está constituida por los budistas bamar que componen dos tercios de los habitantes. Estas numerosas minorías no incluyen a los setecientos mil musulmanes rohingya que son considerados extranjeros que no forman parte del tejido histórico de Myanmar.
El país está dividido en catorce estados y tiene una larga tradición de gobierno militares (que administraron al país durante sesenta años desde la independencia en 1948) y de violencia. En las áreas fronterizas operan una veintena de guerrillas étnicas algunas de las cuales cuentan con auténticos ejércitos bien armados y disciplinados.
En esta oportunidad, el poder fue asumido por el hasta entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Min Aung Hlaing. El golpe de Estado se produjo precisamente un día antes de que en el Parlamento juraran los nuevos diputados electos en las elecciones generales de noviembre de 2020 en que la Liga Nacional para la Democracia obtuvo 396 de los 476 escaños. En esa oportunidad el partido que representa los intereses de los militares: Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo consiguió tan sólo 33 diputados. No obstante, la constitución le otorga a las Fuerzas Armadas, adicionalmente, el 25% de los escaños en el Parlamento.
Al inicio del golpe de Estado, el presidente Win Myint y la consejera de Estado, la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi y otros altos funcionarios del gobierno fueron encarcelados. Las líneas telefónicas a la capital Naipyidó dejaron de funcionar, la televisora estatal MRTV dijo que no podía transmitir debido a “problemas técnicos” y se informó de interrupciones generalizadas de Internet a partir de las tres horas de la madrugada. Las tropas ocuparon posiciones estratégicas en las ciudades de Naipyidó y Rangún.
ANTECEDENTES
Entre 1958 y 1960, el ejército formó un gobierno provisional temporal a instancias de U Un, el primer ministro elegido democráticamente del país, para lograr un margen de gobernabilidad. Los militares se retiraron voluntariamente del gobierno después de la celebración de las elecciones generales de 1960. Menos de dos años después, los militares tomaron el poder con el golpe de Estado de 1962 y, bajo el liderazgo autocrático del general Ne Win, monopolizaron el poder durante los siguiente veintiséis años.
En 1988, estallaron protestas a nivel nacional. Se trató del denominado Levantamiento 8888, provocado por los problemas económicos y que terminaron por provocar la renuncia del general Ne Win.
El presidente fue reemplazado por un Consejo de Restauración de la Ley y el Orden del Estado formado por los altos mandos de las fuerzas armadas.
Durante esos incidentes, Aung San Suu Kyi, hija del asesinado líder de la independencia, Aung San, se convirtió en una activista en favor de la democratización del país. En 1990, los militares convocaron a elecciones libres porque creían que contaban con el suficiente apoyo popular para seguir controlando el país. Pero, la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi se impuso en forma terminante. No obstante, los militares se negaron a entregar el gobierno, anularon las elecciones y confinaron a Aung San Suu Kyi a arresto domiciliario.
El ejército retuvo el poder por otros veintidós años hasta 2011. Después de las revueltas conocidas como la Revolución del Azafrán, entre el 15 agosto y 28 de septiembre de 2007, impulsadas por el monje U Gambira, fundador de la Alianza de Monjes de Toda Birmania, que reaccionó ante el incremento del 500% en el precio de los combustibles. Finalmente, las protestas no generaron ningún cambio pero los militares entendieron que debían distender la situación para mantener el poder y propusieron una hoja de ruta para la transición a la democracia.
En 2008 se reformó la Constitución por el cual los militares se aseguraron importantes recursos económicos y la nominación del 25% de los legisladores del Parlamento, lo cual les permite bloquear cualquier iniciativa legislativa destinada a recortarles poder.
Entre 2011 y 2015, comenzó una lenta pero real transición hacia la democracia que condujo a las elecciones generales de 2015 en donde nuevamente se impuso la Liga Nacional para la Democracia.
LAS CONSECUENCIAS DEL GOLPE
Según diversos observadores internacionales el golpe de Estado puede haberse originado en el interés de los militares de preservar su influencia sobre la política y los negocios en Myanmar. La ley de Servicios de Defensa impone una edad de jubilación obligatoria de 65 años para el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El general Min Aung Hlaing alcanzará esa edad en julio de este año, momento en que debería dejar el cargo.
Por otra parte, la Constitución faculta exclusivamente al presidente, en consulta con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, a designar al nuevo Jefe de las Fuerzas Armadas. Oportunidad que posibilitaría a la Liga Nacional para la Democracia imponer en ese cargo a un militar con un perfil más democrático.
Ming Aung Hlaing como militar en retiro se vería expuesto a investigaciones por los crímenes de guerra cometidos contra la minoría rohingya ante los tribunales internacionales. Además, podría perder su control sobre dos importantes conglomerados militares, la Corporación Económica de Myanmar y Myanmar Economic Holdings Limited (CEML), creados en 1990 y cuyos enormes intereses comerciales van desde empresas de cerveza hasta joyería.
El CEML opera asimismo los grandes recursos financieros provenientes del fondo de pensiones de los militares.
El Tatmadaw comenzó a involucrarse en los negocios después del golpe de Estado del general Ne Win, en 1962, que dio paso al periodo socialista del país.
Durante años, fue un requisito que los batallones militares fueran autosuficientes y se los animó a desarrollar participaciones en empresas locales para financiar sus operaciones.
Varios altos mandos de las fuerzas armadas y su familiares tienen amplios intereses comerciales. Aung Pyae Sone, hijo del general Hlaing, junto con su esposa y su hermana tienen importantes participaciones comerciales en empresas del país entre las cuales se cuenta un balneario y una participación accionaria mayoritaria en el operador nacional de telecomunicaciones Mytel.
Alrededor de un tercio de todos los accionistas del CEML son unidades militares, mientras que el resto del capital pertenece a miembros actuales y anteriores del Tatmadew. Al parecer los militares emplean las acciones del CEML para recompensar la lealtad y castigar las disidencias dentro del Ejército.
REACCIÓN INTERNACIONAL
En Nueva York, la comunidad internacional no logró ponerse de acuerdo, otra vez, sobre una respuesta contundente la nueva interrupción del orden constitucional por parte de los militares birmanos, en una reunión por videoconferencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada en la noche del martes 2 de febrero.
Especialmente, porque China y Rusia, dos miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad, se negaron a respaldar una declaración de condena al golpe de Estado.
En esta forma las dos grandes potencias comenzaron a maniobrar para proteger sus intereses en Myanmar donde tienen relaciones políticas, económicas y militares con los militares birmanos.
Por otra parte, varios países, incluidos Bangladesh, India, Indonesia, Japón, México, Malasia, Corea del Sur y Singapur expresaron su preocupación en respuesta al golpe de Estado, muchos de los cuales alentaron el diálogo entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas para resolver la crisis.
Australia, Nueva Zelanda, España, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos por su parte condenaron el golpe y pidieron la liberación de los funcionarios detenidos; el presidente Joe Biden incluso amenazó con imponer sanciones económicas a Myanmar, pero la falta de consenso internacional impidió por el momento su concreción.
No obstante, los Estados Unidos agregaron a los grandes conglomerados: Corporación Económica de Myanmar y Conglomerado Económico de Myanmar Ltd., junto a tres compañías mineras birmanas, a una lista de empresas sujetas a restricciones económicas y financieras e impuso nuevas sanciones contra figuras militares y gubernamentales del gobierno golpista.
El 30 de marzo, Japón, el mayor donante internacional de ayudas al desarrollo (en 2019 donó 1.700 millones de dólares) junto con China, anunció que paralizaría el envío de fondos para el desarrollo.
Japón mantiene estrechos vínculos comerciales con Myanmar, donde operan aproximadamente medio millar de empresas niponas, principalmente en el sector manufacturero, y es el quinto mayor inversor extranjero en el país.
No obstante, después del golpe de Estado algunas empresas japonesas, como la firma de bebidas Kirin, cancelaron lucrativos acuerdos con el CEML que le habrían permitido alcanzar una posición dominante en el mercado de cervezas birmano.
Camboya Filipinas y Tailandia se limitaron a considerar el golpe de Estado como “un asunto interno” de Myanmar. No obstante, el empresario singapurense Lim Kaling también redujo su inversión en una firma tabacalera vinculada con el CEML.
La República Popular China se limitó a señalar que “China y Myanmar son buenos vecinos. Esperamos que todas las partes puedan resolver sus diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, salvaguardando la estabilidad política y social” (sic.) y la agencia oficial de noticias Xinhua describió los hechos como una “importante remodelación de gabinete”.
La prudente actitud de Beijing se corresponde con los grandes intereses que China tiene en Myanmar, en especial con los 38 proyectos de infraestructura que el gobierno tutelado por Suu Kyi no implemento con la velocidad y diligencia que los chinos demandaban.
En 1988, China y Myanmar suscribieron un acuerdo comercial fronterizo que marcó el inicio de un intercambio económico sustancial entre ambos países. Las áreas de mayor cooperación se dieron en los ámbitos de la minería, el desarrollo del sector energético de hidrocarburos, además de la generación y distribución de la energía eléctrica. Las empresas chinas, particularmente las que están asentadas en la provincia de Yunnan, ejercieron un papel importante en la restauración económica de la parte norte del territorio birmano y en el aumento de los flujos comerciales. Estas empresas construyeron caminos, puentes, centrales eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones y también mejoraron las infraestructuras portuarias y los aeródromos.
Por su parte, Myanmar permitió la explotación de recursos naturales en áreas de minorías étnicas a lo largo de frontera, hecho que ha complicado la situación en esas localidades. Los proyectos de construcción e infraestructura a menudo fueron acompañados por una fuerte presencia del ejército birmano, lo que condujo a conflictos con la población local y generó la reubicación forzada a gran escala de los habitantes.
Al mismo tiempo, China se convirtió en proveedor de equipamiento militar, asistencia para el desarrollo y construcción de infraestructura para Myanmar. Las maniobras militares conjuntas de las fuerzas armadas de ambos países en la bahía de Bengala se hicieron frecuentes.
Beijing es el tercer mayor socio comercial de Myanmar, después de Singapur y Tailandia, y el mayor inversor extranjero, aunque el tamaño de esta inversión no está correctamente determinado. En la actualidad, las áreas de cooperación más importante entre China y Myanmar son proyectos de minería, programas de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial gas y petróleo, la explotación forestal, y la generación y distribución de la energía hidroeléctrica.
En 2004 nuevos yacimientos de gas en Shwe, en la costa de Arakan (zona centro del territorio birmano), fueron descubiertos por la compañía coreana Daewoo International. Los nuevos descubrimientos en tres campos en el Golfo de Bengala -Mya, Than Shwe y Phyu Shwe (conocidos conjuntamente como el proyecto Shwe, que se estima contienen entre 5,7 y 10.000 millones de pies cúbicos de gas)- han provocado una intensa competencia de ofertas entre las compañías de Bangkok, Beijing y Nueva Delhi. Las empresas chinas, aunque no participaron en las en las primeras etapas de exploración de gas en Shwe, compraron los derechos de exploración de siete bloques con una superficie de más de nueve millones de hectáreas.
De octubre de 2004 a enero 2005 la Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China firmó seis contratos de producción compartida con la Compañía de Gas y Petróleo de Myanmar del Ministerio de Energía. La Compañía de Petróleo y químicos de China y su filial Dian Qiangui también empezaron a operar en los campos de exploración de petróleo. Por otra parte, la Corporación Nacional de Petróleo de China y su subsidiaria Chinnery se han adjudicado contratos para actualizar cuatro antiguos campos en el centro de Myanmar. Otro gran proyecto es el plan de Petro China para construir un gasoducto desde el Bloque 1 en el campo Shwe, en la costa de Rahine, hasta la provincia de Yunnan.
En esta forma Myanmar se convirtió en escenario de una intensa puja diplomática y de influencias por apropiarse de los recursos energéticos de la región. China e India están buscando el acceso al Océano Índico a través de Myanmar para ayudar a desarrollar a sus provincias de suroeste y noreste, respectivamente.
Para minimizar los riesgos que representan una alta dependencia del estrecho de Malaca, Beijing planea construir un oleoducto desde Sittwe -una ciudad en la costa suroeste de Myanmar, cerca del Océano Índico- a la ciudad china de Kunming en la provincia de Yunnan. Este acceso directo reduciría el viaje de Malaca en 1.200 km y podría ayudar a aliviar la dependencia china del estrecho de Malaca en un tercio o más. En consecuencia, Myanmar se ha transformado en una clara prueba de la estrategia china de diversificación energética.
El oleoducto sino-birmano comienza en el puerto de Kyaukryu en la costa oeste de Myanmar y entra en territorio chino a través de la ciudad fronteriza de Ruili, en el oeste de la provincia de Yunnan. El oleoducto tiene una extensión de 2.380 kilómetros y se estima que transportará veintidós millones de toneladas de crudo por año a China provenientes del Medio Oriente y África.
El proyecto sería la cuarta ruta de entrada de petróleo y gas natural de China, después del transporte marítimo, los ductos sino-kazajos y los ductos sino-rusos. Los nuevos ductos están en línea con la estrategia china de diversificar los métodos y fuentes de sus importaciones de crudo. Esto disminuirá y fortalecerá la habilidad de China de hacer frente a la compleja y volátil situación internacional. El proyecto ayudará a calmar la demanda energética del sur y del oeste de China. La ruta que seguirán los ductos de gas y petróleo antes mencionados involucran la creación de plantas de producción, estaciones, puertos de agua profundas e instalaciones de almacenamiento de gas y petróleo.
China esta ocupando un papel cada vez más protagónico en el conflicto interno de Myanmar. El ataque a fábricas y empresas chinas en Yangón el domingo 28 de marzo, con los manifestantes acusando a Pekín de connivencia con el golpe de Estado, provocó una dura represión por parte del Ejército, que dejó un saldo de 40 personas muertas y numerosas heridas, y desató una severa replica por parte de Beijín. China ha asegurado que podría considerar “acciones más drásticas” para defender sus intereses en Myanmar.
Además, China y Rusia son dos de los principales proveedores de armas a Myanmar. Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en el período entre 2010 y 2019 el país asiático adquirió mas de 2.400 millones de dólares en armamentos. Esas compras incluyeron buques de guerra, aviones de combate, drones militares, vehículos blindados y sistemas de defensa antiaérea.
China suministró aproximadamente 1.300 millones de dólares en armas, Rusia 807 millones, India 145 millones y Corea del Sur 90 millones.
India, actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad, proporcionó un submarino de segunda mano, el primer gran submarino para Myanmar, además de equipo y misiles para buques de guerra de diseño y construcción local.
Myanmar comenzó en los últimos años a modernizar el equipamiento de sus fuerzas armadas, adquiriendo aviones de combate avanzados (MiG-29, SDu-30MK y JF-17), aviones de entrenamiento avanzados y básicos (K-8, Yak-130 y G-120TP) y varios blindados para reemplazar o agregar a sus modelos en servicio, con el propósito de enfrentar a los grupos guerrilleros étnicos locales y adquirir poder de disuasión frente a otros Estados.
Es por estos diversos intereses de las potencias regionales que los militares birmanos han podido, al menos por el momento, consolidarse en el poder pese a las resistencias internas.
LA RESISTENCIA CIVIL AL GOLPE
Los llamados a la resistencia civil comenzaron el mismo día del golpe de Estado por parte de dirigentes del partido derrocado y otras organizaciones de la sociedad civil, que emplearon mayormente las redes sociales para hacer llegar su voz a la población.
El primer fin de semana posterior al golpe las calles de las principales ciudades se llenaron de manifestantes, incluidas las de la capital Naypidaw usualmente bien controladas por la policía. Los manifestantes expresaron su rechazo a la interrupción del proceso democratizador.
La resistencia civil fue creciendo a medida que pasaba el tiempo en parte motorizada por la represión ejercida por los militares contra las protestas. Los trabajadores sanitarios estuvieron entre los primeros en apoyar el movimiento de resistencia con la renuncia a sus puestos de trabajo. Muchos siguieron trabajando, pero llevaban lazos rojos en señal de protesta contra el gobierno militar.
A esto le siguieron protestas callejeras que se materializaban con el golpeteo de objetos metálicos (en general ollas y sartenes) para provocar ruido y ahuyentar, simbólicamente, a los malos espíritus.
Los observadores internacionales detectaron la participación de funcionarios públicos, tales como profesores, trabajadores sanitarios y funcionarios forestales en las protestas que se desarrollaron por todo el territorio de Myanmar.
Los manifestantes también recurrieron a métodos ingeniosos para obstaculizar el tránsito y de esta forma paralizar la actividad económica: arrojando cargas de verduras en las rutas para luego simular que recogían la carga, detener sus automóviles en medio de las calles y carreteras levantando las capotas y simulando que no podrían circular por un desperfecto mecánico. También llevan a cabo “huelgas de basura” llenado las calles de ciudades como Rangún con desperdicios. Incluso los barcos que surcaban el lago Inle realizaron una protesta acuática el 21 de febrero.
Los periodistas de distintos medios realizaron una campaña “anti-conferencia de prensa” boicoteando las conferencias de prensa organizadas por el gobierno militar. Algunos periodistas de medios estatales además renunciaron a sus puestos para no trabajar para un gobierno de facto.
La población incluso comenzó a boicotear los productos provenientes de empresas y conglomerados controlados por los militares, entre los que figuran la cerveza y la lotería oficial.
Mientras que algunos diputados y dirigentes de la Liga Nacional de la Democracia que no fueron detenidos por los militares han organizado clandestinamente una suerte de “gobierno civil de la resistencia” bajo la denominación de “Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria”, a los efectos de coordinar las medidas de desobediencia y buscar el apoyo internacional para su causa.
Obligados a actuar en secreto para no ser detenidos se desconoce quienes lo integran y solo ha trascendido que el exdiputado y presidente del Parlamento, Mahn Win Khaing sería su vicepresidente y el doctor Sasa su vocero. El gobierno militar persigue a sus miembros acusándolos de “alta traición”.
El Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria intenta unificar a una decena de guerrillas étnicas que desde hace décadas luchan por su independencia contra el Tatmadaw para conformar un “Ejército Federal” que resista armas en manos al gobierno militar. Pero por el momento la tarea es difícil.
Los principales grupos guerrilleros del país son: la Unión Nacional Karen que opera en la frontera con Tailandia, el Ejército de Arakan, oriundo del estado de Rajine, hogar de la perseguida minoría musulmana rohingya, el Ejército de Liberación Nacional Taang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar.
El 27 y 28 de marzo, el Ejército lanzó un ataque aéreo contra aldeas de la minoría Karen, en la frontera con Tailandia. El ataque provocó el éxodo de más de tres mil birmanos hacia Tailandia donde las autoridades fronterizas impidieron su ingreso al país.
El 1° de abril tres de estos grupos: el Ejército de Arakan, el Ejército Nacional Taang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar firmaron un comunicado conjunto en el que advirtieron al Ejército de Myanmar que si no detienen su represión contra la población y aceptan sus demandas colaborarán con los manifestantes en la llamada “Revolución de Primavera”.
En respuesta, el gobierno militar anunció un “alto al fuego” unilateral en su lucha contra las guerrillas hasta el 30 de abril.
Pese a los casi setecientos muertos (46 de ellos menores de edad), miles de heridos y 2.751 detenidos y veinte mil desplazados, provocados por la represión militar, los manifestantes siguen llenando las calles de las principales ciudades de Myanmar demandando el fin del gobierno de facto.
En medio de esta situación se conoció que un grupo de catedráticos de la Universidad de Oslo ha nominado al premio Nobel de la Paz 2022 al movimiento de desobediencia civil de Myanmar.
Numerosas embajadas, ante el peligro de una escalada en la violencia, comenzaron a reducir su personal en Myanmar y a pedir a sus nacionales que abandonen el país.
Por el momento, la crisis en Myanmar tiene un final abierto y muchos observadores temen que los militares ahoguen a sangre y fuego la protesta, convirtiendo a Myanmar en un “Estado Paria” internacional cada vez más aislado y dependiente de sus aliados: China y Rusia.
