El Tribunal Constitucional del Perú acaba asentar un demoledor golpe a las pretensiones del Frente Polisario de hacer creer que la inexistente República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es realmente un Estado al rechazar por improcedente un intento de simular que una activista polisaria era una “diplomática”.
En realidad el hecho se remonta al 9 de septiembre de 2017. Ese día la activista Jadiyetu El Mohtar Sidahmed intentó ingresar a territorio peruano con un pasaporte apócrifo de “diplomática saharaui” y otro como ciudadana española.
Cuando la activista intentó ingresar por el control migratorio del Aeropuerto de Lima se activó una alerta roja y fue conducida por las autoridades a las oficinas internas que allí tiene la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú donde un funcionario notificó a Jadiyetu El Mohtar que se le denegaba el ingreso al país por que en un Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país se denunciaba que en una visita anterior había desarrollado “acciones políticas de un diplomático sin tener reconocimiento oficial de esa condición”.
Además, el funcionario peruano le reiteró a El Mohtar que las relaciones diplomáticas con la RASD “estaban suspendidas desde el año 1996”. Por ese motivo “el gobierno peruano no reconoce el ejercicio oficial de representación en gestiones diplomáticas a delegados de la RASD”.
El Frente Polisario suele emplear como táctica habitual hacer ingresar a sus activistas con visas turísticas y pasaportes españoles o argelinos, una vez en el país se presentan en los círculos políticos de izquierda y entre el estudiantado universitario como “embajadores” de la inexistente RASD. Luego antes que el país en cuestión tenga reaccionar frente a estas actividades de propaganda abandonan el país. Así, se pretende montar la ilusión de un supuesto Estado saharaui.
Inmediatamente la activista saharaui decidió aprovechar propagandísticamente el incidente. Jadiyetu El Mohtart se mantuvo durante 19 días viviendo en la zona de “viajeros en tránsito” del Aeropuerto de Lima negándose a embarcarse a su país de origen, no aceptó las facilidades de alojamiento ofrecidas por el gobierno peruano y se rehusó a ingresar como ciudadana española para actividades turísticas bajo apercibimiento de no desarrollar acciones políticas ni participar en actos públicos.
Mientras tanto el aparato de propaganda del Frente Polisario inició una de sus habituales campañas internacionales de solidaridad y consiguió que un grupo de abogados presentase un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del Perú.
Después de algo más de dos semanas de circo mediático el gobierno peruano finalmente perdió la paciencia y cinco policías embarcaron por la fuerza a Jadiyetu El Mohtar en un vuelo con destino a Madrid. Al arribar al aeropuerto de Barajas siguió la maniobra propagandística destinada a disimular el enorme papelón mundial de la expulsión de un falso diplomático saharaui.
No obstante el trámite judicial en Perú siguió su curso y ahora cuatro años más tarde el Tribunal Constitucional del Perú puso fin a la cuestión con un fallo unánime de sus siete magistrados quienes consideraron infundada la demanda de habeas corpus, recurso que la defensa de Jadiyetu El Mohtar había presentado contra el director General de Migraciones y Naturalización del ministerio del Interior, los funcionarios de la Dirección General de Migraciones y Naturalización del ministerio del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que se inició el 9 de septiembre de 2017.
Esta decisión judicial no sólo ratifica la inexistencia de la RASD y sus falsos diplomáticos sino también el aire de decadencia y descredito internacional que rodea al Frente Polisario y a la causa separatista que solo sobrevive por el apoyo de todo tipo que le suministra el gobierno de Argelia y un puñado cada vez más reducido de partidos de izquierda y compañeros de ruta dedicados profesionalmente a defender causas seudo humanitarias para mantener cierta vigencia política.
Las tácticas que los separatistas del Frente Polisario han empleado durante cuarenta años para sostener su existencia no convencen a nadie y su organización esta condenada a desaparecer a mediano plazo como ocurrió en su momento con el IRA irlandés o la ETA en España.