Casi cuatro meses después de los comicios presidenciales efectuados el 9 de agosto y consideradas fraudulentas por la oposición y los gobierno occidentales, los bielorrusos siguen ocupando las calles de Minsk y otras importantes ciudades del país para demandar la renuncia del dictador Lukashenko.
Según los datos oficiales, el dictador Alexander Lukashenko de 66 años y en el poder desde 1994, habría logrado un nuevo y aplastante triunfo con el poco creíble 80% de los votos emitidos, alcanzado así un sexto mandato presidencial consecutivo de cinco años.
Los comicios se efectuaron sin ningún tipo de supervisión electoral internacional, como por ejemplo, a través de la OSCE. Además, el régimen previamente detuvo a los candidatos de la oposición con mejores posibilidades electorales (Babariko y Tijanovski) y el veto a Váleri Tsepkalo, obligado a su relevo por un triunvirato de esposas: Svetlana Tijanovskaya y Verónica Tsepkalo y la jefa de campaña de Babariko (María Kolesniskova).
La oposición considera que la candidata Svetlana Tijanóskaya, una profesora de inglés de 38 años, esposa del dirigente Serguei Tijanóski, encarcelado por el gobierno bielorruso desde el año 2004, actualmente asilada en la vecina Lituana después de recibir amenazas de la KGB bielorrusa, como la auténtica triunfadora en los comicios.
También los gobierno occidentales consideraron fraudulentos los resultados oficiales publicados por el régimen de Lukashenko. La repercusión internacional del fraude electoral y la posterior rebelión popular no se hizo esperar. La vocera de Relaciones Exteriores de la OSCE, María Adebahr, subrayó que los comicios del 9 de agosto “no cumplieron los estándares democráticos mínimos” y no fueron “ni libres ni justas” y que el resultado oficial comunicado por la Comisión Electoral “no corresponde con la opinión real en el país.”
La falta de reconocimiento internacional llevó a Alexander Lukashenko a asumir su nuevo mandato en forma casi clandestina, no anunciada previamente y sin presencia diplomática extranjera.
A principio del mes de octubre el Consejo Europeo aprobó por unanimidad la aplicación de sanciones a cuarenta personas por su implicancia en la violencia y la represión de la oposición democrática.
La lista de sancionados con la congelación de activos o la prohibición de viajar a la Unión Europea incluye a viceministros, responsables de las fuerzas especiales, altos funcionarios del KGB, mandos policiales o directores de prisiones de Bielorrusia, pero no al dictador Lukashenko.
Otros socios de la OTAN como Canadá y el Reino Unido decretaron también la congelación de activos de Lukashenko y el Tesoro de los Estados Unidos sancionó a ocho funcionarios de Bielorrusia: el ministro del Interior, Yuri Karayev; al viceministro Alexander Barsukov; a funcionarios de seguridad pública y a funcionarios de comisión electoral.
La Unión Europea a demandado a Minsk la realización de nuevos comicios “libres y justos, sin injerencias extranjeras” y que las autoridades bielorrusas “pongan fin a la violencia y la represión, liberen a todos los detenidos y presos políticos, respeten la libertad de los medios de comunicación y la sociedad civil e inicien un diálogo nacional inclusivo”.
La reacción del dictador Lukashenko no se hizo esperar y la cancillería bielorrusa anunció una lista de sanciones en reciprocidad. Además, llamó a consultas a sus embajadores en Lituania y Polonia.
Anatoli Glaz, portavoz del ministerio de Exteriores anuncio que “Se invita a los embajadores de Polonia y Lituania en Bielorrusia a seguir este ejemplo” y regresar a sus respectivas capitales, “a la vista de la actividad inequívocamente destructiva de parte de esos dos países.”
Mientras tanto, la oposición bielorrusa a través de un movimiento de protesta muy transversal y con una organización muy precaria -sin aparente apoyo occidental- lleva adelante cada domingo pequeñas concentraciones en diferentes barrios de la ciudad que han ido sumando en forma gradual a la población hasta movilizar unas cien mil personas en un país con diez millones de habitantes.
El domingo 7 de diciembre, por ejemplo, realizaron mítines en treinta puntos distintos para dificultar la represión de los cuerpos de seguridad que sin embargo realizaron detenciones aleatorias de transeúntes.
“Cada marcha es un recordatorio de que los bielorrusos no se rendirán. No permitiremos que se nos prive de nuestros derechos y que se cierren los ojos ante estos crímenes”, declaró la líder opositora Svetlana Tijanósvskaya desde su exilio en Vilna.
El rechazo internacional y las protestas callejeras han debilitado al régimen de Lukashenko que se hizo más dependiente de su único apoyo internacional el que le proporciona el líder ruso Vladimir Putin. Además, el 95% de las necesidades energéticas bielorrusas se satisfacen con gas, petróleo y electricidad proveniente de su vecino ruso.
Putin no comulga totalmente con Lukashenko, quien en el pasado se negó a concretar la integración con Rusia pactada en el Tratado de la Unión Estatal, suscripto el 2 de abril de 1997, con el presidente Boris Yeltsin, o a aceptar la instalación de bases militares rusas en su territorio. Sin embargo, el amo del Kremlin no puede exponerse a que Lukashenko sea reemplazado por un presidente más prooccidental e independiente de los designios de Moscú.
