La situación que vive Argentina en los últimos meses hacen recordar a los caóticos 49 días del gobierno de Héctor J. Cámpora, cuando los jóvenes idealistas de la Juventud Peronista se lanzaron a ocupar dependencias oficiales, hospitales, universidades y colegios secundarios en una puja por espacios de poder dentro del peronismo. O los meses finales de la presidencia de Fernando de la Rúa cuando las crisis y los problemas se acumulaban sin que un presidente autista supiera muy bien que hacer y que terminó con los ahorristas reclamando infructuosamente sus depósitos frente a las puertas cerradas de los bancos.
Recordemos que, en el año 1973, Argentina tuvo cuatro presidente Alejandro A. Lanusse, Héctor J. Cámpora, Raúl Lastiri y Juan D. Perón, cifra solo superada en 2001 que tuvo cinco presidentes: Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Caamaño y Eduardo Duhalde.
Estos antecedentes hacen aún más preocupantes las evidencias de disgregación del poder en Argentina frente al caos y la anarquía en Argentina sin que el gobierno kirchnerista reaccione ante las demandas provocadas por la crisis sanitaria y socioeconómica.
EL AGOBIO DE LA CUARENTENA
Tras 175 días ininterrumpidos de rígido aislamiento social y restricciones a los traslados y a la actividad comercial, se acrecienta la desobediencia civil de la población e incluso de algunas autoridades municipales que se niegan a implementar las regulaciones y controles dispuestos por el Poder Ejecutivo.
Así los controles y las prohibiciones dispuestas por el gobierno se han tornado simbólicos, sin alcance efectivo ni real vigencia.
Formalmente rigen restricciones a los desplazamientos y al desarrollo de ciertas actividades económicas, pero muy pocos argentinos los acatan y ninguna autoridad fiscaliza su cumplimiento.
Mientras tanto, en Argentina crece el número de infectados y víctimas fatales. Con 512.293 infectados y 10.658 fallecidos (12.259 infectados y 272 muertos el 9 de septiembre) se sitúa como el décimo país más afectado por la pandemia.
El país inició la cuarentena total el 20 de marzo con unas pocas decenas de infectados. Pero el gobierno del presidente Alberto Fernández, que conto inicialmente con todo el apoyo y acatamiento de la población, se mostró incapaz de generar protocolos de actuación, proveer de insumos médicos a los hospitales y al personal sanitario o adecuar las instalaciones para minimizar la expansión de la pandemia.
Mientras tanto, la cuarentena prolongada fue el golpe de gracia para la complicada economía argentina que enfrentaba siete años de recesión, endeudamiento externo, alta inflación y fuerte déficit fiscal entre otros muchos males.
LA USURPACIÓN DE PROPIEDADES
En los últimos meses, pese a la vigencia de la restricción a los desplazamientos, la suspensión de los vuelos internos y de los micros de larga distancia entre localidades, ciudades y provincias, se multiplicaron las usurpaciones (“tomas”) de terrenos fiscales y propiedades privadas por parte de población empobrecida y sin vivienda para crear asentamientos poblacionales informales (en Argentina denominadas “villas miseria”) que formados por precarias casillas de madera chapas o ladrillos levantados sobre la tierra, sin agua corriente, energía eléctrica, gas o alcantarillado.
Estas usurpaciones son impulsadas por los llamados “movimientos sociales”, agrupaciones políticas que están alineados con el gobierno y que son los grandes administradores de la pobreza en Argentina. Con fuerte presencia en los barrios carenciados donde el Estado suele estar ausente. Estos movimientos sociales administran los subsidios a la pobreza, denominados “planes sociales” y se encargan de la distribución de alimentos en los “comedores comunitarios”. Lógicamente los fondos para pagar “los planes” y los alimentos son suministrados por el Estado nacional. Los cinco millones de argentinos viven de los subsidios a la pobreza y bolsones de alimentos, constituyen el ejército de “planeros” creados por el kirchnerismo y sostenido con los impuestos de los esforzados sectores medios de la sociedad.
Desde que se inició la cuarentena en marzo, tan solo en la provincia de Buenos Aires han sido usurpadas ilegalmente 4.300 hectáreas de tierras. En la provincia se pasó de cuatro tomas en cuatro años a cinco tomas por semana. La ocupación ilegal de terrenos se ha visto impulsada por la Ley 15.172, sancionada por el Senado provincial el 21 de mayo pasado, suspendiendo hasta el 30 de septiembre de este año “toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales”, así como los desalojos por falta de pagos de viviendas alquiladas, las ejecuciones hipotecarias y de los inmuebles comprados con créditos oficiales.
A la ocupación de terrenos en la provincia de Buenos Aires se suma la usurpación de viviendas recreativas desocupadas en las ciudades balnearias de la costa bonaerense. Agravadas porque las autoridades, que no evitan las usurpaciones, impiden a los legítimos propietarios que viven en otras ciudades trasladarse a verificar el estado de sus inmuebles e iniciar acciones judiciales para desalojar a los usurpadores bajo el argumento de que incrementan los contagios del Covid 19.
En la Patagonia las usurpaciones de campos son protagonizadas por pequeños grupos de indígenas mapuches que dicen desconocer al Estado argentino y ocupan tierras pertenecientes a los Parques Nacionales o a establecimientos agrícolas de la zona. La Villa Mascardi, un bello paraje turístico de la provincia de Río Negro, en el sur argentino, es una de las zonas de mayor conflictividad generada por las usurpaciones de tierras y la resistencia de los propietarios a entregar su patrimonio a los indígenas.
Mientras tanto la ministra de Seguridad Sabina Frederic se niega a enviar fuerzas federales a defender los derechos de los propietarios argumentando que: “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema.”
Traducido al castellano, para la ministra de Seguridad el derecho a la propiedad en Argentina se encuentra suspendido hasta nuevo aviso.
RESISTENCIA CIVIL ANTE EL CASO BÁEZ
El lunes 7 de septiembre, se produjo una insólita rebelión social que evidencia el estado de anarquía en que se debate la sociedad argentina.
La justicia ordenó que el empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido sin sentencia firme por delitos de malversación de fondos públicos, lavado de activos, asociación ilícita y otros delitos financieros desde el 6 de abril de 2016, pasara a cumplir prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera electrónica.
Báez está imputado en la causa 3017-2013, conocida como la “ruta del dinero k”, que involucra también como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a distintos funcionarios de su presidencia, como el exministro de Planeamiento Julio de Vido.
Lázaro Báez es un empresario de 64 años que conoció a Néstor Kirchner, en 1990, cuando este cumplía su último año como intendente de Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para gobernador de la provincia de Santa Cruz, elección que ganaría al año siguiente. Desde ese momento Báez se convirtió en socio del matrimonio Kirchner en diversos negocios inmobiliarios y hoteleros.
Báez trabajó largos años como empleado bancario, tanto en el Banco de la Nación Argentina como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz. El 13 de mayo de 2003, doce días antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación, Lázaro Báez fundó la empresa Austral Construcciones, S. A. Durante el gobierno de los Kirchner la empresa constructora recibió 52 contratos del Estado Nacional por un monto de 46.000 millones de pesos, el 82% de todos los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Dentro de las obras más cuestionadas de Austral Construcciones S. A. se destaca la construcción de un edificio en un terreno cedido por Kirchner a Báez en Río Gallegos, del cual Néstor Kirchner habría recibido como pago diez departamentos nuevos y el Mausoleo de Néstor Kirchner construido tras su muerte por su amigo Lázaro a su propio costo.
La fortuna acumulada por Lázaro Báez en doce años de gobierno kirchnerista comprende bienes por aproximadamente cuatro mil millones de dólares y tan solo en Argentina tiene registrados 1.355 bienes, entre ellos 418 propiedades inmuebles: estancias, departamentos, terrenos baldíos, talleres, casonas, lujosas residencias en countries, galpones, 150 cocheras en barrios de categoría de la ciudad de Buenos Aires, un club deportivo, locales comerciales, un hotel, etc.; además de 937 vehículos -varios de alta gama y de colección-, maquinaria vial, armas, antigüedades, libros antiguos de colección, obras de arte, etc. Más depósitos bancarios en Suiza y en el principado del Liechtenstein.
El lunes 7 por la noche, el Servicio Penitenciario Federal pretendió trasladar a Báez a su casa en el lujoso barrio privado “Ayres de Pilar”, en la localidad bonaerense de Pilar, a 43,5 km de la ciudad de Buenos Aires, para que continuara allí en prisión domiciliaria.
La decidida acción de los vecinos del country, reforzada por la presencia de varias decenas de ciudadanos que se trasladaron hasta las puertas del country para expresar su repudio a la liberación del empresario K, impidieron el ingreso del vehículo penitenciario que trasladaba a Báez.
Después de varios intentos y algunos choques con los vecinos, ni la justicia ni las autoridades federales pudieron imponer su voluntad frente a una población decidida a hacer valer sus principios con tácticas de “resistencia civil pacífica”. Nuevamente la ciudadanía ponía un límite a las decisiones de las autoridades.
LA HUELGA POLICIAL
Mientras el Servicio Penitenciario Federal enfrentaba la ira de los residentes en el country Ayres de Pilar, en varias localidades del Gran Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, que con sus 90.000 efectivos es el mayor cuerpo de seguridad del país, iniciaba la más importante huelga de su historia en reclamo de una importante mejora salarial y otra docena de reivindicaciones laborales.
Un agente de la Policía Bonaerense percibe un salario aproximado a doscientos euros (al euro clandestino o “blue” que es el único que se puede adquirir en Argentina). Un salario que lo sitúa por debajo de la línea de la pobreza reconocida por el gobierno. Además, debe adquirir con su salario el uniforme, calzado, el chaleco antibala, las municiones para su arma reglamentaria, los insumos sanitarios para protegerse del Covid 19 y hasta el papel higiénico que emplea en las comisarías y otras dependencias policiales.
Esta situación no es nueva, se ha prolongado por décadas pero ante la debilidad e inoperancia tanto del gobierno nacional de Alberto Fernández como del gobernador Axel Kicillof, los policías bonaerenses han decidido rebelarse y terminar con los salarios de hambre y la explotación laboral llevada a cabo por las autoridades provinciales.
Los policías en huelga demandan una equiparación salarial con la Policía de la ciudad de Buenos Aires, la mejor paga y equipada del país, que percibe salarios un 60% superiores y no debe afrontar pagos de uniformes ni de otros insumos.
El martes 8 por la noche se ha sumado al reclamo salarial de los policías el personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires con similares demandas.
El principal problema para el gobierno provincial encabezado por Kicillof es que los salarios guardan relación con los que perciben los trabajadores del Poder Judicial local, los trabajadores de la salud pública, los empleados de la administración pública provincial y los docentes.
La mejora salarial para uno de estos sectores laborales tendría un efecto domino desatando similares reclamos en los restantes y el presupuesto de la provincia no está en condiciones de hacer frente a un incremento salarial generalizado.
Ni el secretario de Seguridad Sergio Berni ni el gobernador Axel Kicillof aceptaron dialogar con los efectivos policiales en conflicto que presentaron un petitorio de catorce puntos para deponer su actitud.
La huelga policial incrementó las tensiones en todo el país especialmente cuando un numeroso grupo de policías bonaerenses, portando sus armas reglamentarias, trasladándose en móviles policiales y haciendo sonar bombos y redoblantes, se congregó en tono amenazante, frente a la residencia presidencial de Olivos, el miércoles 9 de septiembre.
Inmediatamente, los gobernadores de las provincias de Córdoba y Santa Fe anunciaron mejoras salariales para descomprimir cualquier situación similar con sus respectivas fuerzas policiales.
Hacia las 19.00 hs. los efectivos policiales en conflicto que estaban en Olivos se retiraron a sus dependencias y a otros puntos de concentración policial luego de que se anunciara de que el presidente de la Nación hablaría al país por la cadena nacional.
Finalmente, a las 21.00 habló a la Nación el presidente Fernández que tras una breve referencia al conflicto policial sorpresivamente, en forma autoritaria e inconsulta, anunció que quitaría parte de los fondos que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distrito gobernado por el opositor Frente por el Cambio, en concepto de coparticipación federal para atender las necesidades financieras de la provincia de Buenos Aires.
El presidente Alberto Fernández, que es abogado y docente interino de la Facultad de Derecho de la UBA, al mejor estilo chavista, con una suerte de “¡Exprópiese!”, se cargó de un plumazo y sin pestañar los 158 años de constitucionalismo federalista del país.
A partir de ese momento, la ciudad de Buenos Aires recibirá del gobierno nacional treinta y cinco mil millones de pesos menos que pasarían a ser destinados a la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la provincia de Buenos Aires.
El presidente, que condenó la forma y no la justicia del reclamo de los policías bonaerenses, no realizó ningún anunció concreto sobre mujeres salariales a la Policía Bonaerense y delegó en el gobernador Kicillof decidir como emplear los nuevos recursos con que contará para resolver el conflicto con la policía.
La sorpresiva medida presidencial paralizó a la oposición que se enteró de la misma en el momento de su anuncio. Pero la reacción popular fue inmediata en las redes sociales que estallaron en críticas contra el presidente Fernández y los principales barrios porteños comenzó un intenso cacerolazo que se prolongó por unos treinta minutos contra la medida.
En general el recorte de fondos fue muy mal recibido por los políticos opositores y por la prensa independiente que juzgó el anuncio de Fernández como una forma autoritaria de nivelar hacia abajo y como una velado intento de restarle recursos y desestabilizar al principal distrito opositor gobernado por la oposición y donde precisamente se encuentra el político con mejor imagen pública del país y con más posibilidades de competir como candidato en las elecciones presidenciales de 2023: el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Sin capacidad para aportar soluciones de fondo ni un plan de gobierno realista. Frente a la sábana corta, el presidente decidió restarle recursos a un distrito bien administrado por la oposición para apagar un incendio en el principal distrito gobernado históricamente por el peronismo que lo convirtió en una ruina empobrecida con escuelas, hospitales y comisarías deterioradas y sin medios y más de ochenta asentamientos poblacionales precarios sin agua corriente ni cloacas.
La provincia de Buenos Aires es el tradicional bastión electoral del peronismo que la ha gobernado durante 29 de los 37 años de democracia desde la restauración del orden constitucional en diciembre de 1983. Tiene una población de más de diecisiete millones de habitantes (de los cuales nueve millones son votantes) distribuida en un territorio ligeramente superior al de Italia. Alberga el enclave del Partido de La Matanza, que el peronismo administra desde 1983 y donde está el núcleo más duro de pobreza, marginalidad y delito del país.
Por lo tanto, los conflictos en la provincia más grande, poblada e importante del país impactarán directamente en las perspectivas electorales del peronismo en los comicios legislativos previstos para octubre de 2021.
