A un año d su rotundo triunfo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) donde obtuvo el 47,66% de los votos emitidos, quince puntos más que el entonces presidente Mauricio Macri, el 11 de agosto de 2019, y a ocho meses de asumir su cargo el pasado 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández enfrentará el próximo lunes 17 la cuarta gran movilización opositora.
La convocatoria opositora ha sido lanzada en protesta por varias polémicas decisiones del gobierno que son rechazadas por el grueso de la opinión pública.
En primer término, por los intentos de implementar una costosa y discutida reforma del poder judicial que, bajo el argumento de hacerla más eficiente e independiente, en realidad tiene el propósito de asegurar la impunidad de los exfuncionarios y empresarios kirchneristas procesados por hechos de corrupción durante su gestión.
En especial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está imputada en una docena de causas por corrupción y enriquecimiento ilícito, en varias de las cuales los jueces han pedido prisión preventiva que no se hizo efectiva porque la imputada tiene fueros.
La oposición argumenta que además, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo tiene el objetivo adicional de subordinar a los jueces y fiscales poniéndolos al servicio de un proyecto ideológico populista y antidemocrático.
En segundo terminó por la ola delictiva (inseguridad) que sacude al país después de que el gobierno dispusiera la liberación de aproximadamente 3.500 condenados por delitos graves (asesinatos, violaciones, robos a mano armada y en banda, etc.) con el argumento de reducir la superpoblación en los penales y proteger a la población de los establecimientos carcelarios del Covid-19.
Aquí también la opinión pública sospecha de segundas intenciones porque entre los condenados liberados figuraron notorios funcionarios del último gobierno de Cristina Kirchner como el exministro de Planificación Julio de Vido, exvicepresidente Amado Boudou, condenado con sentencia firme en segunda instancia por corrupción al intentar adquirir con presiones la mayor planta de impresión de papel moneda, bonos y acciones de Sudamérica mientras era ministro de Economía, el piquetero Luis D’Elia, preso por “copar” una comisaría y los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián de Souza directores del “Grupo Indalo”, un conglomerado propietario de medios de comunicación, juegos de azar, empresas petroleras, alimentos y construcciones, en prisión preventiva, entre otros.
El malestar por la inseguridad incluye la preocupación por la ocupación ilegal de tierras fiscales, terrenos particulares baldíos y viviendas desocupadas. Especialmente porque el gobierno nacional habría instruido a las fuerzas policiales de abstenerse de intervenir en las “tomas” de terrenos a menos de que lo hagan en fragante delito, es decir cuando están arribándose o recién se están instalando los usurpadores.
Las usurpaciones de terrenos y viviendas se han incrementado debido a que la pandemia ha dejado a muchas familias pobres o de clase media baja sin trabajo ni recursos para afrontar el pago de alquileres y expensas. Estos inquilinos desalojados de viviendas y pensiones han conseguido precarias carpas para formar asentamientos en terrenos hasta ahora baldíos, pese a las bajas temperaturas de la temporada invernal. En otros casos, los intrusos rompieron las cerraduras y ocuparon viviendas recreativas de fin de semana (quintas) y propiedades vacías en las ciudades de veraneo de la costa bonaerense.
Finalmente, hay un descontento generalizado por el clima de corrupción e impunidad que rodea algunas decisiones del gobierno de Alberto Fernández. Los sobreprecios en la compra de alimentos que le costaron el cargo a trece funcionarios del ministerio de Desarrollo a los cuales sin embargo no se le labraron actuaciones administrativas ni penales. O la aprobación de una moratoria (amnistía) fiscal que suprimió las multas e intereses por impuestos impagos (a veces durante años) de grandes empresas como el Grupo Indalo o el correo privado OCA, en manos de empresarios afines al kirchnerismo y sindicalistas peronistas.
Todo esto ocurre en el contexto de una cuarentena total establecida el 20 de marzo pasado y que se proyecta mantener al menos hasta el 30 de agosto. Mientras tanto el número de personas infectadas y muertas en el país no ha hecho otra cosa más que incrementarse gradualmente.
La prolongada cuarentena a terminada por destruir toda posibilidad de recuperación de la golpeada economía argentina.
La inflación acumula 15,8% en lo que va del año y alcanza un alza dl 42,4% en los últimos doce meses. En julio la inflación subió 1,9% y para agosto esperan un piso del 3%, según anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El dólar, refugio habitual de los ahorristas de los sectores medios en época de alta inflación que cotizaba a catorce pesos cuando Alberto Fernández ganó las PASO hoy cotiza en el mercado paralelo o “blue” a ciento treinta y tres pesos.
Tan solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tasa de actividad de la población económicamente activa y residente s redujo al 46,9%. Esto significa una disminución interanual de 9,9 puntos porcentuales. Al crecimiento del desempleo se añade la caída del ingreso real en los hogares, impulsando la pobreza, que alcanza al entre el 55 y el 60% de la población.
La actividad industrial en el país se situó en 53,3%, es decir, 5,8 puntos porcentuales por debajo del 59,1% registrado en igual mes del año pasado.
Este año el déficit primario rondará el 8% del PBI que ante la ausencia de reservas y la imposibilidad de tomar deuda, derivó en un auténtico tsunami de emisión monetaria.
En tanto, el PBI argentino se sitúa al mismo nivel que tenía dieciséis años atrás. El éxodo de empresas hacia entornos económicos más atractivos y confiables y las convocatorias y quiebras marcan también récords históricos.
Frente a la aparente inoperancia y el descrédito del gobierno nacional, con un presidente que un día dice algo o anuncia una medida y un par de días más tarde declara lo contrario o anula lo anteriormente resuelto, que públicamente reconoce que la población no acata lo que él dispone y que ha perdido treinta puntos de imagen positiva en tan sólo dos meses. El 43% de los argentinos opinan negativamente del mandatario que por primera vez tiene más imagen negativa que positiva. Los sectores de clase media han resuelto movilizarse y ocupar las calles con un “banderazo” de protesta el próximo feriado del 17 de agosto.
Como en otras ocasiones la convocatoria comenzó a través de las redes sociales hace un mes, pero en esta ocasión los grandes medios de prensa y televisión ya dieron amplia difusión a la movilización durante esta última semana.
También los partidos políticos opositores, veladamente para no confrontar con las reglas de la cuarentena oficial, apoyan la marcha de protesta.
El exdiputado de la Unión Cívica Radical y actor, Luis Brandoni, grabó un vídeo difundido por las redes sociales convocando a la protesta: “Vamos a hacernos oír otra vez cumpliendo todos protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al general San Martín, salgamos con nuestras banderas y nuestras voces a todas las calles del país”, señaló el actor.
Aunque la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, no adhirió oficialmente a la iniciativa la ex ministra de Seguridad y presidente del partido PRO, Patricia Bullrich apoyó a título personal la convocatoria en todos los medios de prensa a su alcance.
“El 17 se sale por el trabajo, por la seguridad, no solo por la reforma de la justicia que es importante, sino por las cosas comunes que les pasan a los argentinos todos los días”, sostuvo Bullrich.
La convocatoria es para el feriado del lunes 17 a las 16.00 horas en el Obelisco porteño y en las principales plazas de las ciudades del interior del país. Los organizadores aspiran a reunir un millón de personas en las calles. Habrá que esperar para ver si lo logran y para saber como responderá el gobierno de Alberto Fernández a este reclamo social y a la prematura pérdida del control de la calle. Algo a lo cual el peronismo no está acostumbrado.
