Pese a que el aparato de propaganda en manos del kirchnerista insiste con el relato de que el presidente Alberto Fernández “se puso el país al hombro” y que su imagen positiva del gobierno han crecido debido a su acertado manejo de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus Covid 19, la sociedad argentina evidencia otra realidad.
Al mal humor provocado por las medidas restrictivas a los desplazamientos y las limitaciones a las actividades económicas, se suman un conjunto de medidas impopulares impulsadas por los sectores ultracristinistas del gobierno, con la escusa de contener la pandemia.
Primero fue el intento de estatizar el sistema de medicina privada para que todos, los que pagado durante años para disponer llegado el momento un servicio médico de mayor calidad y los que no han destinado ni un centavo de sus ingresos a este propósito, tengan el mismo servicio gerenciado por un Estado que ha demostrado su ineficacia en la gestión de la salud pública.
La iniciativa populista inmediatamente erizó la piel de las empresas propietarias de las clínicas médicas, los poderosos laboratorios farmacéuticos, profesionales de todas las ramas de la salud y especialmente de los influyentes sindicatos, que administran los fondos de las obras sociales y tiene una sólida e invisible red de intereses con la medicina privada.
Rápidamente, el presidente debió salir a decir que no se tocaría a la medicina privada.
Siguió inmediatamente la decisión de importar varios centenares de “médicos” de Cuba. Los colegios médicos argentinos objetaron al instante la idoneidad profesional de los supuestos médicos cubanos y que el gobierno, contradiciendo la abundante legislación existente, les permitiera ejercer sin revalidar sus títulos profesionales.
En tanto que, la oposición de centro derecha no dudo en acusar a los profesionales cubanos de ser en realidad agentes de inteligencia que llegaban al país para apoyar al aparato de poder kirchnerista para perpetuarse en el gobierno como hicieron en Venezuela con el dictador Nicolás Maduro.
Por último, llegó la liberación de los presos peligrosos con el justificativo del hacinamiento en las cárceles y de que los liberados constituyen población en riesgo ante la pandemia por su edad o por presentar patologías previas.
En realidad, desde tiempos de la campaña presidencial, el kirchnerismo había anunciado que propiciaba una liberación masiva de los “compañeros presos” comenzando con los exfuncionarios procesados y detenidos por hechos de corrupción durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, siguiendo luego con los condenados y procesados por delitos comunes que forman el “batallón militante” de presos que apoya al kirchnerismo dentro de los penales.
Diversos militantes kirchneristas se expresaron en ese sentido. El actor cómico Dady Brieva levantó una polvareda mediática con sus afirmaciones de que los peronistas como él sentían “respeto por el oficio de chorro”. En el mismo sentido, el dirigente social y amigo del papa Francisco, el abogado Juan Grabois afirmó que si le hubiera tocado ser padre de familia durante la crisis económica de diciembre de 2001, en lugar de salir a “cartonear”, estaba seguro de que “hubiera salido a robar de caño”. Por último, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, que viva de lo ajeno, pero con códigos”, es decir, con una violencia administrada y racional.
Una vez en el gobierno, el Frente de Todos no sólo liberó a los exfuncionarios corruptos sino también a peligroso criminales comunes.
Es así como entre el 17 de marzo y el 17 de abril, el gobierno dejó en libertad a 2.244 presos de la cárceles bonaerenses. La mayoría, 1607, fueron liberados por haber cumplido sus penas o porque estaban en condiciones de obtener la libertad condicional. Otros 637 reclusos recibieron el beneficio de arresto domiciliario. De ese grupo 439 lo hicieron por pertenecer al grupo de contagio con el Covid 19.
Pese a las afirmaciones del gobierno de que no liberaría a presos violentos entre los liberados figuran personas condenadas por homicidio, en especial femicidios, narcotraficantes, violadores y pedófilos.
Lo que sucede es que el kirchnerismo adhiere al “garantismo jurídico” extremo que propicia el exjuez Eugenio Zaffaroni. Una teoría de filosofía jurídica que parte del principio de que la propiedad privada es producto de un robo y que por tanto el robar no es un delito. De que los delincuentes no son individuos antisociales sino víctimas de la una sociedad injusta y de un sistema legal impuesto compulsivamente por los ricos y poderosos que se han apropiado de la riqueza que en realidad es de todos.
Además, de estos grandes temas que movilizan a la opinión pública contra el Gobierno, otros hechos han contribuido también a incrementar el mal humor social.
· La negativa del gobierno y de toda la clase política a rebajarse los salarios en solidaridad con el resto de la sociedad ante la crisis económica y los mayores gastos fiscales generados por la pandemia.
· La devaluación del peso argentino frente al dólar. El 10 de diciembre de 2019, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández, el dólar paralelo o “blue” cotizaba a 40 pesos y hoy, cinco meses después, lo hace a 120 pesos.
· El gobierno debió despedir a quince altos funcionarios del ministerio de Desarrollo Social por adquirir alimentos para distribuir entre la población necesitada con una licitación amañada que en algunos casos pagar sobreprecios de hasta tres veces el costo en un supermercado de barrio. Los funcionarios fueron despedidos pero no se les labró el sumario reglamentario ni se le aplicaron sanciones administrativas ni penales con lo cual en el futuro podrían ser designados en otros cargos de la administración pública o acogerse a la jubilación.
· Los efectos económicos provocados por el cese de la actividad económica en los trabajadores cuentapropistas que se quedaron de un día a otro sin ingresos de ningún tipo y sobre las empresas paralizadas que debían seguir afrontando los costos salariales, alquileres, seguros, impuestos, etc. La actividad económica en abril cayó un 70% comparada con igual mes de 2019 y la venta de naftas cayó un 90%.
· La falta de medidas reales, efectivas y concretas para apoyar en tiempo y forma a todos los afectados por la interrupción de la cadena de pagos, incluyendo municipios y provincias que dejaron de percibir impuestos porque la población carece de recursos para cumplir con los pagos.
· Y el masivo maltrato a los ancianos que debían cobrar sus pensiones, el viernes 3 de abril, forzados a soportar largas horas de cola al frío frente a las puertas de los bancos, por la improvisación de las autoridades. A lo que se suman las lamentables declaraciones del presidente Alberto Fernández culpando a los ancianos de vivir demasiado y ocasionar mayores gastos fiscales en pago de jubilaciones y prestación de cobertura médica
Todos estos factores confluyeron en el ánimo de la población ayer jueves 30 a las 20.00 horas para que expresara su descontento en un masivo cacerolazo contra el Gobierno.
De nada sirvió que la ministra de Seguridad Sabrina Frederick tratara de infundir temor en la oposición amenazando con un “patrullaje cibernético” contra quienes agitaran la protesta a través de Internet.
La protesta fue convocada exitosamente mediante las redes sociales y los hashtag #Cacerolazo30A, #CacerolazoContraLaImpunidad y #CacerolazoContraPresos entre otros, y se hizo masiva en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Olivos, Bahía Blanca y Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Jujuy, Salta, Córdoba y La Pampa.
Miles de personas golpearon cacerolas, hicieron palmas en los balcones de los edificios, patios y jardines de las casas. También se escucharon bocinazos de los automovilistas y hasta sirenas de los vehículos policiales.
La masiva y prolongada protesta constituye una clara advertencia del mal humor social para el gobierno de Alberto Fernández que el año próximo, cuando la pandemia se haya atenuado o desaparecido, deberá afrontar las decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato.
