Los afectados por el Covid-19 en Argentina se acercan dramáticamente a los mil infectados y los muertos a veintisiete, mientras el presidente haciendo gala de un insólito optimismo declaró en una entrevista: “los primeros resultados dicen que estamos dominando al virus… Muchos países de Europa, Estados Unidos también, impusieron la cuarentena tardíamente cuando el virus se había propagado mucho. Nosotros lo estamos controlando.”
En sintonía con esa visión optimista, el médico infectólogo Gustavo Lopardo, integrante del Comité de Crisis que realiza el seguimiento del avance de la pandemia en el país, propuso que los medios de comunicación cesen de informar sobre el número de afectados para no generar miedo.
“Contar los muertos e infectados es el rol de la Organización Mundial de la Salud, no de los medios”, concluyó el asesor presidencial. Como si para bajar la fiebre de un enfermo fuera suficiente con romper el termómetro.
Al mismo tiempo los medios de prensa controlados por el gobierno y los encuestadores afines al kirchnerismo insisten en tratar de instalar la idea de que el presidente tiene un nivel de aprobación superior al 90% cuando diversos acontecimientos indican que eso no es así.
El lunes 30 de marzo, entre las 21.00 y 21.30 hs., se produjo un cacerolazo masivo en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba capital pidiendo que ante la crisis del coronavirus los políticos se bajen los sueldos.
La protesta surgió en las redes sociales y se expandió a través de las cadenas de WhatsApp, un medio que el gobierno no puede controlar pese a contar con un numeroso “ejército de trolls”.
El sector de la sociedad que tiene un trabajo formal, una vivienda propia y paga impuestos esta cansada de que el gobierno le imponga una “solidaridad forzada” con los sectores populares dependientes de la ayuda financiera estatal mientras con los políticos se fijan altísimos salarios y se otorgan suculentos beneficios -pasajes de avión gratuitos, chofer y automóvil oficial, numerosos asesores bien remunerados, excepciones impositivas, etc.- con recursos provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes.
En la provincia de Tucumán, una de las más pobres del país, por ejemplo, cada uno de sus 49 legisladores provinciales le cuesta cada año al erario local $85.716.327 pesos, que equivalen a 5.042 salarios mínimos vitales y móviles (de aproximadamente $17.000.-) o U$S 1.026.543 dólares estadounidenses al cambio oficial.
El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá recibe un salario mensual de $628.991 pesos, que equivalen a 37 salarios mínimos vitales y móviles o unos U$S 10.000 dólares estadounidenses. No es una cifra demasiado alta para un funcionario de esa jerarquía. Además, cada vez que el ministro sale del país, como cualquier otro miembro del gabinete, percibe “viáticos” diarios en dólares por cada día que permanece en el extranjero y cuyo monto varían según el país de destino y que no debe justificar si los gasto o no, son para él. También recibe un monto considerable y variable en concepto de “gastos eventuales”. Esos fondos si debe justificarlos con boletas y reintegrar el sobrante si no los emplease.
Los interesante es que el Canciller paga impuesto a las ganancias por su salario y no por los “viáticos o los gastos eventuales” que se abonan por boleta separada en efectivo previamente al inicio de su viaje. Como encargado de las Relaciones Exteriores del país, el Canciller debe viajar con frecuencia por lo que en algunos meses sus ingresos por concepto de “viáticos” pueden superar sus haberes.
En Argentina, la política no conoce de ajustes ni solidaridades. Pero, la gota que colmó el vaso de la paciencia colectiva fue la decisión del gobierno de contratar a algunos artistas que se identifican públicamente con el kirchnerismo -como el músico Fito Páez- para que realicen desde sus domicilios funciones para “alegrar” a la población a través de las redes sociales. Una suerte de paliativo oficial para compensar a los artistas amigos por la suspensión de los espectáculos debido a la cuarentena.
Es que los gobiernos populistas se especializan en hacer solidaridad y apoyar a la “cultura” con el dinero de los otros.
La imposición de la cuarentena con congelamiento de despidos, de incrementos en los alquileres y el cese de actividad económica ha erosionado considerablemente el apoyo que el gobierno recibía de un sector del empresariado.
Eso se hizo evidente cuando la empresa ítalo-argentina Techint, una de las principales contratistas de la obras pública, despidió, pese a la prohibición gubernamental de efectuar despidos, suspensiones o reducciones de sueldos a los empleados; a 1.450 de sus trabajadores.
Aunque por el momento el gobierno logró que la prensa ocultara estos hechos, en las redes sociales circularon filmaciones caseras efectuadas por ciudadanos particulares -y en algunos casos por el propio personal de seguridad- de motines en las cárceles de Batán y Coronda, protagonizados por presos que demandaban medicamentos y alimentos. Saqueos a comercios en la localidades La Plata, Tigre y Pergamino.
Curiosamente, estos saqueos no se produjeron contra locales de grandes cadenas de supermercados que cuentan con guardias de seguridad y seguros por vandalismo, sino contra pequeños comercios locales, en especial verdulerías. Parece que, al menos en esta ocasión, para los saqueadores es más importantes hacerse con una bolsa de papas que robar un electrodoméstico o una botella de bebida alcohólica. Por algo, los productos de verdulería subieron entre un 100 y un 200% desde el establecimiento de la cuarentena.
Por último, el fin de semana pasado circuló por las redes sociales y hasta se comentaron en los medios de prensa tradicionales -aunque sin proyectarlos- videos grabados por un ciudadano mientras recorría las calles del municipio bonaerense de La Matanza donde era posible observar apretadas colas de varias cuadras de extensión de gente que pretendía acceder a un cajero automático para sacar dinero, también se veían vendedores callejeros y personas que transitaban tranquilamente por las calles sin emplear barbijos ni ninguna otra medida de protección. La filmación no mostraba ninguna presencia policial ni de autoridad municipal o provincial alguna.
Otro vídeo revelaba la circulación de “colectivos truchos”. Por lo general se trata de unidades de transporte dejadas fuera de servicio por su deterioro y antigüedad que circulan en forma clandestina evitando los cruces de calles controlados por la policía. Los pasajeros pagan un boleto o tique mínimo y a cambio viajan hacinados, apretados unos contra otros, solo los afortunados consiguen un asiento. Allí tampoco nadie emplea barbijos pese a viajar en un espacio cerrado y falto de ventilación.
Es que el conurbano bonaerense profundo nunca sale en los noticiarios televisivos.
Resulta evidente que pese a las optimistas afirmaciones del presidente Fernández, la situación epidemiológica en Argentina dista mucho de estar bajo control y que finalmente esta negligencia oficial luego se saldará inevitablemente en un número mayor de víctimas que hoy se podrían evitar. Pero, el relato y la incapacidad de las autoridades de todos los niveles lo impide.
