Los gobierno populistas del llamado socialismo del siglo XXI suelen reemplazar la realidad que les es adversa por una fantasía bien construida. Una realidad alternativa que el kirchnerismo ha bautizado como: “el relato”.
Así, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se incrementó el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- respondió dejando de medir el índice de pobreza. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, de cuya área dependía ese organismo, justificó esta decisión afirmando que medir la pobreza era “estigmatizar a los pobres”.
Así, que por decisión gubernamental, en la Argentina kirchnerista, dejaron de existir los pobres. En realidad, pobres había y en cantidad, todos los veían pero nadie sabía con certeza cuantos eran y si su número crecía o disminuía.
Ahora el gobierno de Alberto Fernández procede en forma similar con respecto a la expansión del coronavirus tratando de instalar la idea de que ha actuado correctamente y a tiempo para prevenir lo más posible la difusión de la enfermedad.
Aunque la situación es otra. El gobierno argentino adopta tarde las medidas necesarias y las implementa mal. No obstante, difunde ante la población la idea de que tiene todo bajo control y que se han adoptado todas las previsiones posibles. Lo cual no es cierto.
Luego de menos preciar la gravedad de la pandemia con las declaraciones triunfalistas del ministro de Salud Ginés González García, un médico que llegó al cargo patrocinado por la industria farmacéutica, el gobierno comprendió la gravedad de la amenaza y los riesgos electorales que encerraba a futuro y decidió actuar con energía pero el entramado de incapacidad e intereses políticos y económicos trabó la adopción de las medidas de fondo.
El gobierno inicialmente estableció un acuerdo con la oposición y los medios de prensa para evitar las críticas a las medidas adoptadas para contener la pandemia. Se trataba de suspender “la grieta” y la persecución a los funcionarios y periodistas macristas en nombre de la unidad nacional frente a la crisis y planteando la necesidad de impedir la propagación del pánico en la población.
La prensa comenzó a dedicar mucho espacio a las imágenes del presidente Fernández, ataviado con un curioso casco blanco, recorriendo instalaciones sanitarias y realizando declaraciones redundantes y poco concretas, como el anuncio de que destinaba veinte millones de dólares a la lucha contra el coronavirus, mientras que otros países como Marruecos destinaban 1.000 millones para paliar la emergencia.
Había dado comienzo el relato sobre el coronavirus: el presidente Fernández se había anticipado a la crisis, tenía la situación bajo control y no había nada de qué preocuparse.
Algunos periodistas y ciertos analistas que venden su imagen de “independientes” comenzaron a difundir reiteradamente que la imagen positiva del presidente se había incrementado notablemente. Como si frente a la pandemia del coronavirus fuera importante la imagen del presidente. Lamentablemente, la realidad era otra.
Mientras tanto, comenzó el aprovechamiento político de la coyuntura con desprecio de las urgencias que el momento imponía. El mejor ejemplo de ello fue la puja en torno al inicio o no de las clases.
Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, los gremios docentes en manos de dirigentes kirchneristas impidieron, con huelgas por reclamos salariales, el normal inicio de las clases previsto en el calendario escolar.
Tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, estaban interesados en instalar el mensaje en la población de que con el kirchnerismo en el gobierno las clases comenzaban sin incidentes en la fecha prevista.
El calendario escolar establecía el inicio de las clases en la educación primaria para el lunes 2 de marzo y una semana más tarde, el lunes 9 para los alumnos de secundaria. El gobierno hizo que las clases comenzaran según ese calendario, aunque para ese entonces ya se habían registrado los primeros casos de coronavirus, muchos alumnos regresaban de sus vacaciones en el extranjero y en diversos países se habían interrumpido las clases. La prudencia indicaba que lo correcto era no iniciar las clases pero los intereses políticos prevalecieron.
Finalmente, el viernes 13, es decir al fin de la segunda semana de clase para los alumnos primarios y de la primera para los estudiantes de secundaria, se suspendieron las clases después de exponer a docentes y alumnos al riesgo de contagio y a la expansión de la pandemia.
Los controles en aeropuertos y a los viajeros se manejaron la misma negligencia.
Quién esto escribe partió desde Buenos Aires a Madrid el 1° de marzo y regresó a Argentina desde esa ciudad el día 11. Para ese entonces el gobierno argentino afirmaba que se realizaban controles de temperatura a los pasajeros. Pero no era cierto. En ambas ocasiones este viajero no observó ningún tipo de controles ni en el aeropuerto de Ezeiza ni en el de Barajas.
El 10 de marzo el gobierno argentino decretó que todos los viajeros que arribaran al país provenientes de lugares con una alta tasa de casos de coronavirus, como España, Estados Unidos o Italia, estaban obligados a realizar un aislamiento preventivo de catorce días.
Sin embargo, al arribar al aeropuerto de Ezeiza no había ningún tipo de control. Solo se les pedía a los pasajeros que completara una supuesta declaración jurada donde aseguraba no tener ninguno de los síntomas del covid-19, pero nadie controlaba los datos consignados. Era muy sencillo mentir, incluso consignar un nombre y domicilio falso. Una persona retiraba los formularios a medida que los pasajeros descendían sin molestarse en leerlos, mucho menos en confrontar los datos con los del pasaporte. Las declaraciones juradas eran un mero formulismo para afirmar la existencia de controles.
Luego los viajeros provenientes de varios vuelos -en este caso precisamente de España e Italia- se hacinaron durante casi una hora en una amplia sala donde formaron una apretada fila en zigzag para cumplir con el trámite migratorio habitual. Pese a que muchas personas tosían y lucían sus ojos afiebrados a ninguna autoridad aeroportuaria ni sanitaria se le ocurrió tomarles la temperatura o sacarlos de la fila para verificar su estado.
Al dejar las instalaciones del aeropuerto los viajeros se distribuyeron en diversos medios de transporte público y privado rumbo a sus lugares de alojamiento sin ningún tipo de control.
Durante días, residentes en Argentina y turistas continuaron arribando al país sin que las autoridades los obligaran a cumplir con el aislamiento obligatorio. Los turistas se registraban en sus hoteles y luego salían alegremente a recorrer la ciudad y a comer en restaurantes y bares llenos de gente. Incluso un crucero de turismo repleto de pasajeros permitió su descenso en el puerto de Buenos Aires y las autoridades tardaron dos días en obligarlo a zarpar.
En ese momento, 11 de marzo, para un país de casi tres millones de kilómetros cuadrados de extensión y cuarenta y cuatro millones de habitantes había un solo laboratorio habilitado -el Instituto Malbrán- para efectuar los análisis sobre la existencia o no de coronavirus. Hoy, con más de quinientos casos detectados y nueve muertos, los laboratorios habilitados son solo seis en todo el país y la cantidad de reactivos de prueba es insuficiente para todos los pacientes sospechosos de haber contraído la enfermedad. Esto significa que el número real de contagiados y de muertos por coronavirus se ignora y que el gobierno no implementa los controles necesarios para establecer un conteo confiable.
Finalmente, el jueves 19 de marzo el gobierno decretó el cese total de actividades hasta el 31 de marzo y la obligatoriedad de permanecer en los domicilios para el grueso de la población.
Sin embargo, como había previsto un feriado de cuatro días hasta el 24 de marzo. Los argentinos ignorando la prohibición oficial, alegremente partieron para unas minivacaciones en la costa y otros destinos de turismo interno. Nuevamente, el gobierno nacional no tomó ninguna medida para impedirlo. Tan solo los intendentes y algunos vecinos de ciertas localidades evitaron la llegada de turistas a sus ciudades.
Mientras tanto, los primeros días del cese de actividades laborales y comerciales comenzaron a golpear fuerte en la economía de los trabajadores por cuenta propia (peluqueros, entrenadores físicos, taxistas, remiseros, vendedores callejeros, jardineros, empleadas domésticas, masajistas, dentistas, abogados, psicólogos, plomeros, albañiles, etc.) se quedaron de un día para otro sin ingresos y sin fecha cierta de cuándo podrán trabajar nuevamente.
Estamos hablando de entre el 35 y 45% de las familias argentinas, incluyendo gran parte de la población con menores recursos que depende de los pagos que reciben del gobierno: la asignación universal por hijo, planes sociales que se pagan por tarjeta de débito, distribución gratuita de alimentos, y de la comida que brindan los comedores comunitarios, etc.
La aplicación de aislamiento social obligatorio detonó motines en algunas cárceles. Los presos acusaron al personal penitenciario de no respetar la cuarentena si habían viajado al exterior, se quejaban de que había disminuido la comida y de que se suspendieran las visitas de familiares.
También se registraron protestas en los barrios de emergencia donde la población más carenciada se hacina en precarias viviendas. Allí en ocasiones viven tres o cuatro personas en una pieza, sin agua corriente ni cloacas. Incluso hubo saqueos a comercios y ataques a personal policial en algunas zonas marginales del Gran Buenos Aires que el gobierno ha tratado de minimizar y ocultar presionando a la prensa.
En las “villas”, donde la policía rara vez entra, la gente se niega a cumplir con el aislamiento y se reúne a conversar en los pasillos, jugar al futbol y tomar cerveza o incluso mate…
Si el coronavirus entra en alguno de estos asentamientos poblacionales, con 15 o 20.000 habitantes, las consecuencias serán letales.
Actualmente, la situación en Argentina parece controlada. Pero es tan sólo la calma que precede a la tormenta. Según los expertos esa tormenta puede llegar en la primera quincena de abril con la aparición de los primeros fríos.
El gobierno no está debidamente preparado para hacer frente a la expansión de la pandemia. Además, la sociedad toda no parece comprender la gravedad de la situación, casi 140.000 personas han sido detenidas y procesadas por violar la cuarentena. La gente, sin distinción de niveles sociales, vulnera el aislamiento social y menosprecia las medidas de prevención. En algunos casos, incitados por el mal ejemplo de algunas autoridades nacionales y ciertos comunicadores sociales.
Parece que una vez más los argentinos insisten en bailar sobre la cubierta del Titanic.
