Buenos Aires, 7 de diciembre de 2019
Después de tres mandatos presidenciales consecutivos que constituyen el mayor periodo que un presidente boliviano ha gobernado el país, en 2016, el dirigente indigenista y cocalero Evo Morales convocó a un referéndum para eliminar el límite constitucional que le impedía acceder a un nuevo período. Cuando los bolivianos rechazaron la propuesta, el Tribunal Constitucional Plurinacional, lleno de jueces leales al presidente, lo habilitó de todos modos a postularse con el absurdo argumento de que esa prohibición a competir por un nuevo mandato violaba los “derechos humanos” de Evo Morales al impedirle “elegir y ser elegido”.
En octubre, Morales se adjudicó el “triunfó” para un cuarto mandato en elecciones que, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), estuvieron plagadas de irregularidades. Múltiples actores sociales, desde los estudiantes y los mineros de Potosí y de otras regiones hasta los grupos indígenas de la zona andina y buena parte de la sociedad civil de la Medialuna, la zona más rica del país, salieron a las calles contra el fraude electoral.
Tres semanas de movilizaciones impresionantes y bloqueos en rutas y calles vaciaron la narrativa de que Evo Morales tenía la absoluta lealtad de las masas bolivianas y que sólo la “oligarquía” se oponía a su permanencia en el gobierno por un nuevo período.
Conforme transcurrió el tiempo, las protestas se radicalizaron y extendieron, generándose una gran violencia y los primeros muertos, por lo que el presidente sólo podía permanecer en el poder si la Policía y el Ejército controlaban la situación. Las Fuerzas Armadas se negaron “a disparar contra el pueblo” y Evo Morales perdió el último apoyo de cualquier gobierno.
El presidente reaccionó demasiado tarde y cuando propuso la realización de nuevas elecciones su propuesta se había tornado poco creíble y la oposición se había radicalizado e incrementado. Su renuncia, el 10 de noviembre, fue forzada por los militares, si bien estos no tomaron el poder para sí, sino que intentaron abrir una salida constitucional. Se configuró así un “golpe de Estado blando” o “golpe de Estado civil”, pero golpe de Estado al fin y al cabo porque obligó a un presidente a renunciar, huir del país y pedir asilo político.
Bolivia vivió después del alejamiento del presidente Morales, que busco refugió en México bajo la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador, un vacío de poder. El hasta entonces partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) decidió dejar al sistema democrático sin salidas institucionales, al hacer que renunciaran todos los políticos que podían asumir un gobierno provisional (el vicepresidente y los presidentes de las cámaras de senadores y diputados) y al impedir, en primera instancia, que se reuniera el Congreso. Al hacerlo, dejaban además en un limbo legal las renuncias antes mencionadas, que de acuerdo con la Constitución debían ser aprobadas por el propio Congreso con mayoría absoluta del MAS.
La oposición se vio forzada a apelar al nombramiento como presidenta provisional de una vicepresidente del Senado, Jeanine Áñez, violando la constitución al lograrse el quorum en el Senado por la ausencia de los legisladores del MAS. El tribunal Constitucional aceptó la situación de hecho y declaró legal la asunción de la presidencia por parte de Áñez apelando a un precedente usado habitualmente en la región para justificar a los regímenes de facto, la necesidad de establecer un gobierno que asegure la seguridad y el bien público ante la acefalía de la presidencia. Las cúpulas de la Policía Nacional y las fuerzas armadas también reconocieron como legítima a la nueva presidente que inmediatamente declaró clausurado el Congreso para evitar que la mayoría del MAS revocara su mandato.
La presidente Jeanine Áñez procedió la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, con 24 artículos y cinco disposiciones finales, donde se dejan sin efecto legal los comicios realizados el 20 de octubre y se da lugar a nuevos comicios para elegir presidente.
Sobre la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la norma señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará un nuevo proceso de elección, en un máximo de hasta veinte días calendarios, desde la aprobación del reglamento.
En cuanto a las elecciones generales, los vocales del TSE, dentro de los dos días calendarios siguientes a su posición, emitirán la convocatoria para las elecciones generales 2020.
El TSE, a través del Servicio de Registro Cívico (Sered), realizará las tareas de saneamiento del padrón electoral para la correcta realización de los referidos comicios.
La ley también estableció que podrían participar de la elección todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente al momento de la promulgación de la norma.
Respecto a los candidatos, la norma estableció que los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continuada a un cargo electivo, durante los dos períodos constitucionales anteriores, no podrían postularse para el mismo cargo.
Mientras se definen los miembros del Tribunal Supremo Electoral, varios precandidatos presidenciales han manifestado su intención de competir en los próximos comicios.
En primera instancia, el expresidente Carlos Mesa, quién se situará en segundo lugar en los comicios del 20 de octubre pasado después de obtener algo más del 37% de los sufragios, ha expresado su decisión de volver a competir por la presidencia acompañado nuevamente por Gustavo Pedraza, como candidato del partido Comunidad Ciudadana.
Carlos Mesa (1953) es un intelectual, periodista, documentalista y escritor. Fue el sexagésimo tercer presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005 y el trigésimo séptimo vicepresidente de Bolivia desde el 6 de agosto de 2002 hasta el 17 de octubre de 2003, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
También el candidato coreano, el médico y pastor evangelista Chi Yung Chang, que alcanzar el tercer lugar, con el 8,77% de los votos, en la pasada elección como candidato del Partido Demócrata Cristiano, manifestó su intención de volver a presentarse como candidato.
El Partido Demócrata Cristiano fue fundado el 6 de febrero de 1954. Participó del gobierno de René Barrientos y de Hugo Banzer Suárez. En 1989 llevó a la vicepresidencia de Bolivia a Luis Ossio Sanjinés.
Chi Yung Chang nació en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, el 7 de marzo de 1970 de padres coreanos. Chang vivió y creció en el seno de una familia evangélica. En 1976, su familia se trasladó a vivir a la capital de Seúl. Pero tiempo después la Iglesia Presbiteriana de Corea envió a la familia Chang como misioneros evangélicos a Bolivia.
La familia Chang llegó a Bolivia en 1982 instalándose en Santa Cruz de la Sierra, donde el joven Chi de doce años estudio en el Colegio Bautista Boliviano – Brasileño. En 1989 ingresó a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca donde se graduó en 1995 de médico. Mas tarde, en Santa Cruz de la Sierra obtuvo una Maestría en Educación Superior y otra Maestría en Gerencia de Salud y Salud Pública.
Durante su vida profesional, Chi Yung Chang se desempeñó como director de la clínica médica UCEBOL. Fue fundador de setenta iglesias evangélicas y es el presidente de la Iglesia Presbiteriana de Bolivia.
El 15 de agosto de 2019, Chi Yung Chang comenzó su campaña electoral lanzando duras críticas al Colectivo LGBT señalando que los miembros de este grupo necesitarían un tratamiento psiquiátrico. Sus declaraciones recibieron en ese entonces una gran ola de críticas por parte de la población boliviana liberal, en especial del colectivo de gays y lesbianas. Aunque otra gran parte de la población boliviana (especialmente sectores conservadores y religiosos) apoyaron las declaraciones del pastor evangelista.
En su biografía el candidato coreano detalla que es “hijo de un nominado al premio Nobel de la Paz” y que atiende como médico gratuitamente cada año a doscientos mil pacientes mediante un hospital móvil.
Los nuevos precandidatos son el binomio formado por el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, el abogado Luis Fernando Camacho y su asociado el líder del Comité Cívico de Potosí Marco Pumari, que se destacaron en la lucha contra el fraude cometido por Evo Morales. Posiblemente podrían ser candidatos por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, fundado el 7 de junio de 1942 por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y otros dirigentes. Actualmente el MNR es conducido por Luis Eduardo Siles Pérez. A esta candidatura también podría sumarse la Unión Cívica Solidaridad que antes apoyo la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas.
Para participar como candidato presidencial Camacho renunció al Comité Cívico pro Santa Cruz. “Presidir está institución es un sueño de toda la vida; quien me conoce desde chico, sabe lo que trabajé por esto y que anhelé tener esta oportunidad, pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo aún más fuerte: ser Presidente de la República de Bolivia y poder, desde ahí servir con todas mis fuerzas para ver a mi patria próspera, unida y libre, donde todos juntos construyamos un mejor futuro para nuestros hijos, algo que hoy es más posible que nunca”, dijo Camacho al comunicar su renuncia.
Carismático, histriónico y verborrágico, el abogado cruceño Luis Fernando Camacho, de 40 años, logró ascender en muy corto tiempo a las primeras planas de la política boliviana. Sin un cargo electivo ni afiliaciones partidarias, se presentó como un líder civil en franca oposición al presidente Evo Morales, blandiendo siempre una Biblia y un rosario como únicas fuentes de legitimidad.
En mayo de 2019, la revista Forum, de Brasil, publicó una foto de una reunión que mantuvo con Ernesto Araujo, el canciller del presidente brasileño Jair Bolsonaro, para pedir su apoyo en el rechazo a la candidatura presidencial de Morales.
Camacho mantiene lazos políticos con el fugitivo Branko Marinkovic, quien se refugió en Brasil en 2010, tras recibir acusaciones de sedición y separatismo en Santa Cruz por haber organizado y financiado una banda armada que pretendía la independencia de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La comandaba otro croata-boliviano: Eduardo Rózsa Flores.
Luis Fernando Camacho es propietario junto con su familia del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. También forma parte de “Orden de los Caballeros de Oriente” una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz.
La familia Camacho, que se dedica especialmente a negocios vinculados con la industria gasífera, tiene varias cuentas offshore denunciadas en los Panamá Papers
El Movimiento Al Socialismo, el partido indigenista de Evo Morales, que cuenta con importantes adhesiones (entre un 20 y 25% del electorado) no ha definido aún quién será su candidato pero dos jóvenes dirigentes se perfilan como los favoritos.
Uno de ellos es el joven Andrónico Rodríguez Ledezma, que con tal sólo 29, quién hace menos de un año ganó, con el apoyo de Evo Morales, la vicepresidencia de las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino. En el Chapare hay 931 sindicatos y alrededor de 50.000 cocaleros afiliados, de un total de alrededor de doscientos mil productores.
Andrónico Rodríguez, quien a los 19 años ya era presidente de las juventudes estudiantiles, obtuvo a sus 22 años la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad San Simón de Cochabamba y es hijo de otro dirigente cocalero.
Además del vicepresidente de los cocaleros, destacan entre los dirigentes del MAS, la actual presidente del Senado, Adriana Salvatierra, otra profesional de la Ciencia Política que a sus 29 años, antes de renunciar, se situó tercera en la línea sucesoria del país. Otros dos jóvenes prestigiosos en las filas del MAS son el ex ministro de Comunicación, Manuel Canelas, de 37 años, y el diputado Adhemar Valda, de 34 años.
Habrá que esperar que en las próximas semanas se designen a los miembros del Tribunal Supremo Electoral para que así se establezca la fecha de los próximos comicios para conocer cuales son las candidaturas efectivas de las cuales surgirá el futuro presidente de Bolivia.
