Por el Dr. Adalberto Agozino
La reciente destitución del presidente peruano Pedro Castillo, por parte del Congreso de su país, es un nuevo ejemplo de la amenaza a la gobernabilidad que generan, en América Latina, los gobiernos por procuración.
La gobernabilidad amenazada
Las democracias en América Latina se caracterizan lamentablemente por una fuerte debilidad institucional que suele terminar en interrupciones del orden constitucional.
En América Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros factores, por la crisis fiscal de los estados, la falta de institucionalización de las organizaciones y procesos políticos, el colapso de los aparatos administrativos y la falta de legitimación de las estructuras políticas.
Los problemas de gobernabilidad en la región se han expresado a través de revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado que han tenido lugar siempre en el marco de una crisis económica provocada por una combinación de factores internacionales y domésticos que generaron recesión, inflación, altos niveles de desocupación, pobreza, etc.
En las últimas décadas, en particular, la amenaza más seria a la gobernabilidad democrática está representada por la aparición de ciertos “movimientos sociales” que someten al Estado a una sobrecarga de demandas que no se encuentra en capacidad de satisfacer en tiempo y forma.
La incapacidad de los gobiernos para responder a esas demandas incrementa el nivel de frustración y agresividad de quienes integran estos movimientos hasta que la misma deriva en la apelación a diversas formas de coacción violenta que pueden ser calificadas como “resistencia civil”.
La metodología revolucionaria que, en los países del Tercer Mundo, durante los años de la Guerra Fría apeló al “foquismo” y a la guerrilla urbana como método para intentar llegar al poder, parece ser cosa del pasado. No obstante, algunos grupos extremistas no han renunciado a la violencia como método de lucha política. El Estado burgués ha aprendido a enfrentar con éxito a la guerrilla. Existen sin embargo otros medios de violencia política que se adaptan mejor a la actual coyuntura, como la resistencia civil o resistencia social como prefieren denominarla los grupos que la practican.
La mecánica de los golpes blandos
En América Latina, una región caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad política, los golpes blandos parecen estar desempeñando, en el sistema político, el papel que antes cumplían los golpes de Estado militares. De Puerto Príncipe a Buenos Aires, de La Paz a Quito y a Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación de la totalidad de la ciudadanía. En consecuencia, los estallidos sociales, protagonizados por amplios sectores de la población, que expresan su descontento con violencia en las calles, están reemplazando a las tradicionales asonadas militares.
La protesta social se ha convertido, en la región, en un mecanismo utilizado con frecuencia para remover del poder a gobiernos legítimos que, aunque elegidos democráticamente, pierden por alguna causa el apoyo de su población.
Refiriéndose a esta circunstancia señala el eminente politólogo argentino Natalio R. Botana: “El principio de la democracia representativa, fundado en elecciones periódicas y transparentes y en el papel mediador de los partidos, choca con otro principio, ajeno a las disposiciones constitucionales que, con objeto de destituir a los gobernantes, atribuye un valor preponderante a las movilizaciones populares en calles, plazas y rutas públicas” … “Esta lógica latinoamericana de la acción colectiva impugna la legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las convulsiones sociales de nuestros países y, al mismo tiempo, está forjando una suerte de estrategia de asonadas populares tan tumultuaria como incierta”.
En América Latina, desde 1989, veintidós presidentes no han podido cumplir con su periodo de mandato constitucional
Considerando la historia reciente de Latinoamérica es posible observar que, desde 1989 hasta la fecha, veintidós presidentes constitucionales no han podido concluir su mandato por causas ajenas a su voluntad. De ellos, catorce perdieron sus cargos debido al estallido de violentas protestas sociales –piquetes, saqueos, cacerolazos, marchas, huelgas de hambre, etc.- que derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad que a su vez originaron importantes pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. En todos los casos las protestas cesaron una vez que el primer mandatario renunció.
El resto sufrió destitución o se vio forzado a renunciar para evitar su destitución por parte de los parlamentos. Solo dos, el 10% del total, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, en 1989, y el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, en 2000; fueron destituidos con participación de las fuerzas armadas.
Los gobiernos por procuración
Pero recientemente, ha aparecido una nueva amenaza a la gobernabilidad en la región y esta es la existencia de “gobiernos por procuración”. Denominamos en esta forma a la situación que se genera a partir de la existencia de un líder político hegemónico que por alguna razón institucional no puede ejercer la presidencia (por impedirlo alguna cláusula constitucional de no reelección, por impedimentos legales ligados a condenas judiciales por corrupción u otros motivos) y entonces nomina a un candidato sin real poder político para poder acceder al gobierno a través de él o para que ocupe el poder hasta superar el período de veda constitucional (usualmente un mandato) o solucionar sus problemas con la justicia.
Para expresarlo en sentido lato, uno líder político posee los votos y el control del aparato partidario (poder real) mientras que el candidato designado proporciona una buena imagen que permite seducir al electorado moderado e independiente (este obtiene el poder formal).
Este tipo de gobierno son formas democráticas distorsionadas propias de los sistemas presidencialistas que son mayoritarios en América Latina.
Los gobiernos por procuración terminan muchas veces en conflictos entre el delegado y titular del gobierno y el líder político que realmente detenta el poder. Veamos algunos ejemplos.
En 2017, el presidente Rafael Correa nominó a su antiguo vicepresidente Lenin Moreno como candidato presidencial. Una vez presidente Moreno se enfocó en la lucha contra la corrupción creando el “Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, integrado por personajes de la sociedad civil, privada y pública, para coordinar las acciones, prevenir y combatir los casos de corrupción en la función pública, buscando la fiscalización de lo ocurrido durante la gestión de Correa a través de los poderes judicial y legislativo.
La política revisionista y anticorrupción de Moreno pronto provocó choques con el expresidente Correa, quien lo acusó de abandonar la línea ideológica de su partido Alianza País.
Poco tiempo después, Lenin Moreno tomo distancia del vicepresidente, el correísta Jorge Glas a quién le retiró todas las funciones a este en agosto del 2017. Jorge Glas finalizó en prisión a causa de múltiples acusaciones de corrupción levantadas por la Contraloría y la Fiscalía.
Moreno terminó denunciando la administración de Rafael Correa por autoritaria y por haber llevado un mal manejo administrativo, permitiendo múltiples casos de corrupción.
El presidente tomó distancia del llamado “socialismo del siglo XXI” auspiciado por Correa, tratando de construir su propia versión de un socialismo nuevo, moderno e inclusivo.
Rafael Correa terminó perdiendo el control de Alianza País, fue procesado por corrupción y debió refugiarse en Bélgica para no ser extraditado y encarcelado en Ecuador.
En este caso el testaferro terminó anulando a su patrocinador y apropiándose de su caudal político.
Argentina también ha tenido experiencias traumáticas en materia de gobiernos por procuración y todos terminaron en conflictos.
En 1886, el presidente Julio A. Roca nominó como candidato presidencial al marido de la hermana de su mujer, Miguel Juárez Celman, pero cuando este evidenció independencia, le soltó la mano y permitió que un golpe de Estado cívico militar, que dejó un par de centenares de muertos, en 1890, lo derrocase.
En 1922, Hipólito Yrigoyen nominó a su discípulo Marcelo T. de Alvear como presidente. Cuatro años más tarde las diferencias políticas e ideológicas entre ambos llevaron a una fractura en su partido, la Unión Cívica Radical, y al nacimiento de la Unión Cívica Radical Antipersonalista.
Cincuenta años más tarde, en 1973, Juan D. Perón, imposibilitado de acceder a la presidencia por el veto de los militares, nominó como candidato presidencial al dentista Héctor J. Cámpora.
Cámpora solo gobernó 49 catastróficos días, con liberación indiscriminada de presos y ocupación de instalaciones públicas. Perón retornó al país, lo forzó a renunciar a la presidencia y luego convocó a nuevas elecciones que le permitieron convertirse en presidente de Argentina por tercera vez.
En 2019, Cristina Fernández de Kirchner tratando de lograr el voto del electorado moderado designó como presidente a Alberto Fernández y ella se reservó la vicepresidencia. Después de tres años de un pésimo gobierno, con la pobreza en el 40% y la inflación superando el 100% anual, las diferencias entre ambos personajes son tantas que no se dirigen la palabra desde hace meses y libran en sordina una auténtica guerra de desgaste con acusaciones cruzadas y cuestionamientos a los funcionarios.
En las encuestas de opinión el presidente y su vicepresidenta tienen una imagen negativa superior al 70% y el 80% de los argentinos desaprueban la marcha de su gobierno.
Luiz Inacio “Lula” da Silva, en 2018, intentó desde la cárcel gobernar por procuración nominando como candidato presidencial al ex alcalde de Sȃo Paulo, Fernando Haddad. La experiencia se frustro porque el candidato de Lula resultó derrotado en las elecciones por Jair Bolsonaro.
El último y más reciente ejemplo de un conflicto entre un presidente y el auténtico líder político se ha producido en Perú.
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, el 6 de junio de 2021, el maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los votos.
Pedro Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.
El partido que impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la conducción del neurocirujano graduado en Cuba, Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato por que pesaba sobre él una condena de tres años y nueve meses por corrupción.
En una legislatura fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de los 130 diputados.
El gobierno de Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban los rudimentos del funcionamiento de la administración pública. Para colmo de males, al poco de tiempo de asumir su cargo, Castillo se enfrentó con el jefe su partido Vladimir Cerrón, perdiendo el apoyo de Perú libre
Pedro Castillo, un maestro rural de 53 años y origen campesino, en un año y medio de gobierno acumuló cinco investigaciones juridiciales en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría, una década atrás.
Poco antes de su destitución, en las encuestas de opinión, el gobierno de Castillo acumulaba 86% de desaprobación y solo 10% de aprobación, en tanto que él como presidente sumaba una imagen negativa del 61% y solo 31% de imagen positiva.
El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado y tensionó aún más la ya frágil crisis política de ese país tras anunciar en su mensaje televisado a la nación que disolvía el Congreso y creaba un “gobierno de excepción”. Pocas horas más tarde, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, y tras la renuncia de varios ministros de su Gabinete, Castillo terminó destituido por el Congreso con los votos de los legisladores de Perú Libre y fue reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.
De los 130 legisladores que componen el Congreso unicameral del Perú, 101 votaron por la destitución de Castillo, 10 se abstuvieron y solo 6 votaron en contra. Es decir, que 30 de los 36 legisladores de Perú Libre votaron por la remoción del presidente de su propio partido. Esto no hubiera ocurrido sin la aprobación de Vladimir Cerrón.
Estos ejemplos demuestran que los gobiernos por procuración, al propiciar un divorcio entre el poder formal y el poder real, son una práctica nociva que termina por convertirse en una fuente de inestabilidad política que atenta contra la vida democrática en América Latina.
