Por el Dr. Adalberto Agozino
La vicepresidente de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública.
Una Vicepresidenta condenada
Con esas palabras, una alterada Cristina Kirchner reaccionó al escuchar su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta de los bienes del Estado Argentino.
La sentencia es el máximo de la pena que para ese delito contempla el Código Penal de la Nación Argentina.
El fallo es de gran relevancia institucional y política. Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta en ejercicio y líder indiscutida de la coalición gobernante, el Frente de Todos, su partido tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y gobierna en 13 de las 24 provincias argentinas. Además, Cristina Kirchner fue diputada, senadora y ocupó en dos ocasiones la presidencia de la Nación, entre 2008 y 2015. Nunca en la historia argentina un dirigente y funcionario de tanto peso político fue condenado por corrupción durante el ejercicio de su cargo.
En Argentina, diversos expresidentes fueron procesados después de dejar su cargo, pero solo uno recibió una condena firme de cárcel. Entre los procesados figura Juan D. Perón que fue procesado por estupro debido a que mantenía relaciones con una menor de 14 años (el tenía 59 años), Nelly Rivas, entre 1953 y 1955. La causa prescribió mientras el expresidente permanecía en el exilio.
El único expresidente condenado con sentencia firme fue Carlos S. Menem, que pese a sus muchos procesamientos sólo fue condenado en 2015 (había dejado el gobierno en 1999) a cuatro años y seis meses de prisión por pagar sobresueldos a sus ministros con los fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia. Pero, nunca cumplió la sentencia amparándose en sus fueros de senador nacional hasta el día de su muerte en 2021.
El juicio
Ayer, 6 de diciembre, el Tribunal Oral Federal N.º 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, como presidente y Andrés Bassou y Rodrigo Giménez Uriburu como integrantes, que juzgó a la expresidente y hoy vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados bajo la acusación de conformar una asociación ilícita y defraudación consistente en favorecer en las licitaciones para adjudicar las obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, al propietario de la firma “Austral Construcciones”, el empresario Lázaro Báez. En Argentina, este juicio se conoce como “la Causa Vialidad”.
Austral Construcciones recibió durante las presidencias del matrimonio Kirchner, entre 2003 y 2015, contratos para la construcción de obras viales en las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz por valor de 46.000 millones de pesos. Durante el juicio, la fiscalía cuantificó el perjuicio contra el erario en mil millones de dólares.
El juicio por el fraude cometido en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permaneció seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de forma virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades (pagos de sobreprecios, condonación de multas por incumplimientos de plazos, adelantos de obra, etc.) en 51 obras públicas viales adjudicados a Austral Construcciones.
Lázaro Báez, quien era un humilde empleado bancario antes de que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente de la Argentina, fundó Austral Construcciones en 2003, cuatro días antes de que su amigo Néstor jurara como presidente.
Entre 2004 y 2015, el patrimonio de Lázaro Báez creció 12.000% y el capital de su empresa un 46.000%. Durante ese período la firma patagónica tuvo un único cliente: El Estado argentino.
Durante esos años, el empresario y los Kirchner celebraron una veintena de acuerdos comerciales: contratos de alquiler de hoteles, compra -venta de inmuebles, fideicomiso de construcción, un terreno en condominio, entre otros, que generaron que Austral construcciones garantizara ingresos por más de cuarenta millones de dólares entre 2009 y 2015 al patrimonio de Cristina Kirchner.
Estos son los hechos que llevaron a la actual condena: “Condenar a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración público en carácter de autor”.
Además de esta condena, Cristina Kirchner enfrenta otros seis procesamientos judiciales. Su principal preocupación es la causa denominada “Hotesur – Los Sauces” donde la vicepresidenta esta procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia, imputados junto al empresario Lázaro Báez por el lavado de sesenta millones de dólares, a través de maniobras de alquiler de propiedades que nunca se usaban.
La justicia sospecha que este era el mecanismo por el cual Báez enviaba los “retornos” por los contratos de obra pública al matrimonio Kirchner. En la investigación de esta causa, la justicia encontró 5,5 millones de dólares en efectivo guardados en una caja de seguridad bancaria a nombre de Florencia Kirchner. Esta última, es la única del clan familiar que no esta protegida por fueros políticos y podría terminar en la cárcel.
Me vuelvo a mi casa
Cristina Kirchner esta convencida que, tanto el presidente Alberto Fernández, como los principales sindicalista y dirigentes peronistas, le han soltado la mano dejándola sola frente a la justicia.
Es por lo que, un tanto desestructurada y exaltada, Cristina Kirchner reaccionó intempestivamente a esta primera condena por corrupción, advirtiendo al peronismo que llegó al poder en cuatro ocasiones poniendo el apellido Kirchner en su boleta electoral pero que eso ha terminado. Terminante, amenazó “No seré candidata a nada, el 11 de diciembre de 2023 me vuelvo a mi casa”.
Sin embargo, faltan muchos meses para las elecciones y en Argentina los dirigentes acostumbran a cambiar de idea sin ningún remordimiento. Así que todo puede pasar. Incluso la condena no esta firme y puede ser apelada, en dos instancias ante la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Por el momento, los fiscales del juicio han manifestado que apelaran la condena pidiendo que se condene a Cristina Kirchner también por “asociación ilícita”, agregando un poco más de tensión al clima político argentino.
