El 10 de diciembre de 1983, el voto popular restableció el régimen republicano y constitucional en Argentina. El abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical, asumió la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema represivo organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre 1976 y 1983.
La restauración de convivencia democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones encontradas, demasiados sentimientos de revancha.
Alfonsín ordenó investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Para ello creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas -CONADEP-, presidida por el escritor Ernesto Sábato. También ordenó enjuiciar a los integrantes de todas las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a las cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en las décadas de 1960 y 1970, la Organización Político Militar Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP).
Debido a un acuerdo entre la UCR y el Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos ocurridos a partir del día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo de 1976. En esta forma nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos por las organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos de terrorismo de Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón (12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón (1/7/1974 a 23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple A”, o Alianza Anticomunista Argentina.
En 1985, el Juicio a las Juntas terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de ellos a reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros militares por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
Los militares no aceptaron dócilmente la revisión de los hechos ocurridos durante la represión de las actividades terroristas.
Hubo protestas militares con actos de rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de 1978, en la localidad correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la bonaerense de Villa Martelli (1/12/1988), forzando al presidente Alfonsin a aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para calmar la turbulencia castrense.
Alfonsín tampoco demostró mucha idoneidad en la gestión del país. El “Plan Austral” pergeñado por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille fracaso estruendosamente. La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988, superó el 387% anual. Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias pese a la oposición del sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas generales al gobierno radical. En el tórrido verano de 1989, el gobierno radical se vio obligado a imponer cortes de energía eléctrica y a reducir las emisiones televisivas al horario de 18.00 a 24.00 horas. El mal humor se instaló sólidamente en la sociedad argentina.
“En enero de 1989, recuerda Juan Bautista Tata Yofre, el país vivía bajo el fervor de una campaña presidencial que debía terminar el 14 de mayo de 1989. Los que no vivieron intensamente ese largo trayecto deben saber que varios meses antes Carlos Saúl Menem había ganado su candidatura presidencial en la última gran interna que realizó el partido justicialista. Además, el candidato del oficialismo radical era el gobernador Eduardo César Angeloz, que poco tenía de “alfonsinista”, por lo que tuvo que sumergirse en una interna que no le daba respiro. Solo hay que recordar cuando el canciller alfonsinista, Dante Mario Caputo, quiso disputarle la candidatura a pesar de que “El Pocho” Angeloz ya era el candidato. Caputo no estuvo solo, en ese momento fue acompañado de Ricardo Barrios Arrechea, ex gobernador de Misiones y Ministro de Salud y Acción Social de Alfonsín”.
En ese contexto un grupo remanente de terroristas del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), liderado por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, creó el 8 de mayo de 1986, una nueva organización el “Movimiento Todos por la Patria”.
El terrorista Gorriarán Merlo (1941 – 2006), nombre de guerra “El Pelado” o “Ricard”, tenía un largo historial de violencia y como mercenario al servicio de gobiernos comunistas.
Perteneciente a una familia de origen radical de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, Gorrirán participó de la fundación del PRT-ERP, de la fuga de guerrilleros del Penal de Rawson, en 1972, y del ataque a la Guarnición Militar de Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 1974, en que murieron el coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el soldado conscripto Daniel González.
Cuando el PRT-ERP debió retirarse de la Argentina, tras la muerte de Mario Roberto Santucho y otros miembros del Comité Central, el 19 de julio de 1976, los cuadros terroristas sobrevivientes se trasladaron a Nicaragua para combatir en las filas del Frente Sandinista de Liberación nacional que conducía el comandante Daniel Ortega.
A comienzos de los años ochenta, Gorriarán Merlo condujo el comando de mercenarios argentinos, ex miembros del PRT-ERP, que llevó a cabo la “Operación Reptil”, el asesinato del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el 17 de septiembre de 1980, en su exilio de la ciudad de Asunción, en Paraguay, por encargo del gobierno sandinista de Nicaragua.
En 1986, Gorrirán Merlo contando con el apoyo político – financiero de la inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con considerables fondos provenientes de sus operaciones ilegales, decidió crear una estructura política movimientista y cristiana para impulsar “la revolución” en Argentina. Además, de un partido político el Movimiento Todos por la Patria, Gorriarán Merlo decidió crear canales de difusión política e ideológica al servicio de este movimiento.
Para ello financió la creación, el 26 de mayo de 1987, el diario Página 12, que dirigió por el joven periodista Jorge Lanata contaba con la colaboración de un grupo de periodistas de izquierda integrado por Horacio “el perro” Verbitsky, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Eduardo Blaustein, Carlos Alberto “Quito” Burgos y Francisco “Pancho” Provenzano y Jorge Baños.
Las rebeliones militares, la crisis económica y el mal humor social imperante en la sociedad argentina, convencieron a Gorriarán Merlo, un dirigente revolucionario con vocación “foquista castro guevarista” y tendencia militarista, que desde 1970 se movía en la más absoluta clandestinidad, vinculado a estructuras de inteligencia y seguridad, que nunca había hecho militancia de masas, que no era un dirigente surgido de un barrio, una fábrica o la militancia universitaria, que estaban dadas las “condiciones objetivas” para desencadenar una “insurrección popular de masas”.
Es así como 46 (40 hombres y seis mujeres) militantes del Movimiento Todos por la Patria, bajo la dirección estratégica del “Pelado Gorriarán” se lanzaron a atacar el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, con la intención de llamar la atención de los medios de comunicación para desencadenar la esperada “insurrección popular” y con los tanques del Regimiento emprender una marcha a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir cambios de fondo” en el gobierno y “hacer la Revolución”.
Todo ello bajo la insólita patraña de que estaban repeliendo un inexistente golpe de Estado de militares carapintadas.
Este delirio de una “Armada Brancaleone” de cuarenta y seis iluminados, mal armados, muchos de ellos sin ninguna experiencia militar, ni apoyo aéreo, tomando el control de un país de treinta millones de habitantes, era una graciosa comedia. Pero, en su loco intento, los improvisados terroristas asesinaron a nueve militares y dos miembros de la Policía Bonaerense y provocaron mutilaciones y heridas de consideración a otros sesenta militares y policías.
El ataque al RIM 3 se decidió para el amanecer de un día lunes de enero. Los terroristas entendían que muchos soldados estarían de franco y que otros regresarían esa misma mañana. El ataque tomaría por sorpresa a la guarnición.
El plan original de la “Operación Tapir”, como denominaron al ataque los terroristas, preveía que, tres horas después que un camión rompiera el portón del Regimiento de Infantería, salieran con los tanques blindados del Ejército que tomarían de los galpones, y se iniciaría la movilización con gente de las barriadas y las villas miserias de La Matanza. Sería el modo de anunciar que el ataque al cuartel del RIM 3 había frustrado el golpe de Estado de los militares carapintadas.
Pensaban engañar a la opinión pública y hacer creer que el Movimiento Todos por la Patria se había anticipado a un golpe de Estado, había salvado a la democracia, y esa acción, legitimada por el pueblo, obligaría al presidente Alfonsina adoptar políticas de revolución social que condujeran a la instalación de una dictadura comunista.
En el ataque murieron 32 terroristas. El 5 de octubre de 1989, veintiún integrantes del Movimiento Todos por la Patria fueron juzgados y sentenciados a penas que fueron de reclusión perpetua a diez años de prisión.
En 1997, después de su detención en México, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y su compañera de ese entonces, Ana María Sívori fueron condenados a cadena perpetua y 19 años de prisión respectivamente.
En diciembre del año 2000, el entonces presidente radical Fernando de la Rúa conmutó las penas de todos los condenados en 1989, permitiendo que nueve de los once condenados por el ataque terrorista que aún estaban encarcelados salieran en libertad en 2001, mientras que los dos restantes (Felicetti y Acosta) fueron liberados recién en 2006.
El 20 de mayo de 2003, por decreto N° 1230/2003, el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados por el ataque terrorista al RIM 3, esto permitió a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori salir en libertad después de tan sólo seis años de cárcel.
No hubo ningún indulto para el mayor Horacio Fernández Cutiellos y a los otros diez héroes (entre ellos cuatro jóvenes soldados que prestaban el Servicio Militar Obligatorio) que perdieron su vida defendiendo la ley y el orden constitucional en el Cuartel de La Tablada por los delirios de un grupo de iluminados conducidos por un mercenario loco.
El asalto al cuartel de La Tablada: crónica a sangre y fuego del último ataque de la guerrilla setentista
