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Túnez es el más pequeño de los cuatro países africanos que forman el Magreb. Aunque sus más de once millones de habitantes lo sitúan por encima de Libia en población.
Precursor de las “primaveras árabes” con la llamada “Revolución de los Jazmines”, que puso fina -al costo de más de trescientas vidas- a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Alí y su partido Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD), Túnez ha tenido desde entonces diez gobierno que no han logrado estabilizar al país.
La pandemia del Covid 19 se ha hecho sentir intensamente en Túnez, convirtiéndolo en el país con más muertos por Covid en África según la Organización Mundial de la Salud. Solo algo más del 5% de la población tunecina ha sido vacunada contra el Covid y falta toda clase de insumos médicos en especial respiradores y oxígeno. Las camas de los hospitales se encuentran ocupadas en un 90%.
También la economía tunecina ha sufrido por la pandemia. La desocupación afecta al 40,8% de los jóvenes tunecinos y en 2020 el PBI cayó un 8,8%. La pandemia afectó especialmente a los sectores que integran la industria turística que aportaba el 8% al PBI.
LOS PROLÓMNOS DE LA CRISIS
Las elecciones legislativas de octubre de 2019 dieron origen a un parlamento dividido entre más de treinta partidos. La primera minoría quedó en manos del partido “demócrata musulmán” de carácter conservador Ennahda que obtuvo 64 de los 217 escaños de la Cámara de Representantes del Pueblo. La fragmentación del Parlamento fue una de las causas de la paralización del gobierno.
En las elecciones presidenciales, realizadas por separado de las legislativas, se impuso el jurista Kaïs Said de 63 años. Un profesor jubilado de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez que era asiduo panelista de los programas políticos en la televisión local.
Sus partidarios se refieren al Presidente como “Robocop” por su imperturbable rostro y el tono monocorde de su voz.
Said, que realizó una campaña electoral basada en denunciar la corrupción de los partidos políticos, en anunciar una política conservadora y en formular promesas populistas, se impuso en la segunda vuelta por el 72,71% de los votos.
Tras la dimisión del primer ministro Elyés Fakhfakh, en julio de 2020, por un conflicto de intereses, el presidente Said nombró en ese cargo a Hilchen Mechichi, un tecnócrata que hasta entonces se desempeñaba como ministro del Interior. Said y el nuevo primer ministro, que contaba con el apoyo de los conservadores de Ennahda, pronto entraron en colisión por el poder. La puja culminó, en febrero, cuando el Presidente anuló un cambio de gabinete -que tiene 25 integrantes- que el Primer Ministro había concertado con el partido Ennahda.
EL GOLPE DE ESTADO
La crisis actual comenzó el miércoles 21 de julio, cuando ante el creciente descontento popular por el manejo de la pandemia, el Primer Ministro Hilchen Mechichi cesó al ministro de salud Fawzi Mahdi.
La medida resultó insuficiente para calmar la indignación popular por la falta de vacunas y el presidente Said y sus partidarios vieron la oportunidad de sacar provecho de la situación que se había creado.
Manifestantes exaltados atacaron la sede del partido Ennahda en la ciudad de Túnez y en las provincias de Tozuer, Kairouam, Sidis Bouzid, Sfax Nabeul, Gafsa, Sousse, Mahdia y ekl Kef coreando consignas contra el presidente de la Cámara de Representantes y líder del Ennahda, Rashid Ghannouchi.
El domingo 25 de julio en un mensaje televisivo el presidente Kaïs Said, con el apoyo del Ejército, destituyó al primer ministro Hichen Mechichi y al día siguiente decretó el cese del ministro de Defensa Ibrahim Bartaji y al ministro de Justicia Hasna Ben Slimane. También clausuró al Parlamento y cerró sus instalaciones, el quitó la inmunidad a los diputados y prohibió la salida del país de Rashid Ghannouchi y del resto de los diputados de Ennahda.
Además ordenó el cierre de las oficinas de la agencia notciosa catarí Al Jazeera. El marte 27 el presidente destituyó a veinte altos funcionarios de gobierno entre los que se figuraron el Fiscal general de Estado, el Secretario de Gobierno, el Director de Gabinete de la presidencia de gobierno, el Jefe de la Autoridad General de Resistentes, Mártires y Heridos de la Revolución y de Operaciones Terroristas, así como de los consejeros del depuesto primer ministro.
Al mismo tiempo la Fiscalía General anunció una investigación contra Ennahdha, su partido aliado Qalb Tounes y la formación Aich Tounsi, por la presunta financiación con dinero del extranjero de sus respectivas campañas electorales en 2019.
El presidente invocó el artículo 80 de la Constitución de 2014 para justificar la legalidad de sus actos.
Según el artículo 80, el presidente puede adoptar “medidas excepcionales” en caso de “peligro inminente de las instituciones del país”. Sin embargo, el Presidente solo puede adoptar el Estado de Excepción, previa consulta con el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y luego de informar al Presidente del Tribunal Constitucional.
Ninguno de estos procedimientos fueron cumplidos por el presidente Kaïs Said pese a su profundo conocimiento del derecho constitucional. Además, Túnez carece de Tribunal Constitucional porque el Presidente se ha negado sistemáticamente a aprobar la ley que los constituiría.
Por lo tanto, el proceder del presidente Kaïs Said es claramente ilegal y constituye un auténtico golpe de Estado.
El presidente Said ha prometido “normalizar” al país en el plazo de treinta días pero existen dudas de que cumpla su promesa.
Internacionalmente la crisis en Túnez ha despertado honda preocupación. Los Estados Unidos, la Federación de Rusia, la Comunidad Europea y la Unión Africana han demandado una solución rápida y pacífica que restaure el régimen constitucional en el país.
Los islamistas del partido Ennahda demandan la celebración de nuevas elecciones legislativas y presidenciales como parte de una hoja de ruta que restablezca la democracia en Túnez.
En tanto la poderos central sindical Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), que representa a tres millones de trabajadores, y diversas asociaciones de abogados y profesionales demandan también el cumplimiento estricto del plazo anunciado por el Presidente para restaurar la legalidad democrática.
Por el momento, los principales analistas se preguntan que camino seguirá Túnez. Los más pesimistas consideran que podría ocurrir como en Libia que vive desde hace diez años en guerra civil o como en Egipto, donde un golpe de Estado anti islamista derivó en una dictadura autocrática apoyada por el Ejército.
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