Libia vive una sangrienta guerra civil desde el levantamiento popular que derrocó al dictador Muamar Gadafi, en 2011, y terminó con su vida al año siguiente. Sus sucesores no tardaron en enfrentarse entre sí.
Finalmente, en diciembre 2015, en la bella ciudad balnearia de Sjirat, en la costa Atlántica y cercana a Rabat, tras arduas negociaciones los bandos en lucha arribaron a un entendimiento que permitió creación del Gobierno del Acuerdo Nacional. Aunque pronto surgieron los conflictos entre las distintas facciones y se formaron dos bandos enfrentados en el campo de batalla.
En la ciudad de Trípoli, se instaló el poder ejecutivo con el presidente Fayez al Serraj. Este gobierno en algún momento tuvo el reconocimiento de Naciones Unidas. Cuenta con el apoyo de los grupos islamistas, como la rama libia de los Hermanos Musulmanes, de la Unión Europea, del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an de Italia y Qatar. Este gobierno controla el noroeste del país.
En la mayor parte de Libia gobierna la Cámara de Representantes, con la sede en la ciudad de Tobruk, tiene como brazo armado al Ejército Nacional Libio que comanda el “mariscal” Jalifa Haftar que cuenta con mayores apoyos internacionales: lo apoyan decididamente Vladimir Putin, los Estados Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Francia.
Desde el comienzo de la guerra civil operaron en ambos bandos tropas irregulares y milicias tribales. Gadafi contaba con grandes depósitos de armas y convocó combatientes extranjeros, en especial mercenarios del Frente Polisario provenientes de los campos de Tinduf en Argelia y aguerridas milicias Tuareg de Mali.
Después de la muerte de Gadafi las armas de sus depósitos quedaron en manos de las milicias irregulares. En algún momento operaban en Libia unos cinco mil grupos milicianos distintos además de grupos yihadistas como Al Qaeda en el Magreb Islámico y su rival del Daesh o Estado Islámico. Parte de esas milicias y grupos yihadistas siguen operando y se han sumado tropas de combate e instructores militares turcos y unos once mil combatientes sirios que pelean junto a las tropas y milicias del Gobierno del Acuerdo Nacional de Fayez al Serraj. Mientras que el mariscal Haftar cuenta con la asistencia de los mercenarios rusos del Grupo Wagner.
La presencia de tantos combatientes de distinto origen, algunos de los cuales tienen un gran historial de violencia, ha producido graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario de la guerra.
En abril de 2019, las tropas del Ejército Nacional Libio lanzaron una gran ofensiva que les permitió conquistar gran cantidad de territorio hasta acercarse a la ciudad de Trípoli cuando parecía que unificaría el país intervino el presidente turco Erdo?an quien envío tropas y drones que lograron frenar la ofensiva de los efectivos de Haftar.
En marzo de 2020, el Gobierno del Acuerdo Nacional lanzó la “Operación Tormenta de la Paz” que contrarresto en parte la ofensiva de Haftar del año anterior y recuperó importantes ubicaciones estratégicas, incluidas la base aérea de Al-Watiya y la ciudad de Tarhuna.
A principios de junio de 2020, las tropas de Trípoli descubrieron ocho fosas comunes en la ciudad de Tarhuna, que hasta entonces era el centro de operaciones y suministro de las milicias del mariscal Jalifa Haftar al oeste de Libia.
La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia calificó las fosas comunes como “aterradoras”. Más de ciento cincuenta cuerpos, incluidos los pertenecientes a mujeres y niños, fueron hallados en los enterratorios masivos.
La respuesta de las Naciones Unidas no se demoró. El Consejo de Derechos Humanos (UNHRC) adoptó, el 22 de junio, sin votación una resolución solicitando a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que constituyese una “Misión Independiente de Investigación sobre Libia”.
Bachelet designó para presidirla al exministro y diplomático marroquí Mohamed Aujjar. La Misión dispondrá de doce meses para desarrollar sus tareas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos definió el objetivo del organismo que presidirá Mohamed Aujjar diciendo que: “Este órgano de expertos servirá como un mecanismo esencial para combatir eficazmente la impunidad generalizada de las violaciones y abusos de los derechos humanos, y también puede servir de disuasión para evitar nuevas violaciones y contribuir a la paz y la estabilidad en el país”.
La designación de un diplomático marroquí para una misión humanitaria tan compleja en el contexto de una guerra civil con diversos actores internacionales involucrados es un claro reconocimiento a la política implementada por el Rey de Marruecos en materia de derechos humanos en especial la “Instancia para la Equidad y Reconciliación” aprobada en los primeros días de su reinado el 16 de agosto de 1999, entre otras medidas destinadas a controlar los posibles abusos de los funcionarios.
Con su decisión, Alta Responsable de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también reconoce la gobernabilidad y desarrollo alcanzado por el Reino de Marruecos especialmente en las últimas décadas y al creciente liderazgo del Rey Mohammed VI en la política internacional africana.
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