LA EMERGENCIA SANITARIA
El gobierno argentino se encontró frente a la pandemia con el 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza, con un sistema sanitario muy precario, con escasas camas de terapia intensiva (al punto tal que cada año en temporada invernal el sistema se saturaba con los enfermos de gripe común que derivaban en neumonía u otras patologías graves), sin trajes aislantes para el personal sanitario o de seguridad, con instalaciones precarias y escaso personal médico especializado en este tipo de terapia. En el momento inicial aún escaseaban los insumos básicos, no solo para el tratamiento médico sino también para la prevención primaria de la población. Era difícil adquirir barbijos, guantes quirúrgicos, batas para enfermos y trabajadores de la salud, alcohol en gel y sustancias desinfectantes. Únicamente se los conseguía en poca cantidad, casi de favor y con precios muy superiores a los que tenían antes de la pandemia.
Frente a la crisis que se avecinaba el gobierno no tenía muchas alternativas y posiblemente eligió la mejor de ellas. Recurrió a aplicar, a partir del 20 de marzo, una cerrada cuarentena o “aislamiento social” para reducir el ritmo de los contagios mientras que aceleradamente se adoptaban medidas para superar las carencias sanitarias existentes, es decir, se adaptaron instalaciones edilicias, se fabricaron los insumos faltantes o se importaron los reactivos y equipos que no podían fabricarse en el país.
El problema fue que no todos los gobiernos provinciales o municipales aprovecharon el tiempo y los escasos recursos existentes con diligencia y eficacia. En algunos casos se perdió tiempo con medidas superficiales, en gran medida propagandísticas, improvisaciones y hasta con hechos de corrupción. A los pocos días, el presidente debió despedir a quince funcionarios del ministerio de Desarrollo por comprar alimentos con abultados sobre precios. Los alimentos estaban destinados a ser distribuidos entre la población más carenciada y necesitada.
Después de cien días de sacrificios, cuando los contagios comenzaron a acelerarse, la población comenzó a percibir que el gobierno había desaprovechado el tiempo o no había acertado en la estrategia para enfrentar con eficacia la pandemia, al economía estaba seriamente afectada y la gente sufría los efectos combinados de la parálisis económica y el encierro domiciliario.
La población comenzó a hacerse la idea de que el gobierno se aferraba a la cuarentena y no contaba con planes alternativos para hacer frente a la pandemia ni para encauzar la economía.
LA CRISIS ECONÓMICA
El gobierno argentino niega toda responsabilidad en la grave crisis económica que vive el país adjudicando la culpa a la herencia del gobierno de Mauricio Macri y a los efectos de la pandemia. Pero los números indican otra cosa y la gente lo sabe.
Tras siete meses de negociaciones y gestiones de todo tipo el ministro de Economía Martín Guzmán ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con los bonistas y los organismos internacionales tenedores de la deuda pública de Argentina por lo cual, aunque el gobierno insiste en negarlo, el país se encuentra virtualmente en default.
Argentina es hoy un país en default, endeudado, sin crédito internacional, que no recibe ningún tipo de inversiones productivas y donde el déficit fiscal es infinito, existe una brecha cambiaria enorme. El “dólar oficial” cotiza a 70,16 pesos, pero los argentinos solo pueden adquirir U$S 200 por mes, para adquirir montos superiores deben recurrir al mercado paralelo e ilegal. Allí el denominado “dólar blue”, cotiza a 129 pesos. En la práctica, la emisión monetaria es lo único que mantiene en funcionamiento la economía.
La maquinaria de la Casa de la Moneda funciona sin interrupción las 24 horas del día en tres turnos. La necesidad de billetes es tan abrumadora que el gobierno kirchnerista se dispone a lanzar un billete de $5.000 superando al billete de mayor denominación de la actualidad que es de $1.000 pesos.
El 23 de junio, el Indec, a cargo de las estadísticas oficiales del país, anunció que entre enero y marzo de 2020 el Producto Interno Bruto se contrajo 5,4% respecto al mismo período del año pasado y una disminución de 4,8% en comparación con el trimestre anterior.
Esta caída del PBI no puede adjudicarse únicamente al cese de actividades provocado por el aislamiento social porque este recién comenzó a regir el 20 de marzo. Es decir, que afectó tan sólo a 11 de los 91 días del total evaluado.
Mientras que organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estiman la caída del PBI a lo largo de todo el 2020 será de aproximadamente el 10% con respecto al que registraba en 2016. Más pesimista aún, Susan Segal, la Chairman del Council of the Americas, da un descenso del 14% y los economistas argentinos aventuraron incluso una reducción próxima al 20%.
Esos mismos economistas estiman que unos cien mil negocios y empresas cerraran definitivamente sus puertas, en 2020, en Argentina. En los últimos sesenta días los bancos rechazaron ataques sin fondo por un total de 58.000 millones de pesos
La caída de la actividad económica (desde el inicio de la cuarentena la construcción se desplomó 75%, la industria el 33% y la compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires descendió un 94,7%), las restricciones al comercio y a la circulación de personas impactaron directamente sobre el índice de desempleo.
También según el Indec, el desempleo en el país que se ubicara en 8.9% en el último trimestre de 2019, hacia el fin del mandato de Mauricio Macri, durante los primeros tres meses de este año se situó en 10,4%. Respecto al mismo período del año pasado, durante el trimestre el desempleo aumentó un 0,3%.
De esta manera, la desocupación en el país afecta a casi 1,4 millones de personas. Es la peor cifra para este período desde el primer trimestre del año 2006. Los datos oficiales detallan que entre enero y marzo la tasa de actividad se ubicó en 47,1% y la tasa de empleo en el 42,7% de la población económicamente activa.
Según el economista Martín Ghidini, gerente general de la consultora de recursos humanos Ghidini-Rodil, probablemente el año 2020 termine con la tasa de desocupación más alta de por lo menos los últimos quince años. Cabe recordar que desde la crisis de 2001 ningún gobierno aplicó políticas de creación de trabajo genuino de calidad capaz de acompañar el crecimiento vegetativo y la prolongación de la vida laboral activa de la población.
Frente a esta grave situación, el profesor adjunto interino de la Facultad de Derecho de UBA que ocupa la presidencia ha demostrado una total carencia de ideas. En sus últimas apariciones públicas exhibió aspecto de fatigado, cada vez con ojeras más profundas, tono enfadado y cierto grado de autismo. Su única respuesta ha consistido en endurecer la cuarentena frente a la expansión de los contagios y las muertes, sin instrumentar medidas concretas para salvar lo poco que queda de actividad económica aliviando la situación de las empresas y las personas a las que la pandemia deja absolutamente sin ningún tipo de ingreso.
Parecía que la única que tiene algún tipo de plan y trabaja incasablemente para concretarlo es la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que, además de impulsar una economía estatista y dirigista, emplea todos los medios a su alcance para que el Estado se apropie de las grandes empresas agroalimentarias endeudadas (Vicentín SAIC, Sancor, etc.) e intervenga directamente en el comercio internacional de granos, carnes y derivados.
Su objetivo parece orientado a controlar los resortes financieros y productivos necesarios para garantizar que los principales socios comerciales e inversores de Argentina sean China, Rusia, Cuba y Venezuela.
Mientras tanto, el país se balance al borde del abismo siempre dispuesto a dar un gran paso al frente.
