El 2019 posiblemente como el año de las protestas callejeras en todo el mundo. Primero fueron las manifestaciones en Hong Kong, luego se incendiaron diversos países latinoamericanos. La causas fueron diversas, en algunos países se invocó la existencia de gobiernos dictatoriales (Venezuela y Nicaragua), en otros fueron una reacción contra las políticas de ajuste fiscal impulsadas por el FMI (Ecuador, Chile y Colombia), en otros fueron irregularidades en las elecciones (Bolivia).
En Europa, la violencia callejera afectó a Francia con las protestas y huelgas desatadas por los “chalecos amarillos” que reclamaban ante cambios en la legislación jubilatoria y en España fuertemente sacudida por el separatismo catalán.
En el norte de África, protestas pacíficas llevaron a la destitución del anciano presidente Abdelaziz Bouteflika, después de veinte años en el poder. En los últimos diez meses todos los martes y viernes las calles de Argel se llenan de manifestantes que demandan por mayor transparencia y democracia en el país, pese a la reciente elección de un presidente continuista Abdelmadjid Tebboune que los jóvenes activistas rechazan.
Para culminar esta eclosión de demandas callejeras más o menos violentas, el descontento hizo eclosión en la India, un extenso país que es casi en sí mismo un subcontinente.
La India, es el séptimo país de mayor extensión (3.2187.263 km²) y el segundo país más poblado del planeta. Su población alcanza los 1.372 millones de habitantes de los cuales el 14% profesan la religión musulmana.
La India es generalmente considerada como “la democracia más grande del mundo”. Sin embargo, la desigualdad económica y jurídica entre sus habitantes hacen que este título sea tan sólo una frase hueca.
Históricamente, las relaciones entre la mayoría hinduista y la primera minoría musulmana han estado pobladas de conflictos y drásticos estallidos de violencia.
En esta ocasión la chispa que encendió los ánimos fue la aprobación por las dos cámaras del Parlamento indio y la promulgación por parte de primer ministro Mori a una serie de modificaciones a la Citizenship Amendment Act, de 1955 que simplifican el proceso para otorgar la ciudadanía a las minorías perseguidas -budistas, sijíes, hindúes, parsis y cristianos- provenientes de Pakistán, Afganistán y Bangladés.
A estas minorías, muchas de las cuales han estado viviendo en la India sin derechos, se les concederá automáticamente la nacionalidad si llevan viviendo en el país antes de 2015.
No obstante, su constitucionalidad es dudosa, al discriminar a la población por motivo de religión, por lo cual ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. El problema reside en que este organismo es cuestionado por fallos anteriores que perjudicaron a la comunidad islámica.
La minoría musulmana, que se considera discriminada por la nueva legislación y que teme que en algunas regiones se altere el precario balance demográfico entre distintas comunidades confesionales, llevó inmediatamente sus reclamos a las calles.
En el noroeste de la India, una región conocida por sus frecuentes disturbios y la confrontación interreligiosa, las refriegas entre los manifestantes musulmanes y la policía dejaron la última semana un saldo hasta el momento de al menos quince muertos y doscientos heridos.
El lunes los incidentes se produjeron en la Universidad Jamia Millia Islamia donde cientos de estudiantes y activistas, cantaron, danzaron y entonaron consignas antigubernamentales.
Movilizaciones multitudinarias se llevaron a cabo en al menos diez grandes ciudades de la India contra la controvertida ley de ciudadanía.
La red del metro y las empresas de telefonía móvil suspendieron sus servicios y los de internet en Nueva Delhi, siguiendo instrucciones de las autoridades que intentaban bloquear la convocatoria y las actividades de los organizadores de la protesta.
La medida tuvo poco éxito. Desafiando la prohibición de reunirse y protestas, los manifestantes se congregaron, el jueves 19 de diciembre, en varios lugares céntricos de la capital, como el Fuerte Rojo y Mandi House.
A la protesta se sumaron 10.000 estudiantes pertenecientes a 36 universidades y otros centros educativos de todo el país.
Los disturbios en el noroeste de la India obligaron incluso a cancelar una reunión de alto nivel indo-japonesa, en el estado de Assam, que incluía la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe al país. El estado de Assam se encuentra bajo toque de queda y sin internet por las protestas.
Al menos seis manifestantes fallecieron el viernes en el estado norteño Uttar Pradesh, dirigido por el partido del primer ministro Narendra Modi y donde hay una importante comunidad musulmana.
Pese al rechazo social que la modificación a la Ley de Ciudadanía a causado, el primer ministro Narendra Modi, perteneciente al partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, se niega a dar marcha atrás con la polémica decisión.
Además de las crecientes protestas de la población musulmana y de que la reforma introduce una norma injusta y discriminatoria, la modificación a la Citizenship Amendment Act, sin duda afectará las relaciones diplomáticas y comerciales de la India con las naciones islámicas y llevará a que algunos países musulmanes intenten convertirse en “protectores” de la minoría discriminada.
Por otra parte, esta política discriminatoria aumentará la frustración de los jóvenes musulmanes que viven en la India y favorecerá su radicalización. En esta forma hará más fácil la aparición de células de Al Qaeda y el Estado Islámico en una comunidad que alberga a casi doscientos millones de musulmanes.
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