Las “primaveras árabes”, que se iniciaron en 2011, tuvieron mal final. En la mayoría de los casos de demandas de democracia y mayores libertades individuales derivaron en anarquía, caos y cruentas guerras civiles (Libia y Siria) o dieron paso a regímenes aún más represivos que aquellos a los que se proponían derribar, como ocurrió en Egipto con el general Abdelfatah Al Sisi.
Los argelinos tienen muy presente esta realidad como así también la dura experiencia del “decenio negro” (1991 – 2002) cuando los enfrentamientos entre el Ejército y los islamistas dejó un saldo de al menos doscientos mil muertos y desaparecidos y un número mucho mayor de torturados, encarcelados, desplazados o exiliados.
Por lo tanto, los manifestantes han extremado sus cuidados para que las protestas no deriven en violencia. También evitaron cualquier vinculación con los partidos y grupos políticos, en especial con los islamistas. Una de las consignas más coreadas es muy ilustrativa al respecto: “No queremos ni barbudos (islamistas) ni kamis (sus túnicas) ni policías.” La guerra civil dejó un trauma en la sociedad argelina que no va a facilitar el regreso de los islamistas al poder. Por otra parte, hoy los islamistas se encuentran divididos, desacreditados y carecen de líderes influyentes.
El régimen también ha moderado el empleo de la fuerza limitándose a controlar las manifestaciones sin intentar impedirlas ni reprimirlas. Pareciera que el régimen argelino trata por todos los medios de evitar que la crisis de gobernabilidad se internacionalice.
Argel intenta evitar la suerte de las dictaduras latinoamericanas, con quienes por otra parte mantiene fluidos vínculos, que actualmente enfrentan protestas similares: la Venezuela chavista de Nicolás Maduro y la Nicaragua del comandante sandinista Daniel Ortega.
Los dirigentes argelinos temen que si se agrava el conflicto las potencias occidentales apliquen a su país sanciones diplomáticas o económicas que limiten sus viajes y estadías europeas o bloqueen los fondos que tienen depositados en Europa y en diversos paraísos fiscales.
Además, saben que cualquier sanción económica terminaría por impactar también en la tambaleante economía del país magrebí absolutamente dependiente de sus exportaciones del petróleo y gas.
Es por lo que el gobierno y la oposición callejera no tienen interés en que se llegue a una confrontación abierta y violenta. Es por lo que desde el estallido de la crisis el régimen ha estado retrocediendo lenta y gradualmente al hacer concesiones y buscar una negociación que calme los ánimos.
Primero debió aceptar las protestas callejeras aunque formalmente se encuentran prohibidas desde 2001. Luego trajo de regreso al presidente Abdelaziz Bouteflika, interrumpiendo su tratamiento en Suiza, para que renunciara a competir en las elecciones de abril por un quinto mandato, el pasado 13 de marzo.
Al mismo tiempo suspendió sin fecha los comicios presidenciales. La renuncia encubría un intento de producir una transición supervisada por Bouteflika -que prolongaría de hecho más allá de las previsiones constitucionales la duración de su cuarto mandato- y tutelada por figuras vinculadas al régimen.
Era una suerte de “autogolpe” destinado a ganar tiempo y asegurar el control del proceso, de sus participantes y del cronograma del proceso de transición.
En este sentido la convocatoria a una “Conferencia Nacional”, y no a una “Asamblea Constituyente”, hacía difícil que pudiera garantizar la inclusión y representatividad necesaria para la construcción del nuevo marco institucional y político reclamado por el movimiento ciudadano argelino.
Pero, los argelinos después de años de temor y obediente resignación estaban artos y no toleraban más las maniobras dilatorias del régimen por lo que mantuvieron la presión en las calles.
Fue entonces cuando, acorralado, el régimen argelino se vio forzado a descartar al anciano y enfermo Bouteflika para apaciguar las protestas.
El martes 25, el jefe de Estado Mayor del Ejército y viceministro de Defensa, el general Ahmed Gaid Salah, hasta entonces uno de los más firmes apoyos de Bouteflika, ha proclamado la necesidad de aplicar el artículo 102 de la Constitución que permite declarar incapacitado para seguir ejerciendo el cargo al presidente por motivos de salud. En un discurso transmitido por la televisión pública, el alto funcionario militar ha reivindicado el carácter pacífico de las protestas, “que demuestran la grandeza del pueblo argelino, su conciencia y madurez”, pero no sin destacar que esas movilizaciones podrían ser “explotadas” por sectores “maliciosos y hostiles”, “de dentro y fuera del país”, que “usan maniobras dudosas para atacar la estabilidad” de Argelia.
En este sentido, el jefe del Ejército ha dicho que para evitar que el país caiga en “una situación incierta” hay que defender los “intereses supremos” de Argelia y buscar una solución “a la crisis” dentro del “marco institucional”, que es la “única garantía para la preservación de una situación política estable”. “En este contexto, se hace necesario, incluso imperativo, adoptar una solución para salir de la crisis que responda a las legítimas demandas del pueblo argelino y que garantice el respeto de la Constitución y al mantenimiento de la soberanía del Estado”, ha argumentado.
Al día siguiente, otro connotado personero del régimen Ahmed Ouyahia, presidente del cogobernante partido Agrupación Nacional Democrática (RND), y primer ministro durante veinte años hasta su destitución el pasado 11 de marzo, se sumó al planteo reclamando la dimisión del presiden Bouteflika.
De aprobarse ese curso de acción los pasos iniciales comprenderían la siguiente hoja de ruta:
Se reuniría el Consejo Nacional o el Consejo Constitucional para valorar la propuesta de aplicar el artículo 102 de la Constitución, que estipula que: “En caso de que el presidente de la República; por causa de enfermedad grave y duradera, esté totalmente imposibilitado para ejercer las funciones de su cargo, deberá reunirse el Consejo Constitucional y, una vez comprobada por todos los medios adecuados esta realidad, debe proponer por unanimidad al Parlamento declarar el estado de impedimento.”
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado deben aprobar por una mayoría cualificada de dos tercios la aplicación del artículo 102 y la inhabilitación del presidente por un período de 45 días durante el cual la jefatura del Estado quedará en manos del presidente del Consejo Constitucional, Abdelkader Bensalah.
Pasado los 45 días previstos por la ley, y si la incapacidad persiste, el Consejo Constitucional debe volver a reunirse para declarar la “vacante del poder” y pedir a las cámaras la apertura del periodo de transición definitivo.
Recibida la solicitud, el plenario del Senado y de la Cámara baja deben volver a reunirse y aprobar la puesta en marcha finalmente del artículo 104 de la Constitución, que cede el poder al presidente del Consejo Constitucional, quien debe convocar en 90 días a nuevas elecciones presidenciales a las que el mismo no puede presentarse.
De esta forma la figura clave del proceso de transición pasa a ser Abdelkader Bensalah, un político de la “generación de los liberadores” quien, con sus 77 años, es un personaje controvertido para una parte de los argelinos ya que, al igual que Bouteflika, nació en una zona difusa de la frontera colonial entre Argelia y Marruecos, asignada a este último país en época del Protectorado francés.
Su apariencia de burócrata gris y sus modales -casi siempre- ajustados, no le han impedido convertirse en una figura incombustible, mucho menos visible que la del presidente Abdelaziz Bouteflika. Pero no de menor impacto en los recovecos del régimen. Los manifestantes que protestan contra el régimen lo conocen muy bien y no lo olvidan en sus cánticos y pancartas, donde siempre expresan su repudió hacia él.
No obstante, aún queda por verse si finalmente el llamamiento de los militares se impone y el régimen apela a la aplicación del artículo 102 o esta intempestiva declaración es tan sólo otra más de las maniobras dilatorias.
Quienes, por estos días, están siguiendo con particular preocupación los movimientos en la cúpula del poder argelino, son los dirigentes del Frente Polisario que ven como sus apoyos políticos y económicos amenazan con esfumarse a breve plazo.
Un nuevo gobierno argelino puede verse tentado a no seguir invirtiendo dinero y esfuerzos políticos para defender la causa de los separatistas. También puede buscar reducir las tensiones con Marruecos que fuerza a Argel a sostener una costosa carrera armamentista y frena la integración y el desarrollo del Magreb.
Argelia podría terminar aceptando una solución realista para el Conflicto del Sáhara. Tal como propone Marruecos a través de la Iniciativa para la Negociación de un Estatuto de Autonomía en esa región.
En cualquiera de estos casos, los separatistas polisarios pueden terminar convirtiéndose en una moneda de cambio entre Argel y Rabat.
Por otra parte, uno de los principales apoyos del Polisario en América Latina, junto con Cuba, la Venezuela chavista no pasa por un buen momento y debe emplear todos sus recursos económicos, políticos y diplomáticos para sobrevivir y no le sobra nada para sostener a un grupo parasitario y actualmente sin ningún peso internacional como son los separatistas del Polisario.
En otras palabras, el fin de Bouteflika puede ser también el principio del fin para el Frente Polisario.
