Domingo F. Sarmiento, el único educador y periodista que llegó a ser presidente de la Argentina, comienza su libro “Facundo, Civilización y barbarie en las pampas argentinas”, con las siguientes palabras: “El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes, y se le insinúa en las entrañas: la soledad, el despoblado sin una habitación humana, son, por lo general, los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Allí, inmensidad por todas partes: inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues, que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo…”
El “Facundo” fue escrito por Sarmiento, en 1845, como folletín en el diario chileno “El Progreso”, donde el sanjuanino trabajaba como periodista. Hoy es el libro considerado como la obra en prosa más importante del siglo XIX y le ganó con justicia el título de “sociólogo de la Pampa”. Pero, la voz de Sarmiento en favor de la inmigración fue la única entre los hombres de la “Generación de 1837”.
Juan Bautista Alberdi hizo célebre la frase “Gobernar es poblar” y el ex canciller Estanislao Ceballos escribió en su libro “La rejión del trigo” (1883) con igual dramatismo: “! Nos ahoga el desierto¡ ¡El desierto es la muerte, la barbarie, la soledad cuando menos¡”
Esta visión de la Argentina se plasmó en la Constitución Nacional de 1853 y la Ley 817 de “Inmigración y Colonización” sancionada en 1876 por el presidente Nicolás Avellaneda, quien había sido ministro de Justicia e Instrucción Pública de su predecesor, Domingo F. Sarmiento.
El ministro de Guerra de Avellaneda y su sucesor en la presidencia fue el general Julio A. Roca quién incorporó efectivamente las tierras de La Pampa y la Patagonia a la explotación productiva. Luego como presidente firmó el Tratado General de Límites con Chile consolidando ese dominio territorial y delimitando la más extensa frontera argentina, extendió el ferrocarril hasta la provincia de Tucumán. Además, creó las instituciones necesarias para la asimilación de los inmigrantes y sus hijos. Sancionó la Ley de Registro Civil que aseguraba el matrimonio civil y el derecho a los inmigrantes no católicos de registrar el nacimiento de sus hijos, las defunciones y el acceso a los cementerios públicos hasta ese entonces tareas gestionadas en exclusividad por las iglesias católicas. En su segunda presidencia completó la obra de asimilación con la creación, en 1902, de la ley de Servicio Militar Obligatorio donde los hijos de los inmigrantes se forjaban en el amor y el servicio a su patria.
Cuando se llevaron a cabo esas reformas y se implementaron esas leyes, el mundo albergaba menos de mil millones de personas. La Argentina tenía una población de 1.877.490 habitantes (según el primer censo nacional, realizado en 1869, organizado por iniciativa del presidente Sarmiento).
El grueso de la inmigración que llegaba a las costas del Río de la Plata provenía de la Europa mediterránea, de Rusia y Europa Central, de Medio Oriente y en mucho menor medida del Norte de África. Para la época, la mayoría de esta población por sus conocimientos agrícolas o industriales y sus hábitos laborales debían ser considerados como “mano de obra calificada”. Especialmente si se la comparaba con la mayoría de los trabajadores autóctonos.
El viaje en barco de vela desde el puerto de La Coruña tenía una duración aproximada de 45 días según el clima y el número de escalas que realizaba la nave. El viaje se incrementaba aún más si se realizaba desde el puerto de Génova. La navegación, sobre todo en la tercera categoría que empleaban los inmigrantes pobres era costosa, incómoda e insegura. El único medio de comunicación de los inmigrantes con sus familias es su lugar de procedencia era epistolar. El correo demoraba varios meses en llegar y además tanto el inmigrante como sus familiares era analfabetos y debían recurrir a amigos, sacerdotes y escribas profesionales para comunicarse.
Con un país vacío, en un mundo notoriamente menos poblado y sin problemas de cambio climático, era lógico que el país buscara atraer población. Y lo logró ampliamente. Para el segundo censo, realizado en 1895, la población había aumentado un 200% y registraba 4.044.911 habitantes. Aunque todavía era un gran país semidesértico desde el punto de vista demográfico.
Hoy la situación demográfica y las posibilidades tecnológicas son totalmente distintas. Hoy el mundo alberga a 7.500 millones de seres humanos de los cuales 2.000 millones están en continuo movimiento por el planeta ya sea por turismo, negocios, estudios o la búsqueda de atención médica de mejor calidad. Los viajes entre continentes se reducen a pocas horas y las comunicaciones por vos e imagen son instantáneas, directas y muy económicas.
Los flujos migratorios que en el siglo XIX iban del mundo industrializado hacia el mundo en subdesarrollo (en su mayoría colonias europeas) en búsqueda de mejores oportunidades de vida.
En el siglo XXI los flujos migratorios van del mundo subdesarrollado del sur hacia el mundo desarrollado del Norte. Con casos particulares, como el del desaparecido Bloque Socialista y de Rusia hacia la Unión Europea y América del Norte (EE. UU. y Canadá). Mientras que Rusia intenta contener la inmigración que recibe de sus ex repúblicas soviéticas: Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, Armenia, Moldavia, etc.; en su mayoría formada por rusos étnicos nacidos y radicados durante décadas en esas nuevas repúblicas.
Las mayores barreras antiinmigración establecidas en los países industrializados han generado una fuerte corrientes migratoria Sur – Sur en África y América Latina, donde la población de los países más inestables o en crisis económica se trasladan a países vecinos con menos resistencia a la inmigración, aprovechando facilidades idiomáticas y mejores servicios educativos y sanitarios y otras ventajas.
Las migraciones forzadas, que tradicionalmente eran provocadas por guerras, inestabilidad y persecuciones, ahora se ven incrementadas por los denominados “refugiados ambientales” que dejan sus hogares escapando a catástrofes naturales tales como sismos, maremotos, terremotos, o los efectos de calentamiento global que provocan desertificación, inundaciones, aumento de nivel de los mares y otros daños ecológicos y, frecuentemente, grandes hambrunas y pandemias.
La pregunta es hasta cuando la Argentina puede continuar con una política de puertas abiertas con respecto a la inmigración y sin adoptar una legislación especial con respecto a los extranjeros que delinquen.
Tampoco tiene ningún sentido tratar de aplicar una política de “inmigración cero” que no aplica ningún país del mundo o políticas fuertemente restrictivas como las que pretenden implementar sin éxito tanto los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea.
La Argentina posee una superficie de 2.780.400 km², que sitúa como el octavo país más extenso del planeta. Además, el 90% de ese territorio es apto para la instalación humana y el desarrollo de actividades económicas y además dispone con el 1,1% del agua potable del mundo. A diferencia de países muy extensos como Libia, con 1.759. 450 km², se sitúa en el puesto 17 en extensión, pero donde sólo el 8% del territorio es apto para la vida humana permanente y dispone del 0% del agua potable del mundo.
El territorio argentino es habitado, según el censo realizado en 2010, por 44.044.811 personas. La densidad poblacional es de tan sólo 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque la distribución poblacional esta muy distorsionada, podemos considerar que el país continúa estando muy poco poblado.
Esta situación convierte a la Argentina en un potencial receptor de inmigración. Lo que obliga a rediseño de los criterios con que se aceptan a los inmigrantes y el conjunto de derechos y obligaciones que tendrán cuando se conviertan en residentes o ciudadanos naturalizados.
Es curioso que la mayoría de los partidos políticos (la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y todos los partidos de izquierda) que son los más críticos de la “Generación del Ochenta” y del modelo de desarrollo librecambista aplicado de 1880 a 1916 (y aunque los radicales lo nieguen enérgicamente siguió en vigencia en sus gobiernos de 1916 a 1930) que convirtió a la Argentina en uno de los países de mayor crecimiento del planeta en ese período. Se aferran insistentemente a los criterios demográficos de ese modelo.
Esos criterios eran acertados en la segunda mitad del siglo XIX, por las condiciones que imperaban en Argentina y en el mundo en ese momento, pero hoy son obsoletas y deben ser urgentemente modificadas.
No se puede aceptar a todos los inmigrantes sin distinguir en cuanto a sus antecedentes penales, su capacitación o las condiciones para desarrollar actividades laborales en el país. No podemos seguir aceptando, trabajadores sin capacitación ni especialización, en muchos casos analfabetos, en otros analfabetos tecnológicos, que escasamente hablan español. Tampoco a ancianos sin recursos que terminan siendo una carga para sus familias y para el Estado porque requieren asistencia médica e inmediatamente reclaman pensiones a la vejez sin haber vivido o trabajado en Argentina.
Debemos dar prioridad al ingreso de inmigrantes que sean útiles para el desarrollo del país y no meros demandantes de asistencia social, alimentos y vivienda, así como demandantes de servicios educativos y sanitarios gratuitos. Argentina necesita trabajadores y no solicitantes de planes sociales y subsidios.
Tampoco en justo mantener a los potenciales trabajadores en la ilegalidad. Hoy los inmigrantes ilegales provenientes de países latinoamericanos ingresan al país sin visa, en condición de turistas por 90 días y no pueden trabajar.
No obstante, comienzan inmediatamente a trabajar en forma clandestina y por supuesto permanecen en el país más allá de los tres meses permitidos.
Los más afortunados, con mayor capacitación o con conocimientos de algún oficio, consiguen un trabajo como operadores de computadoras, diseñadores gráficos, como trabajadores en la construcción, las mujeres con buena presencia como vendedoras en comercios legales o empleadas en el servicio doméstico.
Pero, en todos los casos los inmigrantes ilegales terminan alimentado la economía informal. En muchos casos se convierten en víctimas de las mafias como trabajadores en talleres clandestinos que alimentan con sus productos tanto a las “saladas y saladitas” como a los locales de los más lujosos centros comerciales.
Otros, los menos capacitados, terminan trabajando al servicio de las mafias que controlan la venta informal e ilegal en las calles y en temporada de veraneo en las playas y centros turísticos.
Hay también inmigrantes que son víctimas del “trabajo esclavo” en instalaciones agropecuarias y en las llamados “supermercados y autoservicios de comida rápida” gerenciados por miembros de la comunidad china.
Por último, están los que ingresan directamente en el ámbito de delito. Las mujeres en las redes de prostitución, los jóvenes en el traslado (como mulas y camellos) drogas o en el comercio al menudeo en los barrios. Los más propensos a la violencia se transforman en ladrones, motochorros o incluso sicarios.
Pero, en todos los casos, los recién llegados, aún con residencia ilegal, deben vivir en la marginalidad en contacto con el delito. Sin embargo, se convierten inmediatamente en demandantes de ayuda social, piden alimentos, subsidios, utilizan los hospitales y escuelas, para ellos o para sus hijos. Es decir, todo aquello de lo que no disponen en sus países de origen.
Si tienen hijos menores pueden, aún sin residencia legal, tramitar su Asignación Universal por Hijo. Si ingresaron al país con sus padres o abuelos, o los trajeron al poco tiempo, comienzan a gestionar para ellos una pensión a la vejez, aunque nunca hayan residido o trabajado en Argentina.
Curiosamente, aquellos políticos y dirigentes sociales que defienden con todas sus fuerzas las políticas de puertas abiertas a la inmigración proveniente de los países vecinos, no se preocupan en absoluto por la explotación laboral y humana que sufren los recién llegados.
Ningún gobierno nacional puede terminar con un 33% de población en la pobreza si continuamente ingresa población en situación de pobreza extrema y con residencia ilegal proveniente de los países limítrofes que se asienta en villas y asentamientos poblacionales ilegales, sobrecarga los servicios públicos de educación, sanidad, seguridad, etc.
Hasta cuando seguiremos subsidiando indirectamente a los países vecinos recibiendo a sus pobres y desocupados sin exigir pagos compensatorios. O, al menos demandando una reciprocidad de trato cuando un argentino gestiona un permiso de residencia o laboral en Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay o Uruguay. Los profesionales (médicos, abogados, docentes y periodistas) y futbolistas que han pretendido trabajar en esos países saben bien de lo que se habla.
También se deben crear mecanismos confiables para garantizar la expulsión de los residentes ilegales, especialmente para aquellos que han cometido delitos, han sido condenados y han cumplido su condena. Hoy estos extranjeros ilegales luego de cumplir la condena no son expulsados, sino que continúan ilegalmente en el país. En muchos casos reincidiendo en sus actividades criminales.
Es perentorio formar una comisión interministerial e interdisciplinaria para estudiar el tema migratorio en todos sus complejos aspectos. Realizar audiencias públicas para que se expresen todos los sectores involucrados en la cuestión. Sin discriminaciones o planteos utópicos.
A los efectos de llevar a cabo una profunda y realista reforma de la política migratoria argentina.
