La Conferencia de las Partes Sobre el Cambio Climático es un importante evento internacional que se realiza cada dos años y reúne a líderes de 195 países, empresas, inversores, ONG y representantes de la sociedad civil. Tiene por objeto revisar y acelerar el cumplimiento de los objetivos adoptados en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de 2015, con miras al 2030.
Por lo tanto, el reciente anuncio de la cancillería brasileña diciendo que: “Teniendo en cuenta restricciones fiscales y presupuestarias, que muy probablemente deben continuar en un futuro próximo, y teniendo en vista el proceso de transición a la administración recién elegida que se inaugurará el 1° de enero de 2019, el gobierno brasileño está obligado a retirar la oferta de albergar la COP 25”, tiene diversas lecturas.
En primer término, podría interpretarse que el presidente electo Jair Bolsonaro, que fue uno de los mayores críticos del costo financiero que supuestamente tuvo para Brasil ser el organizador y país sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2014 y luego de los Juegos Olímpicos en 2016, ha querido marcar una diferencia con los presidentes del Partido de los Trabajadores, Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff que asumieron esos compromisos internacionales para el país.
El “brasileño de a pie” no siempre comprende los beneficios a largo plazo que arrojan (en “poder blando”, inversiones hoteleras, gastronómicas y de infraestructuras, etc.) esos eventos internacionales a los países organizadores. Es por ello por lo que los Estados suelen disputarse enconadamente ese privilegio.
Cuando Bolsonaro dice que renuncia a organizar una cumbre internacional, que supuestamente tendrá un costo financiero de cuatrocientos millones de reales (algo más de cien millones dólares), está enviando una clara señal a su electorado de que él pone a Brasil primero. Algo que muchos brasileños con mayor conocimiento de los asuntos internacionales podrían poner en duda.
Otra lectura de esta decisión de Bolsonaro sería decir que el presidente electo sigue los mismos pasos de Donald Trump. Esto implica negar el cambio climático y retirarse del Acuerdo de París. También significa apostar al aislamiento internacional, despreciar la diplomacia multilateral, repudiar los tratados de integración económica como el Mercosur e impulsar la explotación los recursos naturales sin mayores preocupaciones por las generaciones futuras.
Por último, también podría considerarse que Bolsonaro intenta cumplir con compromisos electorales contraídos, en especial con el llamado “Partido del Buey” (constituido por hacendados latifundistas que explotan la ganadería, el cultivo de la soja, el maíz y la explotación maderera) siempre ansiosos por apoderarse de más tierras en la región amazónica.
Bolsonaro se ha comprometido con ellos a flexibilizar las licencias ambientales, a la reducción de las áreas protegidas y a terminar con la protección y el reconocimiento de tierras para los pueblos originarios del Amazonia.
En sintonía con estos compromisos el presidente electo a designado un ministro de Relaciones Exteriores conocido por sus posiciones radicales contra el cambio climático y otras cuestiones polémicas.
Se trata del embajador Ernesto Araújo, que ha manifestado públicamente sus posiciones en contra de la “ideología globalista”. El próximo canciller de Brasil considera que el cambio climático es parte de un complot de “marxistas culturales”. “Este dogma se ha utilizado para justificar el aumento del poder regulador de los Estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre los Estados nacionales y sus poblaciones”, redactó Araújo tiempo atrás en su blog. A su vez, asegura, al igual que Trump que así se busca “reprimir el crecimiento económico de los países capitalistas democráticos y promover el crecimiento de China.”
Si Brasil abandona su política de protección medioambiental y de lucha contra el cambio climático las empresas industriales, mineras y aún agrícolas verán reducidos sus costos y eliminadas muchas de las restricciones legales que restringen su actividad.
Esto podría dar un nuevo impulso a la economía brasileña aunque sus efectos sobre el medio ambiente global podrían ser devastadores debido a que Brasil es el séptimo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, los principales responsables del calentamiento global, además el Amazonas desempeña un papel clave en la regulación del clima planetario.
Con cerca de una quinta parte de todos los recursos de agua dulce superficial de la Tierra, una extensión de selva cercana a dos tercios del territorio continental de Estados Unidos, la Amazonia -que ocupa el 60% del territorio de Brasil- es la mayor reserva de biodiversidad del planeta y es fundamental en la lucha contra el cambio climático, así como para generar el ciclo de lluvias en América del Sur.
Recientemente, el ministerio de Medio Ambiente de Brasil reconoció que la deforestación en la Amazonia alcanza su nivel más alto en una década. Tan sólo entre agosto de 2017 y julio de 2018, la tala de árboles y la apropiación de tierras fiscales por los hacendados latifundistas creció un 14%.
Los números en superficie son aún más alarmantes; en ese periodo de tiempo la Amazonia perdió un área de 7.900 kilómetros cuadrados, lo que se traduce en casi 2.000 millones de árboles, según datos suministrados por el Instituto de Investigaciones Espaciales, a través de imágenes satelitales. Este panorama podría agravarse seriamente durante el gobierno de Bolsonaro.
Por último, la decisión de Brasil de renunciar a su candidatura como país sede de la COP 25 no sólo pierde protagonismo internacional sino que también se lo resta a la región por que era el turno de Sudamérica para organizar la Cumbre y ahora será la ciudad alemana de Bonn la sede del encuentro en 2019.
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