CONTEXTO LATINOAMERICANO.
Juan Bautista Alberdi (constitucionalista argentino) sostenía la mítica frase de Simón Bolívar: “Se necesitan reyes con nombre de presidente”. Esto implicaba considerar que los emergentes estados que se construían sobre los antiguos territorios virreinales necesitaban mirar hacia el futuro, pensando en una nueva organización jurídico-política. Sin embargo, esos cambios no pretendían modificar el poder, sino que por el contario: se intentaría innovar en todo, tomar a las grandes potencias como ejemplo, pero la forma en la que se considerara el poder sería muy parecida a la de los tiempos de coloniales: un rey con nombre de presidente, o lo que décadas después Linz llamaría un presidente con poder de suma cero. Actualmente, la mayoría de las constituciones de América Latina reflejan la concepción de un ejecutivo fuerte, el cual resulta ser electo por el voto popular, pero que, a pesar de ello, una vez instalado en el poder tiene el control absoluto de la ejecución interna y externa de las normas, a los efectos de desplegar el brazo del estado en todos los rincones del territorio, implementando planes de inversión. Entonces, el estado, y en consecuencia el poder ejecutivo forma parte de aquello que Acuña y Chudnovsky hay señalado como “(…) una institucionalidad gubernamental que afecta las opciones y la calidad de las políticas (…)”. En definitiva, resulta plausible considerar que el poder ejecutivo es aquella institución capaz de “resolver los problemas de coordinación” (Acuña y Chudnovsky). Sin embargo, si el poder ejecutivo como toda institución busca “absorber y resolver conflictos ¿Por qué en América Latina su accionar se ha visto cuestionado en varias ocasiones? ¿Por qué los presidentes que fueron electos popularmente deben dejar sus tareas? ¿Cuál es la problemática intrínseca del presidencialismo? ¿Qué es lo que ocurre en americana latina con la debilidad institucional? ¿Por qué los regímenes son inestables? Estos interrogantes son los que atraviesan a la diáspora política peruana, por lo que se tomara como supuesto de análisis.
CASO DE ESTUDIO: PERÚ.
Siguiendo la línea argumentativa de Siaroff, Perú, responde a la lógica presidencialista. Esto implica que quien detente el poder ejecutivo es electo por el voto popular, y en consecuencia elegirá al Consejo de Ministros. Sin embargo, es necesario destacar una peculiaridad respecto del poder legislativo, este resulta ser unicameral, por lo cual generar consensos a la hora del debate parlamentario será fundamental. Hasta el miércoles 19 de marzo del corriente año la nación peruana se encontraba bajo el mando de Pablo Pedro Kuczynski. Desde que el escándalo Odebrecht salió a la luz, la gran mayoría de los funcionarios de los estados que integran América, comenzaron a verse involucrados en el Watergate sudamericano. Esto implica que las acusaciones no tardaron en recaer sobre el ex presidente del Perú, de hecho, en diciembre pasado ya se había sometido a su primer juicio político, y la semana pasada el Congreso había conseguido los 87 votos necesarios para iniciar un nuevo juicio político en su contra por incapacidad moral. Sin embargo, el día anterior al proceso político de enjuiciamiento, presentó la renuncia.
Mainwaring sostuvo que el presidencialismo era el principal factor que ocasionaba las dificultades que las democracias latinoamericanas debieron enfrentar. En otros términos, señalaba el hecho de que el presidencialismo era la causa de la ruptura de la democracia. Paralelamente intentó demostrar que la rigidez propia de los sistemas presidencialistas generaba dificultades a la hora de tomar las decisiones en los momentos de crisis. Si bien era una realidad que en el presidencialismo había mayor cantidad de opciones para los votantes, se registraba la noción de responsabilidad electoral, la independencia del congreso era un hecho, al igual que el mandato fijo y el poder de veto y decreto, también era un hecho que en ocasiones los presidentes latinoamericanos perdían el control y la efectividad, y esto los inducía a desarrollar y esgrimir conductas extra constitucionales, que tenían por objeto alcanzar y materializar sus objetivos. Un clásico ejemplo de conducta extraconstitucional gira en torno al hecho de recibir prebendas, dádivas, al solo efecto de asegurarle a los grupos económicos determinado contrato público, muchas veces negociando con empresas, cuyo accionista resulta ser el presidente de la nación. Sin ir mas lejos, según la UIF del Perú, esto era lo que había acontecido entre el presidente Kuczynski y la constructora Odebrecht. Ahora bien, ¿es correcto afirmar que el presidente del Perú pudo continuar con su mandato haciendo uso y goce de la suma cero que le fue otorgada? La respuesta resulta ser negativa. Esto implica considerar que en el Perú se quebró el gobierno, pero no así la democracia, es decir, se produjo lo que Pérez Liñán identifica como “crisis presidencial”. Escenas donde el ejecutivo y el legislativo comienzan a desgastarse entre sí, por ejemplo, haciendo uso de la facultad constitucional del juicio político (el Congreso peruano ya había sometido al presidente al juicio político, y pretendía repetirlo en marzo). La sola idea de la presencia del juicio político -tomando el argumento de Mustaco-permite reconocer que la rigidez planteada por Linz y por Mainwaring es un tanto relativa, porque el juicio político como mecanismo constitucional pretende disipar la idea de suma cero, y en consecuencia analizar la moralidad y capacidad de los actos del presidente. Asimismo, esto implica pensar que el juicio político es una herramienta de victoria, de guerra o de sufrimiento, es decir, que para el presidente será vital contar con mayoría dentro del Congreso, contar con minorías dentro del recinto legislativo muchas veces puede ser un ancla, produciendo presión pública para el presidente. Sin lugar a duda esto parece asemejarse al caso peruano: un mandatario acusado por corrupción, un juicio político, otro intento de él, el pueblo en las calles exigiendo su renuncia. Es aquí donde la aparición de la protesta -según Hochstetler- es un elemento definitorio, el cual, sumado a la guerra entablada con el poder legislativo, puede disolver una de las ramas de los poderes del estado en el término de 24 horas. No es casual que las protestas en las calles peruanas hayan sido moneda corriente desde diciembre del año pasado. Una vez más América Latina es testigo de una “presidencia interrumpida”, la cual, si bien fue electa por el pueblo, fue este mismo quien pidió por su finalización. Una vez más una presidencia que resulta vencida por el poder del pueblo, el poder legislativo. Una vez mas queda comprobado que los reyes con nombre de presidente no poseen la suma cero, ya sea por remoción o por renuncia voluntaria, el poder de las instituciones recae sobre los actos de corrupción e inobservancia constitucional.
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