Hay un proverbio catalán que dice: “El dimoni fa les olles, però no sap fer les tapadores”. Esto se podría decir de la polémica con la que desde hace un par de semanas se quiere que volvamos a hacer una inmersión en el conflicto lingüístico. Una nueva temeridad orquestada por algún comunicador y estratega político de los entornos gubernamentales, para seguir añadiendo cuitas que separen, en lugar de orquestar políticas que nos permitan salir del agujero. Eso sí que preocupa mayoritariamente a los ciudadanos.
Esta nueva polémica no tiene sentido en este momento desde ningún prisma que se quiera contemplar y pone en evidencia a quienes lo avivan y a los que se regodean en la cuestión.
Constitucionalmente es un tema que quedó zanjando en la propia Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en la prolífica jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.
La Constitución en su Título Preliminar fijó el marco de la cooficialidad de las lenguas de forma que fue aceptada por todos; el Estatuto de Autonomía de 2006 reguló profusamente el uso de las lenguas en los diferentes ámbitos, y la Sentencia del TC sobre dicho Estatuto analizó detalladamente la cuestión, incluso en sus votos particulares, profundizando en la doctrina ya emanada con motivo de recursos que a lo largo del tiempo se han planteado, tanto contra disposiciones legales como en diferentes recursos de amparo. Podemos decir que el modelo educativo catalán quedaba avalado por esta Sentencia del TC. Como se dijo tras ella: “Actualmente, el modelo vigente en Cataluña es el de conjunción lingüística, con dos lenguas vehiculares, pero con predominio de una de ellas…”. En la lógica jurídica, política y social el objetivo a perseguir es tratar de garantizar que el castellano tenga un conocimiento idéntico al catalán al finalizar la enseñanza obligatoria, lo demás es buscar tres pies al gato.
Miquel Siguán Soler el psicólogo y lingüista catalán y sin duda el más prestigioso estudioso del bilingüismo en España decía que: “El bilingüe que posee dos lenguas y por tanto se adscribe a dos culturas parece que no puede tener una personalidad unificada sino necesariamente escindida. Pero esta conclusión solo es válida si las dos culturas aparecen en conflicto, no si aparecen como compatibles o complementarias”. En consecuencia, la lengua no es el problema, lo es que se busque en la lengua, como en otras cuestiones, un elemento para mantener y avivar con recurrente periodicidad el conflicto cultural con el único objetivo de acrecentar una identidad política partidaria para conseguir un muy discutible, por poco ético, rédito electoral. Ello siempre es más fácil que ofrecer un proyecto de sociedad y gestionar sus recursos públicos en su construcción.
La “cuestión de la lengua” como herramienta política es totalmente rechazable pues con ella se resucita los más bajos instintos del nacionalismo de un signo u otro. Cualquiera que haya vivido en territorios con dos lenguas y donde la lengua materna era otra que no fuera el castellano oyó decir en tiempos anteriores ese axioma reaccionario, y como se dice ahora supremacista, de “por qué no hablas en cristiano”. Los problemas de mala, o torticera, gestión de la lengua en la educación, después de cuarenta años de democracia no dejan de ser una cuestión más de la política que salpica a los ciudadanos. Instrumentos, para corregir situaciones individuales, existen sobradamente en el ordenamiento jurídico desde la protección de los Tribunales, las propias Administraciones Públicas, a las que la ley les obliga a amparar las posibles discriminaciones, hasta la institución de la Alta Inspección del Estado en materia educativa de la cual en la práctica solo existe su rimbombante nombre en los textos legales.
En todo caso, “el patético caso catalán” tiene suficientes elementos que lo hacen, cada día más, un reflejo del bochorno de lo político para que algunos se empeñen en añadir más. Que ello sirva para intentar encontrar fisuras internas en los partidos políticos e incitar bajos instintos en los emergentes y preocupantes nacionalismos de ciudadanos tendenciosamente informados. Es además una prueba más de irresponsabilidad.
1. ”El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
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