Tras cinco meses de aguda crisis sociopolítica en Venezuela, que ha destruido la gobernabilidad con continuas protestas callejeras duramente reprimidas al costo de más de 120 víctimas fatales y la imposición de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, la situación económica se ha deteriorado a un nivel inimaginable.
La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), otrora una empresa próspera que suministraba el 96% de las divisas del país, informó en agosto pasado que sus ganancias se redujeron en más de un tercio en el último año.
Conforme cae la producción de PDVSA, la petrolera estatal depende más de compañías extranjeras, incluso estadounidenses, para que extraigan el petróleo y para obtener el tipo de crudo que se emplea en la refinación. El uso de contratistas extranjeros para la extracción y refinamiento compromete una parte importante de las cada vez más escasas divisas que produce.
Le economía venezolana, además, enfrenta otro problema serio. Las sanciones aplicadas por el gobierno estadounidenses impiden que las transacciones financieras venezolanas se realicen a través del sistema bancario americano bloqueando de hecho las importaciones que realiza el régimen chavista y poniendo a Venezuela virtualmente en cesación de pagos.
La consultora Econalítica estima que a consecuencia de esta situación las importaciones venezolanas caerán este año un 32%, tras una merma del 50% en 2016.
Mientras tanto, el dólar paralelo (extraoficial o “negro”), que el 7 de septiembre de 2016 se cotizaba a 1.025 bolívares, un año más tarde lo hace a 20.193.
Mientras que el dólar oficial, para las escasas transacciones autorizadas, se sitúa a 3.345 bolívares por dólar. Incluso existe una tasa preferencias de diez bolívares por dólar, para las importaciones de alimentos y dólares. Pero, estas tasas de cambio son poco más que “teóricas” porque son muy pocos los que consiguen acceder a ellas.
Ante la falta de disponibilidad de dólares en el Banco Central de Venezuela, la mayoría de los empresarios se ven obligados a recurrir al dólar paralelo, lo que potencia aún más la inflación.
Según Econalítica, el 42,5% de las importaciones del primer trimestre de 2017 se realizaron en dólares provenientes del mercado paralelo. Esto ha impactado especialmente en el incremento de precios de los alimentos, productos de higiene personal y medicinas.
Así, a la cotización del mercado paralelo, el salario mensual mínimo de un venezolano es de apenas trece dólares, mientras que un kilogramo de arroz cotiza a un dólar.
La respuesta del gobierno es siempre la misma: fijar precios máximos y aumentar los controles sobre el comercio. Estas medidas solo han contribuido a potenciar el desabastecimiento y el mercado negro.
No obstante, el régimen chavista se mantiene fiel a su lógica. Si los controles han fracasado hasta el momento se porque no han sido correctamente implementados y supervisados.
El viernes, el gobierno de Maduro colocó nuevos precios máximos a cincuenta productos considerados esenciales para el consumo de los venezolanos. Entre ellos figuran la mayonesa, mortadela, pastas, pescados, pollo, queso duro, jabón en barra, aceite de maíz, etc.
Recayendo en la Superintendencia de los Derechos Socioeconómicos y en el ministerio público en su conjunto, la misión de controlar la vigencia de los mismos.
Todo indica, sin embargo, que la vigencia de los controles será pasajera. Cuando, en el pasado, el gobierno aplicó precios máximos los controles se realizaron con mucho vigor al principio. Con operativos de control televisados que mostraban a funcionarios amenazantes y a comerciantes encarcelados. Pero los controles se fueron relajando conforme pasaban las semanas. Se espera que ocurra algo similar en esta ocasión.
Mientras la economía venezolana continúa derrumbándose, a la población padece las consecuencias de la hiperinflación, el desabastecimiento y el mercado negro, el país se enfrenta a un creciente aislamiento internacional y a la virtual cesación de pagos.
Pero, el gobierno chavista sigue su marcha indiferente a las protestas opositoras y las penurias de su pueblo. Su único objetivo es la plena instauración de un régimen totalitario.
La Asamblea Nacional Constituyente, conformada por aliados del presidente Maduro, gobierna al país con pocos límites a su autoridad, mientras persigue a los políticos opositores considerándolos como “traidores a la patria”, al tiempo que reescribe la Constitución venezolana conforme a los intereses y necesidades del chavismo para perpetuarse en el poder.
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