Uno de los más importantes medios de prensa argentinos, “La Nación” de Buenos Aires, del día 17 de junio del 2017, informó del encuentro de la cúpula del gobernante partido PRO en la ciudad de Pilar provincia de Buenos Aires donde entre otros temas se trató el de la expansión de las actividades del crimen organizado transnacional en el país.
En la apertura de la reunión del Consejo Nacional de su partido, la actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y presidenta del PRO de ese distrito, María Eugenia Vidal, al referirse al flagelo del narcotráfico en la Argentina, consideró que “cambió para siempre desde que la política lo dejó entrar a nuestro país”.
Y expresó que “La droga es un problema transversal que atraviesa todas las clases sociales, pero el que es pobre además de consumir (drogas) puede llegar a ser usado como soldado (del narcotráfico).”
El crimen organizado según INTERPOL (la mayor organización policial internacional del mundo), lo define como cualquier grupo de delincuentes que practique actividades ilícitas de manera continuada, e ignorando las fronteras. En síntesis, podría ser como una empresa multinacional ilícita que utiliza toda su estructura orgánica para lograr como objetivo ganar dinero ilegal.
Entre las actividades criminales que esta organización internacional considera como propias del crimen organizado transnacional, cabe menciona: al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas portátiles, la trata de personas, el tráfico ilícito de fauna, el lavado de activos, la corrupción, delincuencia cibernética, etc. los cuales en muchas ocasiones utilizan las mismas rutas y negocios ilícitos en forma indistinta según sus necesidades.
En el caso que nos ocupa, el narcotráfico requiere de una estructura compleja basada en la corrupción de los funcionarios públicos, la apelación a formas extremas de violencia y el empleo de voluminosas sumas de dinero para posibilitar y ejecutar sus operaciones.
El encadenamiento del nivel de avance y penetración del narcotráfico y su ejercicio de autoridad se compone de tres pasos: La primera etapa denominada naciente o predatoria que es la fase en que estas organizaciones efectúan su implantación en un área territorial de su interés para avalar o garantizar su poderío por medio de la violencia o intimidación para así eliminar a sus rivales, ganar espacio físico y crear un territorio propio para sus operaciones.
La segunda etapa: denominada intermedia o parasitaria en la que su capacidad de corrupción erosiona los segmentos públicos y privados de una sociedad a partir de diferentes bienes y servicios ilegales que les ofrece, tratando de penetrar y obtener influencia tanto política como judicial o económica en dicha sociedad.
Por último, la etapa simbiótica que es la fase en que consolidan su hegemonía como dominadora social. En esta posición estas organizaciones criminales y las estructuras políticas y judiciales corruptas establecen una relación de mutua dependencia y mutuo beneficio.
Esta actividad criminal encuentra en la actual globalización un sin número de oportunidades y facilidades que colaboran en sus múltiples actividades ilícitas como ser la liberalización de normas, fronteras abiertas, movimiento intenso de: personas, dinero, bienes y servicios.
Las principales tendencias que presenta este tipo de organización del crimen organizado son su penetración en el sistema político principalmente utilizando como metodología el financiamiento de sus campañas, la inhabilitación que provoca y sus trastornos en el sistema judicial penal por medio de la corrupción y la intimidación, el lavado de activos, los fraudes bancarios, etc.
Los efectos más graves del narcotráfico se convierten en, criminalidad callejera, secuestros, etc., el debilitamiento de las normas civiles, las pérdidas de las rentas públicas y de la inversión extranjera, un retroceso político y poner en peligro las libertades políticas, el sistema democrático y los derechos humanos.
Como simples ejemplos de lo anteriormente expuesto, cabe mencionar algunos de los casos más notorios que muestran la expansión que el narcotráfico ha alcanzado en la Argentina.
La organización criminal que opera en la provincia de Santa Fe, conocida como la Banda de los Monos, ha sido caracterizada por el periodismo como “el cartel de Medellín argentino y a la ciudad de Rosario en la Sinaloa del sur”. Estos narcotraficantes suelen recurrir a disputas territoriales, venganzas cobradas a tiros, bunkers montados en casas precarias y la protección de policías y jueces. Muchos periodistas consideran que: “los narcos santafecinos expandieron su red de tráfico interno, que poco tiene que ver con los empresarios que exportan cocaína desde los puertos provinciales”.
Mientras que, en la Provincia de Corrientes, la desarticulación de la llamada “Banda del Intendente”, culminó con la detención del intendente de la ciudad de Itatí, Roger Terán, perteneciente al kirchnerista “Frente para la Victoria”, a su vice intendente Fabio Aquino y al jefe de la policía local, comisario Diego Ocampo Alvarenga, a otras 14 personas y al allanamiento de 47 inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y de la de Corrientes.
Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que el lunes 19 de junio la Policía Federal Argentina, actuando a órdenes del Juzgado Penal de Campana, llevó a cabo un procedimiento en el parque industrial de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde incautó 1,5 toneladas de cocaína y otra media tonelada en la ciudad de Mendoza.
El embarque de dos toneladas de droga colombiana había ingresado al territorio argentino proveniente de Chile, estaba valuado en aproximadamente 80 millones de dólares, y tenía por destino final puertos de Canadá y de Barcelona.
En el curso de esta operación se detuvo a 17 personas imputadas por narcotráfico, entre ellas dos ciudadanos mexicanos. Este hecho hace pensar en la expansión de las actividades de los cárteles mexicanos al cono sur de América.
Es por todo lo enunciado y dada la preocupación expresada por el partido gobernante, PRO, es que el actual gobierno tanto nacional como provinciales deben tener muy en claro qué tipo de políticas deben llevar a cabo para contrarrestar las actividades del crimen organizado en nuestro país.
Y, en especial, a quién le corresponde ejecutarlas dado que estas organizaciones criminales se encuentran infiltradas en todos los estamentos sociales tanto públicos como privados y que su lucha debe ser coordinada por algún tipo de comité central de seguridad e inteligencia con participación judicial (en las cuales compartan toda la información y normas procesales para su efectiva ejecución), debiendo ser permanente y sistemática.
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