Por el Dr. Adalberto C. Agozino
Un conjunto de ONG presentó en Naciones Unidas un informe advirtiendo al Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la sistemática violación a los derechos humanos en Argelia.
Argelia es una opaca democracia tutelada por las fuerzas armadas que registra un largo historial en materia de violaciones a los derechos humanos de su población. Pero, como es un proveedor importante de gas y petróleo para la Unión Europea, usualmente logra escapar a las sanciones internacionales que sí se aplican a otros Estados que violan los derechos humanos.
Desde 2019 (para no mencionar las atrocidades cometidas durante la guerra civil 1991 – 2002), el gobierno argelino ha desatado una cruenta y sistemática represión contra los manifestantes del movimiento Hirak, que demandan una mejora en la calidad de vida y el fin de un sistema político corrupto y caduco, que despierta cada vez más críticas de las ONG y de diversos organismos internacionales.
En noviembre de 2020, pese a la pandemia del COVID, la Unión Europea aprobó una resolución en la que expresó su preocupación por la falta respeto a los derechos humanos en Argelia y en especial con relación al Hirak.
Los manifestantes suelen ser detenidos arbitrariamente, se los tortura y luego son sometidos a procesos judiciales que culminan en duras condenas de cárcel. Periodistas y abogados defensores también son hostigados y no es extraño que también sean encarcelados.
El pasado 4 de noviembre un conjunto de trece eurodiputados de varias formaciones se dirigió al Alto Representante para Asuntos Internacionales y Política de Seguridad de la Unión Europea Josep Borrell expresando su preocupación por la situación de al menos 266 miembros del movimiento Hirak que siguen encarcelados.
Los eurodiputados demandaron la aplicación de la cláusula de derechos humanos que consta en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia de 2005, que consta en el Artículo 2 que establece el “respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos inspirará las políticas internas e internacionales de las Partes y constituirá un elemento esencial del presente Acuerdo.”
Una semana más tarde, el 11 de noviembre, durante la 41º Sesión del Grupo de Trabajo de la Evaluación Universal Periódica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argelia hizo su presentación, defendiéndose de los cuestionamientos a su política represiva y a los hechos registrados de violaciones a los derechos humanos en su territorio.
Recordemos que el Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso único que implica una revisión de los historiales de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU. El EPU es un proceso impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece la oportunidad de que cada Estado declare qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La delegación argelina, que estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Abderrachid Tabi, fue seriamente cuestionada por varios Estados occidentales (Estados Unidos, Reino Unido. Alemania, Canadá, España y otros) debido a las violaciones a los derechos humanos que cotidianamente se producen en Argelia.
La presentación realizada por la delegación argelina insólitamente afirmó cooperar de “buena fue” con los mecanismos de control de Naciones Unidas, hecho que resulta incompatible con la decisión del Comité contra la Tortura (CAT) de no mantener más diálogos con Argelia por la reticencia de ese país a brindar su sincera colaboración.
El gobierno argelino en diversas ocasiones ha impedido el acceso a su territorio de los Relatores Especiales de Naciones Unidas con cancelaciones de último momento. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), por ejemplo, espera desde hace veinte años visitar Argelia y el Relator Especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica vio cancelada su última visita. Argel alegó en esa oportunidad restricciones sanitarias debido a la pandemia de COVID 19.
En lo referido a la persecución desatada contra los militantes de la Hirak, la delegación argelina alegó que los procesos judiciales contra los activistas, periodistas, blogger y militantes de los derechos humanos, son hechos poco frecuentes y que cuando se implementaron lo hicieron de acuerdo con el código penal argelino y que la justicia local, al ser un poder independiente, toma las decisiones que son correctas.
Tanta hipocresía exacerbó al conjunto de integrantes de un grupo de quince ONG que organizaron en paralelo en una mesa redonda en la Maison des Associations, e integrada por académicos, expertos en migración y defensores de los derechos humanos provenientes de Suiza, Italia, España y de las provincias del Sur de Marruecos.
Las ONG asistentes después de un prolongado debate acordaron adoptar en conjunto las siguientes medidas: seguir seriamente preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos en Argelia, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica, derecho de asociación y libertad de prensa.
Saludar las recomendaciones formuladas por los Estados durante el EPU de Argelia, realizado el 11 de noviembre de 2022 y que se relacionaba con: Violaciones de la libertad de opinión y expresión y a la libertad de los medios de comunicación; prácticas relacionadas con la trata de personas y violaciones sistemáticas derechos de los migrantes; el incumplimiento por parte del Consejo de Derechos Humanos de Argelia de los Principios de París; la derogación de las enmiendas al artículo 87 bis del Código Penal argelino que contener una definición amplia de terrorismo; el incumplimiento de la legislación argelina con los convenios acuerdos internacionales ratificados; o la ratificación de ciertos instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; el reclutamiento de niños en los campamentos de Tinduf y la necesidad de cooperación con el Representante Especial del Secretario General de la ONU para el destino de niños en conflictos armados;
Las ONG también expresaron su preocupación con respecto a las represalias sufridas por los 250 presos de conciencia acusado de terrorismo; por la expulsión masiva de más de 17.000 inmigrantes subsahariano y por el aumento de graves violaciones de derechos humanos de la población que permanece retenida contra su voluntad, sin documentación y sin censar en los campamentos de Tinduf.
Por lo tanto, emitieron una resolución en la que resolvieron:
1) Instar a Argelia a aceptar las recomendaciones de los Estados relativas al respeto de libertad de expresión, opinión, asociación, reunión pacífica y religión;
2) Pedir la liberación de los 250 presos de conciencia recluidos bajo los cargos de terrorismo;
3) Exigir al gobierno argelino a poner fin a las prácticas sistemáticas de expulsión
migrantes que son abandonados en el “punto cero” del desierto;
4) Demandar a Argelia, como miembro recientemente elegido del Consejo de Derechos Humanos seres humanos, el respeto a sus obligaciones internacionales ratificando los convenios y protocolos vinculados con esta materia;
5) pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que garantice el respeto al carácter civil de los campamentos de Tinduf impidiendo que se estaciones allí las milicias armadas del Frente Polisario y el reclutamiento de niños soldados y la implementación de un censo de la población;
6) invitar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer programas de rehabilitación para niños soldados en los campamentos de Tinduf y la implementación de medidas específicas que protejan a los pobladores de los campamentos contra los abusos y la violencia desatada por los grupos terroristas que operan en la región del Sahel y el Sahara.
Después de analizar estos hechos, resulta evidente que Argelia se ha convertido en un Estado que viola los derechos humanos, no solo de sus habitantes, sino también de los migrantes que ingresan a su territorio y de la población marroquí de origen saharaui que Argel retiene ilegalmente en los infames campamento de Tinduf.
Por lo cual, se hace cada vez más necesario que la comunidad internacional haga cesar esta sistemática violación a los derechos humanos aplicando sanciones económicas y diplomáticas que aíslen al gobierno argelino controlado por militares antidemocráticos haciendo cesar sus atropellos a los principios rectores de Naciones Unidas y al mismo tiempo, impidan que Argel siga adquiriendo y acumulando grandes volúmenes de armamentos que desestabilizan el Norte de África.
el carácter de Estado violador de los derechos humanos que ha sumido Argelia es cada vez más evidente en el mundo y que se acerca el momento en que la comunidad internacional implementará sanciones económicas y diplomáticas para proteger al pueblo argelino del conjunto de militares antidemocráticos y violadores de los derechos humanos que lo gobierna desde su independencia en 1962.
