El Ecuador vive desde el 13 de junio una violenta movilización social antigubernamental que inicialmente lideró la Confederación Nacional Indigenista de Ecuador (CONAIE) y a la cual gradualmente se sumaron otros sectores, entre ellos los trabajadores y estudiantes universitarios.
Desde junio de 2021, la CONAIE ha mantenido distintos diálogos con el gobierno del banquero liberal Guillermo Lasso y entregado una serie de propuestas por escrito. Desde allí, la tensión a estado incrementándose hasta la actual paro nacional con movilización incidentes violentos que han dejado hasta el momento cinco muertos, entre ellos un militar.
La CONAIE demandó el cumplimiento de diez demandas: una moratoria para cuatro millones de personas, renegociación de deudas y reducción de las tasas de interés en el sistema financiero privado, la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería; el respeto a la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas; la suspensión del embargo de bienes o propiedades por falta de pago de las deudas. También pide preciso “justos” para los productos agrícolas, aplicación de políticas públicas para detener la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
Ante la falta de una respuesta favorable el movimiento indigenista inició el paro nacional con movilización, el lunes 13 de junio, con gran acatamiento. La movilización incluyó piquetes en las principales rutas y protestas en el centro de Quito.
En la madrugada del martes 14, Lasso ofreció un primer mensaje al país, en el que se centró en los “actos vandálicos” ocurridos durante las protestas.
El viernes 17, el presidente anunció algunas medidas destinadas a “aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas” entre las que figuran:
– Incrementar el bono de desarrollo humano de U$S 50 a U$S 55.
– Declarar en emergencia al sistema de salud pública.
– Duplicar el presupuesto destinado a la educación intercultural.
– Subsidiar hasta el 50% en el precio del fertilizante urea a pequeños y medianos productores.
– Condonación de todos los créditos vencidos hasta los U$S 3.000 en BanEcuador.
– Crédito agrícola de hasta U$S 5.000 al 1% de interés y a un plazo de 30 años.
– No incrementar el precio del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís.
– No promover privatizaciones de servicios públicos y sectores estratégicos.
La CONAIE rechazó las medidas del presidente alegando que no daban respuesta a sus demandas.
El presidente replicó, ese mismo día, estableciendo el “Estado de excepción” en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo Pastaza y Tungurahua por treinta días. La medida implica limitación a las concentraciones de personas, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las 22.00 a las 05.00 hs. en el Distrito Metropolitano de Quito.
No obstante, las protestas se incrementaron, caracterizándose por el bloqueo casi permanente de las principales rutas nacionales, incluida la estratégica ruta Panamericana, especialmente en el sector centro-norte del país, donde algunas de sus ciudades más grandes padecen escasez de alimentos, combustibles y garrafas de gas.
El viernes 24, la bancada de Unión por la Esperanza, el partido afín al expresidente populista Rafael Correa, solicitó la salida del poder del presidente por considerarlo responsable de la “grave crisis política y la conmoción interna” del país.
El presidente Lasso logró superar la destitución con el apoyo de los partidos Izquierda Democrática y Social Cristiano. Además, el mandatario cuenta, al menos hasta el momento, con el respaldo de las fuerzas armadas.
Para reducir la tensión, el presidente levantó el “Estado de Excepción” y aprobó una reducción de U$S 0,10 por galón en los precios de los combustibles. Sin embargo, el diálogo entre el gobierno y los representantes de la CONAIE se interrumpió sin alcanzar ningún acuerdo.
Mientras las protestas continúan la economía ecuatoriana muestra el efecto de la inestabilidad sociopolítica del país perdiendo unos quinientos millones de dólares en los últimos 17 días.
El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado señaló que el sector privado ha dejado de facturar unos 225 millones de dólares desde el comienzo del paro.
En la industria láctea se produjo una perdida de leche de 8,5 millones de litros, lo que significa cerca de 13 millones de dólares, y las ventas se han reducido un 85%.
En tanto que en el sector agrícola ganadero las pérdidas se elevan a 90 millones de dólares, el florícola, a su vez, reportó pérdidas de 30 millones de dólares.
Otro de los sectores económicos de Ecuador más afectados es el turístico, donde se registran cancelaciones de reservas que llegan al 80% y un lucro cesante de al menos 70 millones de dólares.
El sector petrolero, uno de los pilares de la economía ecuatoriana, registra una afectación de 100 millones de dólares al dejar de producir un millón de barriles de crudo, de los cuales unos 850.000 barriles debían ser producidos por pozos operados por la empresa estatal Petroecuador y 215.000 por operadoras privadas.
Petroecuador ha cerrado hasta el momento más de mil pozos, algunos por precaución ante posibles desmanes de comunidades cercanas y otros directamente por amenazas de manifestantes que incluso han llegado a tomar algunas instalaciones.
Las protestas indigenistas que pretenden mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana más humilde está logrando el efecto contrario al causar un daño más profundo y duradero en la economía del país que el originado por la pandemia del Covid 19.
